La extradición de cinco ciudadanos colombianos a Estados Unidos marca un nuevo capítulo en la ofensiva conjunta contra el tráfico internacional de drogas. Las autoridades les atribuyen roles clave en organizaciones que enviaban grandes cargamentos de cocaína, empleando rutas marítimas y métodos sofisticados, como lanchas rápidas y semisumergibles.
El operativo se realizó bajo la dirección de la Dijín, en coordinación con agencias estadounidenses. Los detenidos quedaron bajo custodia de los Alguaciles Federales tras cumplir los protocolos de extradición, uniendo esfuerzos de ambos países para desarticular redes delictivas con impacto transnacional.
La entrega a la justicia estadounidense responde a cargos que serán ventilados en tribunales de Florida, donde los acusados deberán responder por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.
Se les señala de integrar estructuras que operaban desde Colombia hacia Centroamérica y Norteamérica, moviendo volúmenes significativos de droga a través de rutas marítimas y aéreas.
Los perfiles de los extraditados y la magnitud de las operaciones
Entre los extraditados figura Jaminson Erazo Bolaños, alias Juancho, descrito por los investigadores como un coordinador logístico desde el suroccidente colombiano, especialmente en la zona de Tumaco.
Las pesquisas le atribuyen la coordinación anual de cerca de 20 toneladas de cocaína, con despachos mensuales de hasta cuatro toneladas hacia México, Costa Rica y Guatemala, empleando semisumergibles y lanchas Go-Fast.
El expediente también incluye a Jairo Alonso Trejos Páez y Gregory Josué Urueta Yi, presuntos integrantes de la estructura conocida como La Punta. Reportes oficiales detallan que esta organización utilizaba corredores marítimos desde el Pacífico y el Caribe colombiano, con tránsito por Honduras antes de llegar a Estados Unidos.
En el caso de Roque Nivaldo Pérez Morales, las autoridades lo vinculan con el método de contaminación de carga en vuelos comerciales. Se le responsabiliza de camuflar droga en cargamentos de fruta enviados desde Cali hacia San Andrés Islas, para después trasladarla en lanchas rápidas con destino a Centroamérica.
La lista se completa con Leandro Elio Barros Ipuana, solicitado por la justicia de Estados Unidos por su presunta implicación en el envío de cocaína bajo un esquema que todavía está bajo investigación en tribunales federales.
Cooperación internacional y el objetivo de los operativos
La extradición de estos cinco ciudadanos responde a una política de cooperación internacional para neutralizar estructuras dedicadas al tráfico de drogas y sus redes de apoyo logístico y financiero.
Las autoridades colombianas recalcaron que estos procedimientos también buscan fortalecer los controles internos y prevenir posibles hechos de corrupción dentro de las propias instituciones.
Según voceros de la Policía Nacional, las acciones conjuntas con Estados Unidos permiten atacar puntos críticos del narcotráfico, desde la logística marítima hasta la contaminación de cargamentos legales. El operativo representa un esfuerzo sostenido en la lucha por desmantelar los canales de envío de cocaína y reducir el impacto del narcotráfico en ambos países.
Policía captura a mujer solicitada por Argentina por hurto agravado
Una ciudadana colombiana de 27 años, buscada internacionalmente con circular roja de Interpol por autoridades judiciales de Argentina, fue capturada por la Policía Nacional en el barrio Rosales, localidad de Chapinero, en Bogotá.
La mujer está acusada de emplear aplicaciones digitales para contactar a hombres, concertar encuentros y, tras drogarlos con escopolamina, robarles objetos de valor y dinero. El arresto se inscribió en el marco de una estrategia de seguridad que prioriza la cooperación internacional y la protección ciudadana en la capital colombiana.
De acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional, la detenida es investigada por al menos cinco hurtos cometidos bajo esta modalidad en territorio argentino.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 56 de ese país emitió la orden internacional por el delito de hurto agravado, hecho que motivó la activación de la solicitud de captura bajo la circular roja de Interpol.
Las autoridades argentinas precisaron que el modus operandi de la acusada consistía en establecer contacto con sus víctimas a través de plataformas de citas. Posteriormente, coordinaba encuentros en clubes nocturnos o viviendas privadas, espacios en los que suministraba a los hombres una sustancia tóxica mezclada en bebidas alcohólicas. Tras dejar a las víctimas indefensas, la mujer procedía a sustraer pertenencias, dinero y documentación.