La decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo ha generado un freno inmediato en la logística vinculada al proceso de paz.
Los miembros de este grupo armado no podrán trasladarse hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), ya que enfrentan el riesgo de ser arrestados durante cualquier movimiento.
Ante la negativa del ente acusador, pese a las peticiones del presidente Gustavo Petro, la delegación del Gobierno encargada de los diálogos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia activó una reunión de emergencia durante la mañana del martes 12 de mayo, según información revelada por Caracol Radio.
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El propósito del encuentro se centraría en buscar alternativas que permitan destrabar la situación creada por la decisión judicial y garantizar que los compromisos acordados en la mesa de negociación puedan cumplirse.
El proceso de paz se apoya en las ZUT, espacios delimitados donde los excombatientes inician su tránsito hacia la vida civil con acompañamiento estatal. Estas zonas, definidas en la Ley de Paz Total, buscan reducir la violencia armada y consolidar la presencia institucional. A diferencia de las antiguas zonas de despeje, en las ZUT el Estado mantiene su presencia y control.
La Fiscalía consideró que no existe un avance suficiente en los diálogos que justifique la suspensión de las capturas. La solicitud había sido elevada por la oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, en un intento por facilitar el traslado seguro de los integrantes del Clan del Golfo hacia los puntos de concentración establecidos.
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En este contexto, la imposibilidad de suspender las capturas no solo retrasa los desplazamientos planeados hacia Tierraalta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó, sino que también introduce incertidumbre en el proceso de paz.
El Gobierno evalúa salidas jurídicas y operativas para evitar una ruptura en las negociaciones y sostiene reuniones con carácter urgente para preservar la continuidad del diálogo.
Las Zonas de Ubicación Temporal fueron diseñadas para que los miembros de grupos armados puedan concentrarse bajo vigilancia estatal, avanzar en su desmovilización y, finalmente, reincorporarse a la vida civil. Para el caso del Clan del Golfo, la expectativa era que 400 integrantes comenzaran a llegar a estos espacios a partir del 25 de junio.
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La decisión de la Fiscalía sobre órdenes de captura de ‘Chiquito Malo’ y otros criminales del Clan del Golfo
La Fiscalía General de la Nación dejó en claro en la mañana del martes 12 de mayo que las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo se mantendrán vigentes hasta que se demuestre un cumplimiento verificable de los requisitos legales vinculados al proceso de paz.
Aunque la fiscal general, Luz Adriana Camargo, firmó una resolución para colaborar con el traslado de los señalados a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), el ente acusador condicionó cualquier suspensión de órdenes judiciales a la constatación de hechos concretos.
Según la Fiscalía, la inmunidad de tránsito y permanencia en las ZUT, así como la suspensión de capturas, solo tendrá efecto a partir del 25 de junio de 2026, fecha indicada por la Resolución OCCP No. 120.
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En términos prácticos, la medida significa que los integrantes del Clan del Golfo no serán beneficiados con suspensión de órdenes de captura mientras no exista una verificación estatal de los acuerdos alcanzados y del avance en el proceso.
La Fiscalía advirtió que la información remitida por el Gobierno nacional revela únicamente la intención de algunos individuos de ingresar a las ZUT, pero no acredita la validez ni el efectivo cumplimiento de compromisos de paz, ni permite identificar con precisión a la totalidad de los integrantes bajo control institucional.
El ente investigador detalló que, para considerar la suspensión de las capturas, es imprescindible verificar la identidad y situación jurídica de cada persona incluida en la lista, la existencia de órdenes nacionales o con fines de extradición, y la información sobre su pertenencia al grupo criminal.
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La presencia en el listado de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, fue resaltada por la Fiscalía, quien recordó que ya existe un concepto favorable de la Corte Suprema para su extradición a Estados Unidos.
La postura institucional también advierte que la verificación del cumplimiento no puede basarse únicamente en lo declarado por los propios miembros del Clan del Golfo, sino que debe ser ejecutada por autoridades estatales, a través de un mecanismo trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia de las personas.
Entre los criterios que la Fiscalía espera corroborar figuran la desarticulación real de la estructura armada del grupo, la suspensión de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas desaparecidas y la entrega de armamento.
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