Bogotá muestra alivio en el hacinamiento de estaciones de Policía, pero persisten fallas estructurales graves

Detrás de las puertas metálicas de varias estaciones de Policía en Bogotá, una realidad que por años encendió las alarmas de organismos de control empieza a mostrar señales de cambio. Aunque la capital todavía enfrenta una presión importante en sus espacios de detención transitoria, las últimas cifras muestran una reducción que hace apenas un año parecía difícil de alcanzar.

Los datos de 2026 indican que el hacinamiento en estos centros cayó por debajo del 50%, un descenso relevante si se compara con el escenario crítico que vivió la ciudad meses atrás. Sin embargo, la mejoría no significa que el problema esté resuelto. En muchos casos, personas privadas de la libertad continúan permaneciendo en estaciones diseñadas para estadías de máximo 36 horas, aunque terminan allí durante semanas, meses y, en situaciones extremas, varios años.

La discusión ya no gira únicamente alrededor del espacio físico. En Bogotá, el debate también expone fallas históricas del sistema judicial, retrasos procesales, dificultades de coordinación entre instituciones y una presión constante sobre una infraestructura que nunca fue pensada para albergar a cientos de personas de manera prolongada.

Hace apenas un año, el panorama era considerablemente más crítico. Con una capacidad instalada para 1.227 capturados, la ciudad llegó a registrar más de 3.280 personas detenidas en estaciones y centros transitorios. En ese momento, la sobreocupación alcanzó niveles del 167%, una cifra que llevó a organismos de control y a la administración distrital a activar medidas urgentes.

Algunos de los hallazgos más preocupantes revelaron casos de personas que completaban hasta cuatro años detenidas en estos espacios provisionales, una situación que puso nuevamente sobre la mesa la crisis estructural del sistema penitenciario colombiano. La problemática no es nueva. Desde hace años, la Corte Constitucional advirtió sobre el hacinamiento en cárceles y centros de detención del país, calificándolo como un “estado de cosas inconstitucional”, una expresión jurídica que reconoce la vulneración sistemática de derechos fundamentales dentro del sistema carcelario.

En el caso de Bogotá, esa presión institucional obligó a repensar la manera en que se estaba gestionando la privación de la libertad en estaciones de Policía. Según explicó Lina María Toro, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Distrito, la ciudad empezó a implementar una serie de acciones para responder a los lineamientos judiciales.

“Bogotá se tomó muy en serio la protección a la población privada de la libertad y al cumplimiento de las órdenes de la Corte. Estas se resumen en la sentencia SU 122 del 2022, donde se le ordena a los entes territoriales y al Gobierno Nacional tomar acciones de coordinación conjuntas para resolver el problema. En ese marco, se encontraron vacíos en los procesos de detención, ante lo cual, la ciudad diseñó distintas líneas operativas, jurídicas y otras asociadas a infraestructura”, señaló la funcionaria a El Espectador.

Uno de los factores que más agravó la situación fue la pandemia. Durante ese periodo, decisiones del Gobierno nacional limitaron el traslado de personas capturadas desde estaciones de Policía hacia centros penitenciarios bajo administración nacional. Ese represamiento, que inicialmente se presentó como una medida sanitaria, terminó generando un efecto acumulativo que se prolongó durante varios años. Según Toro, la crisis que explotó en la actual administración ya venía gestándose desde entonces.

“Eso dinamitó una condición que no tenían las estaciones de policía del todo resuelta, porque antes de eso ya estaba desbordado el número de personas en las carceletas de las estaciones de policía”, explicó. En medio de ese escenario, la ciudad detectó otro problema de fondo: la ausencia de información unificada. Las entidades involucradas no tenían claridad total sobre cuántas personas estaban privadas de la libertad, cuánto tiempo llevaban detenidas o en qué etapa judicial se encontraba cada caso.

A partir de ese vacío nació una herramienta tecnológica desarrollada junto al Consejo Superior de la Judicatura. La aplicación, llamada PP Connect, permite hacer seguimiento detallado a cada persona detenida y compartir información entre jueces, fiscales, defensores y autoridades locales.

La plataforma empezó a operar formalmente en 2025, cuando Bogotá llegó a tener cerca de 4.000 personas retenidas en estaciones. Desde entonces, el número se ha reducido hasta ubicarse alrededor de 1.700. Uno de los hallazgos más impactantes de esta herramienta fue identificar casos de personas que acumulaban entre 500 y hasta 2.000 días privadas de la libertad en espacios transitorios.

Aunque el avance es evidente, el Distrito reconoce que las soluciones locales tienen un límite. La congestión judicial, la falta de cupos en cárceles nacionales y la lentitud de algunos procesos siguen impidiendo una solución definitiva.