A pesar de que enfrentan graves escándalos y son investigados judicialmente, varios generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia permanecen en servicio activo, mantienen sueldos elevados y disfrutan de esquemas de seguridad exclusivos. Esto, según revelaciones de Semana y documentos oficiales del Ministerio de Defensa.
En Colombia, los generales investigados por faltas graves continúan activos gracias a una regulación que permite su permanencia bajo “comisión en el exterior”.
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Esto les garantiza ingresos superiores a $24 millones mensuales, primas semestrales de $34 millones y pagos adicionales en dólares, junto a esquemas de seguridad vitalicios, incluso cuando sus nombres figuran en investigaciones judiciales.
Los altos oficiales comisionados fuera del país reciben un salario base superior a $24 millones mensuales, al que se suma una asignación en dólares de $10.000 cada mes, conforme a la regulación del Ministerio de Defensa.
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Además, cuentan con la denominada “prima de alta dirección” o “prima de silencio”, establecida en la Resolución 002138, que corresponde a $34 millones semestrales y se otorga exclusivamente a estos generales, según ha reportado el medio citado.
La suma anual por estos conceptos supera los $700 millones para oficiales como Helder Giraldo, de acuerdo con resoluciones oficiales.
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El esquema de privilegios continúa tras el regreso al país, pues a su retorno, los generales comisionados tienen derecho a un esquema de seguridad permanente con camioneta blindada y escolta motorizada. Este beneficio perdura, independientemente del avance de las investigaciones pendientes.
Generales involucrados en investigaciones y sus casos clave
Entre los nombres señalados figura el general Helder Giraldo, excomandante de las Fuerzas Militares y actual agregado militar en Brasil, quien se mantiene como activo en el Ejército.
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De acuerdo con fuentes militares, Giraldo recibe los pagos y privilegios fijados para su rango durante su comisión en el exterior.
El general Luis Mauricio Ospina, excomandante del Ejército, también goza del mismo mecanismo. Ospina, quien ha estado vinculado a controversias como el mal uso de inteligencia militar, fue comisionado en España a partir de agosto de 2024 y conserva idénticos salarios y beneficios. Ambos presentan estatus de activos mientras permanecen bajo observación judicial.
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Otro caso emblemático es el del general Emilio Cardozo, excomandante del Ejército y agregado en Estados Unidos.
Cardozo enfrenta señalamientos de la Justicia Especial para la Paz (JEP) por presuntos crímenes bajo su mando en el Batallón de Ingenieros N°5.
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Según audiencias, hubo testimonios que atribuyeron al general hechos de competencia de la JEP relacionados con violaciones de derechos humanos.
El general Federico Mejía, comandante de Educación y Doctrina del Ejército, es objeto de una indagación de la Fiscalía ante la Corte Suprema por presuntos lazos con grupos armados en el Cauca y el delito de concierto para delinquir.
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Fuentes militares indicaron a Semana que se adelantan investigaciones administrativas por el manejo de fondos reservados durante su gestión en esa región.
También se documentó que, en 2024, Mejía ordenó la liberación de un sospechoso de narcotráfico, lo cual es ahora materia de investigación adicional.
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Entre los oficiales que siguen considerados activos se halla el general Carlos Triana, exdirector de la Policía y actual agregado en Bélgica. Triana fue relevado de la dirección tras los hechos de violencia en Antioquia donde perdieron la vida 13 uniformados, pero su salida no implicó la desvinculación total de la institución.
Los generales Luis Fernando Salgado, José Ricardo Hernández y Ricardo Roque también aparecen en esta lista de señalados por presunta corrupción y fallas en la supervisión de contratos del Ejército.
Aunque están en proceso de retiro, según fuentes del Ejército, continúan en estado activo y percibiendo todos los beneficios habituales.
Respuesta institucional y pasos a seguir
Autoridades militares sostienen, según el marco jurídico vigente, que la asignación de comisiones al exterior y la continuidad de los sueldos, primas y privilegios se mantienen hasta que las investigaciones concluyan formalmente.
El proceso administrativo de retiro es demorado, lo que permite que los generales con procedimientos abiertos conserven sus beneficios durante todo el trámite.
Paralelamente, organismos como la JEP y la Fiscalía General de la Nación llevan adelante distintas indagaciones sobre la actuación de estos altos oficiales. Funcionarios del Ejército declararon a Semana que estudian cada expediente y que, una vez que finalicen los trámites, se definirá la permanencia o retiro de los generales observados.
Actualmente, las investigaciones continúan abiertas en las instancias judiciales correspondientes. El desenlace de estos procesos podría significar un cambio sustancial en la estructura de privilegios de la cúpula militar, dependiendo del avance y las conclusiones judiciales.