El domingo 5 de abril de 2026 se cumplieron 23 años desde la desaparición forzada y asesinato de Eudaldo Díaz, exalcalde de El Roble, en un hecho que revive una herida que sigue abierta en Sucre y en la memoria de las víctimas del paramilitarismo en Colombia. En especial, porque fue un crimen que el propio exmandatario local advirtió en un Consejo Comunal de Gobierno, en frente del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y de su victimario, Salvador Arana Sus.
Su hijo, Juan David Díaz, vocero de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento, reafirmó a Infobae Colombia que la verdad completa sobre este acontecimiento no ha sido alcanzada, pese a que el exgobernador Arana reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haber sido el autor intelectual del homicidio y fue condenado a 40 años de prisión por este homicidio, por el que el Estado aún afronta un proceso penal.
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Para la familia, la persistente impunidad que se ha registrado en este caso, y lo que han considerado prerrogativas hacia sus determinadores, se ha traducido en nuevas amenazas y el dolor por una justicia fragmentada. Este crimen marcó un hito en la opinión pública, cuando el 10 de abril de 2003 fue hallado el cadáver del exalcalde, más conocido como Tito, con signos de tortura y múltiples impactos de bala en la zona rural de Boca del Zorro, tras denunciarse su desaparición.
El día en que Eudaldo Díaz le dijo a Álvaro Uribe que lo iban a matar, delante de su determinador
Semanas antes, el 1 de febrero de 2003, en Corozal (Sucre), Díaz había denunciado personalmente ante el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez que sería asesinado y señaló al gobernador Arana y a estructuras paramilitares como responsables directos de persecución y corrupción. Tras las denuncias, el Estado le retiró el esquema de seguridad; poco después, fue interceptado por hombres armados cuando se dirigía a una reunión, en el inicio del calvario.
“Soy el alcalde de El Roble suspendido. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre... Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar”, expresó Eudaldo Díaz aquella vez, lo que llevó a una rápida intervención de Uribe Vélez, que calificó esta intervención en su momento como un “desorden”; pese a que años después lamentó lo sucedido y negó tener responsabilidad.
La investigación de este asesinato ha involucrado a figuras de peso. Recientemente, la Fiscalía vinculó al coronel Norman León Arango, comandante de Policía de Sucre en ese entonces, por presunta complicidad en el debilitamiento de la protección del exalcalde. Adicionalmente, en 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) admitió el caso para estudiar si el Estado cumplió su deber de ofrecer justicia plena frente a los que cometieron este suceso.
Este hecho fue destacado por Juan David Díaz, que señaló que las autoridades llamaron a la familia a un proceso de conciliación, pero la propuesta la rechazaron al no existir garantías de reparación integral. “Es un día muy triste para nosotros como familia, que nos ha tocado soportar este dolor. Pero también es un día para recordarnos de las luchas de los hombres valientes de nuestro pueblo que han defendido a la ciudadanía a costa de su propia vida”, expresó.
La verdad fragmentada: familia de Eudaldo Díaz denunció que responsables del crimen gozan de libertad y poder en Sucre
A pesar de la condena de Arana y la confesión de su responsabilidad en la JEP en 2023, para la familia Díaz el proceso continúa incompleto. “Hay una cantidad de miembros de los grupos paramilitares capturados y condenados, ya prácticamente todos libres por la Ley de Justicia y Paz, la mal llamada Ley de Justicia y Paz, que los premió a muchos sin obtener una verdadera verdad completa”, señaló el hijo del exalcalde ultimado, que continúa exigiendo reparación.
En su concepto, este proceso permitió penas atenuadas a cambio de confesiones, pero una gran parte de los beneficiados no han aportado información determinante sobre todos los responsables. “Faltan personas, tanto autores materiales como intelectuales, por responder”, señaló Díaz, que fue incluso más allá en sus demandas y contó cómo estos responsables, entre los que ha apuntado contra el excabecilla Salvatore Mancuso, continúan ejerciendo influencia.
“Muchos de estos autores siguen delinquiendo, siguen oprimiendo al pueblo porque siguen teniendo poder dentro de los territorios. Me refiero a muchos de los que en su momento fueron miembros de esta organización, de alguna manera colaboraron, ya sea financiando o beneficiándose del poder paramilitar y hoy son personas con poder en el departamento y en otros departamentos y siguen haciendo daño”, recalcó el hijo del exmandatario Eudaldo Díaz.
La persistencia de la impunidad se refleja también en la intimidad de los afectados, pues Díaz dijo a Infobae Colombia que su familia ha recibido todo tipo de intimidaciones. “Seguimos siendo víctimas de todo tipo de amenazas, de persecuciones, a pesar de que han pasado 23 años, porque precisamente el proceso no se ha cerrado y aquellos que aún temen por nuestra lucha ir a la cárcel nos agreden con amenazas y todo intento de asesinato”, puntualizó el líder.
De hecho, el propio Mancuso, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), expuso en la audiencia única de verdad del 15 de mayo de 2023 lo sucedido con este homicidio. “Fue una solicitud directa, creo que fue del gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe, que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, precisó el exparamilitar.
La situación de la familia ilustra la tensión en torno a este mediático caso, en lo concerniente a lo que para ellos es la justicia parcial y la falta de esclarecimiento total, que ha facilitado que los que tuvieron responsabilidad directa o indirecta mantengan poder real en las instituciones y los territorios de Sucre. Aunque la Cidh estudia el expediente, la familia ha rechazado cualquier beneficio económico sin verdad y reparación completa sobre los culpables del asesinato.
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