El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró desde Timbío que presentará una denuncia penal contra el magistrado que suspendió el traslado de $25 billones de fondos privados a Colpensiones y tildó de “ladrón” al director de Asofondos.
El mandatario profundizó su enfrentamiento con la rama judicial y el sector financiero en un contexto marcado por la suspensión de la reforma pensional y el limbo jurídico que afecta a miles de afiliados.
Un acto oficial marcado por acusaciones directas
Durante la inauguración de un hospital en Timbío, Cauca, el martes 12 de mayo, Gustavo Petro centró su discurso en los recientes fallos judiciales que paralizaron el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones.
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“El magistrado y sus amigos, que dicen que no se puede trasladar el ahorro que entregaron los actuales pensionados de Colombia al trasladarse a Colpensiones, está cometiendo un delito y he ordenado su denuncia como me corresponde por la ley”, sostuvo el presidente.
El jefe de Estado también dirigió sus críticas a Asofondos y a su director, Andrés Mauricio Velasco, al que calificó como “ladrón”. Petro acusó a los administradores de los fondos privados de incumplir el deber de entregar los ahorros a los trabajadores que se trasladaron al régimen público.
“El deber de un banquero que ratifica, como Colombia lo hizo, la Convención de Basilea, es que el ahorro no es del banquero, es del ahorrador o ahorradora, que debe cuidarlo y que debe entregarlo con su tasa de interés pactada”, afirmó el mandatario durante el acto público.
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La suspensión judicial y la respuesta del presidente
La controversia se originó a raíz de la decisión del Consejo de Estado de suspender el Decreto 415 de 2026, que autorizaba el traslado de aproximadamente $25 billones desde las administradoras privadas de pensiones a Colpensiones. El tribunal fundamentó su decisión en la protección de los derechos de los afiliados y en la necesidad de un mayor control constitucional.
Petro reaccionó en sus redes sociales y en actos públicos, defendiendo el derecho de los trabajadores a recibir su pensión y acusando a los jueces de actuar “a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente”. En sus palabras, “impedir el traslado de esos recursos es un poder ilegítimo y tiránico”.
El presidente pidió explícitamente la denuncia penal por prevaricato contra Juan Enrique Bedoya Escobar, magistrado ponente del fallo, y advirtió que la negativa a trasladar los fondos constituye un delito.
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La decisión presidencial marcó un punto de quiebre en la relación entre el Ejecutivo y las altas cortes, pues es la primera vez en el cuatrienio que el mandatario solicita una acusación penal directa contra un magistrado por el contenido de una providencia.
La reacción institucional y el eco internacional
La respuesta institucional fue inmediata y sin precedentes recientes. En menos de 48 horas se manifestaron la Sección Segunda y la Sala Plena del Consejo de Estado, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el procurador Gregorio Eljach y la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), entre otros.
La CEJ anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y a la Relatoría de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial para solicitar medidas de protección a favor del magistrado Bedoya Escobar y de la Rama Judicial.
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El presidente del Consejo de Estado advirtió que “el control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías”. El tribunal señaló que “la desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional”.
Un enfrentamiento recurrente entre el Ejecutivo y las cortes
El cruce entre Petro y la justicia no es nuevo. Durante los últimos cuatro años, el presidente ha contestado de forma pública y repetida a los fallos adversos, atribuyendo motivaciones políticas o económicas a los magistrados y señalando intereses de “banqueros” o “élites”.
El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Hermens Lara, comparó la situación con casos en México, Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde los gobiernos buscaron influir en las altas cortes. Lara sostuvo que “el trasfondo de ese tipo de confrontaciones es tener en su bolsillo, sea él o cualquier otra persona, las cortes, los jueces, los órganos de control, tal y como los tenía Chávez en Venezuela”.
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El limbo de la reforma pensional y el futuro de los fondos
La suspensión del Decreto 415 mantiene en vilo a más de 117.000 afiliados que solicitaron el traslado al régimen público y a los recursos correspondientes. La Corte Constitucional aún no ha definido la vigencia de la reforma pensional y los recursos permanecen bloqueados, generando incertidumbre para miles de trabajadores.
La Corporación Excelencia en la Justicia advirtió sobre el deterioro institucional y la necesidad de restaurar el respeto entre poderes. El director de la CEJ, Hernando Herrera, afirmó que “el estado en el que quedan las relaciones entre el Ejecutivo y la rama judicial es precisamente de alto desprecio por el Presidente”.