La disputa por captar el voto motero se ha vuelto un eje central de la campaña presidencial en Colombia. Los candidatos han presentado propuestas para reducir el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y otros alivios, intensificando la competencia entre Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y el presidente Gustavo Petro.
Las propuestas enfocadas en los motociclistas ocupan el primer plano porque este gremio, integrado por más de 13 millones de personas —el 62% del parque automotor nacional—, ejerce una influencia decisiva en las elecciones.
La mayoría de sus integrantes procede de los estratos sociales más bajos y utiliza la moto tanto para el trabajo como para el transporte, por lo que los candidatos consideran estratégico presentar medidas que impacten a este segmento para asegurar la mayor cantidad posible de votos, aunque existen serias dudas sobre la financiación de estas iniciativas y las consecuencias para las finanzas públicas.
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Datos de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi indican que casi uno de cada cuatro hogares en Colombia posee al menos una motocicleta. En zonas rurales, la proporción aumenta. Para este sector, la moto representa, además de un medio de transporte, una fuente de ingreso: el 13% la utiliza para trabajar, y el 21% la emplea para fines laborales y personales, según cifras conocidas por la revista Cambio.
La capacidad de movilización se ilustra con el caso de Julián Forero ‘Fuchi’, quien fue el concejal más votado en Bogotá en 2023, respaldado por el sector motero. En diálogo con Cambo, Forero resaltó la importancia de que las propuestas se discutan públicamente, pero advirtió sobre la financiación: “No queremos que, como siempre, nos den el dulce y después nos lo terminen cobrando por otro lado”.
Las promesas sobre el Soat y el pulso político
En esta campaña, los principales aspirantes han convergido en ofrecer alivios relacionados con el Soat. Valencia presentó una propuesta para que el Estado asuma el pago del seguro en motos de hasta 250 centímetros cúbicos, pese a que antes había criticado iniciativas similares de Petro tildándolas de populistas y riesgosas para la sostenibilidad del sistema de salud.
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La discusión se intensificó cuando De la Espriella acusó a Valencia de copiar una propuesta suya. Más allá de la controversia sobre la autoría, las principales candidaturas coinciden en la necesidad de atraer al electorado motero, incluido el presidente Gustavo Petro, impulsor de subsidios al seguro durante años anteriores.
La carrera por captar estos votos ha incrementado la presión sobre la formulación de propuestas que, si bien generan simpatía, aún dejan sin resolver preguntas sobre su impacto fiscal y social.
Sin embargo, persiste incertidumbre sobre la viabilidad de las propuestas moteras. Una investigación de la revista Cambio señala que el 61% de las motocicletas circulan sin Soat vigente, provocando un déficit aproximado de 2,5 billones de pesos anuales que debe ser cubierto por el sistema de salud pública.
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Según Clara Inés Pardo, doctora en Economía de la Universidad del Rosario, este seguro no solo protege a las víctimas de accidentes, sino que respalda las urgencias y la rehabilitación. “Si desaparece el cobro, ese gasto pasa directamente al Estado sin una fuente clara de ingresos”, advirtió a Cambio.
La Adres, que administra los fondos de salud, pagó en 2025 hasta 702.000 millones de pesos por accidentes de vehículos sin Soat, de los cuales el 96% correspondió a motocicletas. Este valor representa un aumento del 44% respecto al año anterior y evidencia la presión sobre los recursos públicos.
El número creciente de motos está vinculado a un alza en la accidentalidad y, en consecuencia, en la asistencia médica subsidiada por el Estado. Así, las promesas de alivio económico abren interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal de las futuras políticas y generan advertencias sobre posibles efectos contrarios a los buscados, según expertos consultados por CAMBIO.
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Contradicciones y advertencias de los especialistas
Especialistas advierten que el rumbo de las propuestas moteras puede ser insostenible si no se considera la financiación real del sistema. José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, opinó que resulta más rentable electoralmente prometer exenciones que abrir el debate serio sobre cómo sostener el sistema.
“Las campañas buscan alinearse con el descontento de los conductores, aunque eso distorsione la discusión sobre seguridad vial y responsabilidad financiera”, señaló el experto a la revista.
El énfasis en alivios para los motociclistas genera tensiones con otros sectores preocupados por la accidentalidad, el tráfico y la seguridad. Fernando Rojas, magíster en Gestión Urbana, alertó que cada beneficio de campaña puede incentivar el aumento del parque de motos, lo que complica la movilidad y pone a prueba la sostenibilidad de la infraestructura y los recursos públicos. Considera que las discusiones no deben centrarse solo en quién asume el Soat, sino en mejorar la formación, el control y la corresponsabilidad en la vía.
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El peso electoral alcanzado por los motociclistas es tan significativo que prácticamente iguala el umbral necesario para definir las elecciones presidenciales en Colombia. Por ello, las campañas han hecho de las promesas de alivio inmediato su principal apuesta, mientras las dudas sobre su impacto real persisten.