Durante una alocución presidencial marcada por críticas directas al Banco de la República en la noche del martes 7 de abril, el presidente Gustavo Petro advirtió que, de ser necesario, podría decretar una nueva emergencia económica en Colombia.
La declaración se produjo tras el aumento de la tasa de interés, que el mandatario calificó de perjudicial para la economía de la población y beneficiosa únicamente para el sector financiero.
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“El aumento de la tasa de interés real está beneficiando a los dueños del sector financiero mientras encarece la deuda pública, golpea la vivienda, la industria y reduce el margen para atender a los sectores más vulnerables”, señaló Petro en la alocución.
Según el mandatario, la decisión de la junta del Banco de la República de elevar la tasa a 11,25% el 31 de marzo tiene un efecto regresivo sobre la economía.
Durante su intervención, el jefe de Estado presentó un paquete inicial de medidas para mitigar los impactos inflacionarios, entre las que destacó subsidios a fertilizantes, créditos con tasas compensadas para la pequeña y mediana industria a través de Bancoldex y alivios financieros para reactivar la producción.
Fue en ese momento que Gustavo Petro advirtió: “Si las medidas que proponemos aquí no funcionan, vamos a decretar una nueva emergencia económica”.
El presidente enfatizó que la subida de las tasas de interés favorece principalmente a los tenedores de deuda pública y a los actores del sistema financiero, mientras que los sectores más vulnerables afrontan menores recursos para vivienda, producción y gasto social: “Uno gana y otro pierde. Los bancos, fondos y aseguradoras se benefician, mientras los pobres asumen el costo”.
Medidas del Gobierno para contener la inflación y proteger alimentos
Entre las medidas anunciadas, Petro ordenó que los fertilizantes producidos en Colombia permanezcan en el mercado interno, al evitar exportaciones que puedan afectar los precios de los alimentos: “Todo fertilizante hecho en Colombia se queda en Colombia y lo subsidia el Gobierno”.
El mandatario también abordó la cuestión de la producción de alimentos: “Entre más alimentos produzcamos, bajamos el precio de los mismos y bajamos la tasa de inflación”. Al tiempo que anunció restricciones a la exportación de carne para contener los precios internos.
Asimismo, Petro detalló que se pondrán en marcha líneas de crédito con tasas compensadas, concentradas inicialmente en zonas afectadas por desastres. La intención, según el presidente, es amortiguar el impacto de las tasas altas sobre la actividad económica y brindar financiamiento a los sectores más golpeados.
En su alocución, el mandatario reiteró la importancia de proteger los ingresos de los sectores más pobres: “Hemos logrado que en las mujeres (…) eso sea todavía mayor. Las mujeres pobres han recibido lo mejor del ingreso. Si este Congreso no aprueba, el que sigue. Y si es necesario, decretamos una nueva emergencia económica en Colombia, porque lo que hay que salvar es el nivel de vida”.
La intención del presidente Petro de declarar nuevamente una emergencia económica surge después de la última, decretada en diciembre de 2025 por 30 días, que buscaba cubrir un faltante de $16,3 billones en el Presupuesto General de la Nación para 2026, tras la no aprobación de una ley de financiamiento.
Esa medida fue suspendida por la Corte Constitucional el 29 de enero, que desde entonces evalúa su viabilidad y se espera que la decisión final se conozca el 9 de abril.
Petro y su historial de decretos de estado de excepción
Cabe destacar que hasta la fecha, Gustavo Petro decretó tres estados de emergencia en Colombia con distintos alcances y resultados legales. La primera fue en julio de 2023 en La Guajira, por la crisis humanitaria y la escasez de agua; sin embargo, la Corte Constitucional la declaró inexequible, aunque permitió mantener temporalmente algunas medidas sobre el agua.
En diciembre de 2025, decretó una emergencia económica nacional para afrontar un déficit fiscal de USD41.000 millones, pero la Corte suspendió provisionalmente sus efectos.
Luego, en febrero de 2026, el Gobierno lanzó otra que responde a la emergencia invernal que afectó a ocho departamentos, con medidas como un impuesto temporal al patrimonio de grandes empresas para financiar la reconstrucción.