Tres años después de que radicaran en Argentina una demanda internacional contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por las ejecuciones extrajudiciales durante su mandato, la Cámara Criminal y Correccional Federal de dicho país fijó fecha para una audiencia.
Ahora, los jueces de dicha instancia judicial deberán determinar si continúan con el proceso legal, después de que las víctimas y organizaciones de derechos humanos apelaran la decisión de 2025 de archivar el caso contra el político colombiano.
En esta instancia, el tribunal deberá definir si la investigación avanza bajo el principio de jurisdicción universal o si se confirma el cierre del caso. Las entidades que impulsan la querella insisten en que este mecanismo internacional es clave para evitar la impunidad en delitos considerados crímenes internacionales, cuando los sistemas judiciales de origen no ofrecen respuestas efectivas.
El proceso judicial fue presentado en noviembre de 2023 por once víctimas y tres organizaciones colombianas: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Libertad y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar).
El objetivo es que la justicia argentina investigue la posible responsabilidad del exmandatario en miles de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en Colombia, según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Las agrupaciones demandantes argumentan que, en Colombia, no existen investigaciones penales efectivas contra el expresidente por estos hechos. Sostienen que la JEP carece de competencias para juzgar a exjefes de Estado y que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al ser un órgano político, no garantiza un proceso conforme a estándares internacionales.
Los abogados Máximo Castex y Bénédict De Moerloose encabezan la representación legal en Argentina, defendiendo la continuidad del expediente ante la justicia federal. Las organizaciones advierten que una investigación formal en dicho país constituiría un avance para garantizar justicia frente a los crímenes denunciados y para ofrecer garantías a las víctimas y sus familias.
Según se conoció, el expresidente Uribe deberá comparecer el martes 14 de abril y dicha diligencia será determinante: de la resolución dependerá si la causa sigue su curso en tribunales argentinos o si queda definitivamente archivada.
La querella se apoya en el principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales de otros países intervenir en delitos graves si no existen investigaciones efectivas en el lugar de los hechos.
Según la representación de las víctimas, la falta de avances judiciales en Colombia afecta el derecho a la verdad y a la justicia de los familiares de las personas asesinadas en el período investigado.
“En Colombia hemos enfrentado diversos obstáculos para que un expresidente pueda ser debidamente investigado por hechos ocurridos mientras desempeñaba ese cargo, ya que el fuero presidencial exige un paso previo al debate judicial, que es un juicio político en el Congreso de la República a través de la Comisión de Acusaciones en donde, históricamente, el índice pues de casos que han avanzado allí es cero en caso de expresidentes, al menos durante la Constitución de 1991″, señaló en su momento el abogado Sebastián Escobar en diálogo con la revista Cambio.
Las organizaciones consideran que el trámite judicial en Argentina podría sentar un precedente para otros casos similares en la región, en los que la búsqueda de justicia internacional se convierte en una alternativa frente a la inacción o limitaciones de los sistemas nacionales.
“Este es un mecanismo que busca principalmente una investigación de carácter penal, aunque entiendo que también hay casos de aplicación de la jurisdicción universal para querellas civiles para investigar a autores de crímenes. Por ejemplo, una civil muy conocida es la que se hizo en Estados Unidos contra el responsable del asesinato de Víctor Jara. Pero, principalmente, es una vía que se usa para que el sistema judicial de otro país en donde se aplica ese principio de jurisdicción universal para juzgar crímenes cometidos por fuera de las fronteras y está dirigido no a Estados sino a personas, a diferencia del Sistema Interamericano”, señaló en su momento el defensor de las víctimas a la revista.