La continuidad de un contrato petrolero valuado en 57 millones de dólares en Puerto Boyacá situó nuevamente bajo la mirada pública a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y motivó la intervención de la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría de Colombia.
Conforme a documentos a los que accedió Semana, la veeduría ciudadana local y la Unión Sindical Obrera (USO) exigieron la revisión y una intervención urgente sobre el acuerdo de exploración y explotación de los campos Teca-Nare vinculados con el proyecto Fontana, argumentando sospechas en los procedimientos de adjudicación y la relación de los implicados con causas judiciales recientes.
Investigaciones abiertas sin imputación formal contra Jorge Moreno, posible beneficiario del contrato
El segundo eje del conflicto radica en la presencia de Jorge Moreno en los documentos examinados por el medio citado. Moreno, padre de Laura Moreno —señalada en el proceso mediático de la muerte de Luis Andrés Colmenares en 2010—, aparece como titular de la empresa Montajes JM S.A., principal candidata para recibir la cesión del contrato.
La Fiscalía General de la Nación abrió en 2025 una investigación contra Moreno por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en torno a operaciones presuntamente irregulares de Montajes JM S.A. realizadas entre 2006 y 2009. La acusación principal sostiene que la compañía habría participado en la generación de facturas falsas, lo que creó un millonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Pese a estos antecedentes, la veeduría local denunció que Ecopetrol estaría evaluando la transferencia del control de los campos petroleros a la firma investigada. La organización ciudadana advirtió sobre la existencia de maniobras oscuras entre altos funcionarios, como el vicepresidente ejecutivo Juan Carlos Hurtado, y representantes de Montajes JM S.A., con miras a facilitar esa entrega. En su petición, afirmaron que “presuntamente se prometió dinero de manera indebida por la entrega de operación de estos campos”.
Sin embargo, Moreno no cuenta hasta el momento con antecedentes penales, disciplinarios o fiscales, ya que no ha sido imputado formalmente. Según el sistema de la Rama Judicial citado por Semana, la audiencia de imputación de cargos fue aplazada en tres ocasiones, siendo la más reciente el 19 de enero de 2026, fecha en la que el Juzgado 75 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá registró la “no realización” de la diligencia.
Montajes JM S.A. confirma su interés y Ecopetrol enfrenta presiones sindicales y éticas
Entre los elementos distintivos del expediente, y según detalló el medio citado, consta un oficio firmado por Jorge Andrés Moreno, representante legal de Montajes JM S.A., dirigido a la Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol. En este documento, la empresa manifestó su disposición a asumir la operación en los campos Teca-Nare y garantizar para el personal vinculado una mejora salarial de entre 10% y 20% sobre su remuneración actual.
La comunicación, formalmente membretada, dejó claro que la compañía dedicada a la ingeniería, fabricación y montaje en sectores petroleros y de infraestructura no solo está informada sobre el proyecto sino que busca concretar su participación.
En respuesta, la Unión Sindical Obrera (USO) expresó a Semana su firme rechazo a la posibilidad de que activos de Ecopetrol sean transferidos a empresarios bajo investigación o proceso judicial, así como la posible alteración de los derechos laborales de los empleados actuales. Esta presión sindical elevó el asunto hasta la Oficina de Ética y Cumplimiento de Ecopetrol, aunque los análisis éticos internos pueden extenderse durante varios meses.
Por su parte, Ecopetrol desmintió al medio citado que la operación del contrato fue cedida, aunque el oficio de Montajes JM S.A. contradice parcialmente esta versión al ofrecer condiciones concretas para asumir la continuidad del proyecto.
El contrato de USD57.000.000 para la operación de los campos Teca-Nare permanece bajo escrutinio de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Las acciones judiciales promovidas tanto por la veeduría ciudadana como por la USO se sustentaron, principalmente, en la demanda de transparencia en el manejo de recursos públicos y el rechazo a cualquier relación contractual con empresas o individuos sobre los que pesen investigaciones graves. El caso sigue abierto y, hasta el momento no existen decisiones judiciales de fondo contra ninguno de los implicados.