El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ratificó la legalidad del Decreto 0125 de 2024, expedido por la Alcaldía de Cali, que restringe el consumo de sustancias psicoactivas —incluida la dosis personal— en parques, centros deportivos, espacios culturales y en un radio de 200 metros alrededor de instituciones educativas.
El fallo judicial revocó la sentencia de primera instancia del 24 de septiembre de 2024, que había sido motivada por la demanda de un ciudadano contra el decreto. El Tribunal, al contrario, declaró la legalidad de apartes esenciales de la norma, haciendo especial énfasis en la validez de las expresiones “parques” y “durante las 24 horas del día”. De esta forma, la Administración distrital mantendrá la facultad de proteger estos espacios del consumo de drogas, respaldada por la justicia contencioso-administrativa.
Protección de la infancia y facultad de regulación
“El fallo respalda el compromiso de la Alcaldía con la protección integral de niños, niñas y adolescentes. No se trata de una medida restrictiva arbitraria, sino de una acción necesaria para garantizar entornos seguros, libres de consumo de sustancias psicoactivas, en lugares donde nuestros menores desarrollan su vida cotidiana”, afirmó el secretario de Seguridad y Justicia Distrital, Javier Garcés.
El funcionario precisó que los derechos de los niños son superiores y cuentan con protección constitucional. El decreto busca priorizar la seguridad de los menores por encima de cualquier otro interés y responde a la obligación estatal de garantizar espacios públicos seguros.
“Como Estado, tenemos la obligación de garantizar espacios públicos donde niños, niñas y adolescentes puedan jugar, estudiar y desarrollarse, sin estar expuestos a situaciones que afecten su bienestar físico y emocional”, señaló el funcionario.
El Decreto 0125, firmado por el alcalde Alejandro Eder, delimita la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en un perímetro de 200 metros alrededor de colegios (públicos y privados), jardines infantiles, institutos técnicos y universidades.
También abarca centros deportivos, polideportivos, coliseos, parques y zonas culturales como plazas y plazoletas. La restricción aplica durante las 24 horas del día y quienes la infrinjan recibirán un comparendo de $693.333 (16 salarios mínimos diarios legales vigentes), según lo dispuesto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.
Herramientas para la convivencia: sanciones y retos
La Acaldía, las autoridades y la comunidad continuarán trabajando de manera articulada para hacer cumplir la norma, fortalecer la cultura ciudadana y proteger los entornos más sensibles de Cali. El objetivo es garantizar los derechos de los menores en el espacio público y en escenarios de diversión y esparcimiento.
En los últimos años, el número de comparendos por consumo de drogas en lugares prohibidos ha oscilado entre 25.000 y 30.000 anuales. “Aunque no hemos tenido un cambio de comportamiento en la ciudadanía, porque el número de comparendos sigue siendo alto, sí tenemos herramientas para garantizar los derechos de los niños al espacio público y a los escenarios de entretenimiento”, enfatizó Garcés.
El decreto precisa que el tratamiento del consumo problemático de sustancias psicoactivas será atendido en el marco de la Política Distrital de Salud Mental, Convivencia Social y Abordaje de Consumo de Sustancias Psicoactivas. La medida, lejos de buscar la criminalización, pretende regular el consumo en espacios donde niños y adolescentes puedan verse afectados directa o indirectamente.
Argumentos jurídicos y alcance de la decisión
El Tribunal resolvió declarar la legalidad de las expresiones “parques”, contenida en el artículo segundo, y “durante las 24 horas del día”, del artículo tercero del Decreto 0125 del 8 de marzo de 2024. En consecuencia, negó las pretensiones del demandante, permitiendo que el decreto continúe vigente con todas sus disposiciones.
Cabe resaltar que la ciudad cuenta desde marzo de 2024 con el Decreto 125, que regula el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público, en especial en parques y lugares culturales frecuentados por la infancia y la adolescencia. Si bien la medida permitió a las autoridades contar con instrumentos legales para la protección de los menores, persiste el desafío de modificar comportamientos ciudadanos y disminuir la incidencia de sanciones.