Unas horas después de que se comunicara la decisión por parte del Gobierno nacional de suspender las órdenes de captura y extradición contra los jefes de la organización criminal conocida como el Clan del Golfo, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá publicó en su cuenta de X un recordatorio que no deja lugar a dudas, y es que, para Washington, ese grupo es una Organización Terrorista Extranjera (OTE).
La publicación de la Embajada reprodujo una imagen con la palabra “Designados” en letras rojas y enlistó, en amarillo, los grupos a los que Estados Unidos les aplica esa etiqueta en Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-Ep), la Segunda Marquetalia y el Tren de Aragua.
El texto del post en la red social no dejó lugar a dudas sobre la postura del país norteamericano frente a esta situación, pues para ellos, el Clan del Golfo representa una amenaza internacional y no solamente para Colombia.
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“Las Organizaciones Terroristas Extranjeras trafican toneladas de cocaína, destruyen recursos naturales con la minería ilegal, y se lucran sembrando el terror en las comunidades colombianas mediante la extorsión, el reclutamiento forzado de niños, el tráfico de personas y el asesinato de líderes sociales, periodistas, y de la fuerza pública”.
La designación del Clan del Golfo como OTE y como Terrorista Global Especialmente Designado (Sdgt) fue firmada el 4 de diciembre de 2025 por el secretario de Estado Marco Rubio y publicada en el Federal Register el 17 de ese mismo mes.
Esa categoría no es un símbolo, según se ha podido ver reflejado a lo largo de las décadas con casos similares, tiene consecuencias legales concretas. Cualquier persona o entidad que en territorio estadounidense preste apoyo material a un grupo así designado puede enfrentar cargos penales. Además, los activos del grupo quedan sujetos a congelamiento.
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El mismo viernes 8 de mayo, el Gobierno colombiano formalizó la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra 29 cabecillas del grupo. Entre los beneficiados está Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, el máximo jefe del Clan del Golfo, por quien Colombia ofrecía una recompensa superior a un millón de dólares y cuya extradición reclama Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
La medida del Gobierno de Petro busca que, a partir del 25 de junio de 2026, más de 400 combatientes del grupo puedan trasladarse a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó). Según explicó a Reuters el negociador jefe del Gobierno, Álvaro Jiménez, “la decisión busca facilitar el proceso de paz y el ingreso a las zonas de ubicación temporal a partir del 25 de junio”.
El acuerdo de diciembre de 2024 que creó estas zonas tiene como horizonte concentrar a los cerca de 7.000 combatientes estimados del grupo en áreas definidas, con el fin de reducir la violencia.
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La tensión entre Bogotá y Washington sobre este proceso no es nueva. En febrero de 2026, el Clan del Golfo suspendió temporalmente las negociaciones que se adelantaban en Doha (Catar) luego de que Petro acordara con Donald Trump, durante una visita a la Casa Blanca, cooperar en la localización de “Chiquito Malo”.
El grupo calificó ese acuerdo como “un ataque a la buena fe” de las conversaciones. Las negociaciones se retomaron días después.
El proceso de paz con el Clan del Golfo recibe el nombre de Espacio de Conversación Sociojurídico (Ecsj), una figura distinta a las mesas de diálogo político que se han usado con el ELN o las disidencias de las Farc-EP, pues el Gobierno no le reconoce estatus político al grupo. Catar, España, Noruega y Suiza participan como mediadores internacionales.
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Esta no es la primera vez que se propone este tipo de zonas de distención, ya que en el pasado Colombia enfrentó procesos de paz de la misma forma. El más reciente ejemplo fue el proceso de paz de la Habana en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las Farc.
Pero también despierta los “fantasmas” del Caguán, proceso que abrió el expresidente Andrés Pastrana con la misma guerrilla, donde fue dejado ‘plantado’ por la fuerza subversiva. Pero hay diferencias, el Caguán fue una concesión de territorio; las ZUT son (en teoría y como lo ha planteado el gobierno) una herramienta de confinamiento controlado para facilitar un desarme masivo.