La paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro ha generado una creciente crítica desde el propio espectro político progresista colombiano. El senador y candidato presidencial Roy Barreras expuso una serie de objeciones estructurales al modelo, advirtiendo que la ausencia de un “marco jurídico” efectivo y la simultaneidad de ceses al fuego permitieron que los grupos armados ilegales abusaran de la flexibilidad del proceso.
Según Barreras, la política actual ha producido “errores enormes” que, lejos de garantizar la paz, fortalecieron a las organizaciones criminales y las llevaron a ejercer control político territorial, generando un clima de “desmotivación” en las fuerzas de seguridad y en la justicia.
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Durante su diálogo con Blu Radio, Barreras explicó que la crisis es anterior a los últimos episodios públicos. “No empezó ayer. Recordemos el ”tarimazo" en Medellín, que significó una desmotivación muy grande para la Fuerza Pública, para los agentes de justicia, para las víctimas, y que significó sobre todo entregarle vocería política a unos ilegales al subirlos a una tarima y darles micrófono”, dijo el candidato.
Según alegó, episodios como la suspensión de órdenes de captura comprueban que los grupos armados han “abusado de la laxitud de paz total”.
En ese contexto, Barreras resaltó que la Fiscalía revocó la suspensión de captura sobre 16 de los 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín, así como la situación del jefe armado Calarcá, casos que considera reflejan la gravedad del “limbo jurídico”.
El senador sostuvo que este vacío “les conviene porque siguen creciendo y nadie los persigue”, y señaló que existen prácticas de coacción política en regiones como la cordillera de Nariño y el norte del Cauca, donde “ejercen presión sobre los alcaldes” y buscan controlar políticamente los territorios.
Barreras asegura que esta situación pone en riesgo el proceso democrático, abriendo espacio para la coacción electoral y el incremento del poder de las organizaciones ilícitas sobre autoridades locales.
Según el testimonio del candidato presidencial, el trasfondo de esta situación es la falta de límites legales para los procesos de diálogo, lo que ha generado un espacio sin reglas donde los armados obtienen beneficios y protección de facto.
“La ausencia de un marco jurídico que el Gobierno se comprometió a aprobar para que esas mesas de diálogo tuvieran algún límite y algún orden. El marco jurídico no existe todavía hoy”, denunció Barreras. Junto a esto, la simultaneidad de los ceses de fuego “ha hecho que las Fuerzas Militares no puedan actuar a plenitud” y, como consecuencia, “estos tipos han crecido”.
Sectores armados ilegales han capitalizado las debilidades del proceso de paz total, afirmó Roy Barreras
Barreras rechazó la idea de que exista una intención deliberada por parte del presidente o del senador Iván Cepeda para favorecer electoralmente a determinados sectores. “No se trata de una acusación, sino de una verificación histórica […] Todos los gobiernos, cuando han intentado procesos de paz, tienen el riesgo de que si se equivocan, los grupos ilegales abusan”, señaló, recordando fracasos previos como el Caguán.
No obstante, admitió que estos errores crearon un caldo de cultivo para presiones y control político ilegal, que “debe desautorizarse absolutamente”.
El líder socialdemócrata destacó sus diferencias programáticas con el petrismo y justificó su candidatura como una necesidad de corregir el curso: “Esa es una diferencia, el método de paz total, que he dicho, reitero, desde hace tres años y medio, que no se puede aplicar, por ejemplo, justicia transicional a los grupos de narcotráfico”, expresó.
Además, cuestionó riesgos como la “inminente parálisis económica” por la falta de confianza inversionista, lo que, a su juicio, amenaza la unidad social y la viabilidad de políticas redistributivas.