Una denuncia por presunto abuso de autoridad en la Estación de Policía de Ciénega, Boyacá, desató preocupación en la comunidad luego de que el abogado Francisco Castellanos difundiera un video que muestra el forcejeo entre detenidos y uniformados, y exigiera la verificación urgente de los hechos antes de acudir a instancias legales - crédito @castellanosfj / X
La difusión de un video captado en la Estación de Policía de Ciénega, Boyacá, ha provocado una ola de reacciones en redes sociales y ha puesto en el centro del debate el uso de la fuerza y los límites de la actuación policial.
Francisco Castellanos, abogado y defensor de derechos humanos, fue quien dio a conocer la denuncia a través de su perfil en X. En su mensaje, solicitó de manera pública que se verifique lo ocurrido antes de acudir a acciones legales. Así lo expresó: “Como Defensor de Derechos Humanos, amablemente solicito verificación situación, previa a presentar acciones penales y/o disciplinarias a que haya lugar”.
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La grabación muestra a tres personas detenidas discutiendo con cuatro uniformados. La tensión aumenta cuando la única mujer entre los detenidos patea a los patrulleros, provocando que uno de ellos la inmovilice.
En ese momento, un hombre (presuntamente hermano de la mujer) interviene y otro agente le coloca la mano en el pecho. Simultáneamente, un patrullero intenta quitar el celular a la persona que registraba la escena. El hombre, ya de pie, es reducido por dos policías.
Durante el altercado, se escucha al hombre detenido reclamar de manera vehemente: “Nada, no le pegue a mi hermana, no seas cobarde. No seas cobarde, hombre. Que algún día, y pues escucha, te las voy a preguntar uno por uno y te las voy a cobrar (...) No jodas a mi hermana. ¿Por qué le pegas a mi hermana? Mátame, mátame mejor. ¡Que me mates! ¡Mátame mejor! ¡Mátame mejor! ¡Mátame! ¡Mátame!”
La Alcaldía Municipal de Ciénega reaccionó rápidamente a la controversia. Por medio de un comunicado oficial firmado por el alcalde William Camilo Barreto González, se informó que los hechos ocurrieron el 3 de abril cerca de las 5:30 p. m. en un procedimiento policial.
El pronunciamiento reconoció la inquietud pública generada por la circulación de los videos y destacó que se recibieron denuncias sobre un posible uso inadecuado de la fuerza y afectación de derechos ciudadanos.
“En las últimas horas han circulado en redes sociales y diferentes medios digitales una serie de videos y publicaciones en los que se realiza una denuncia pública relacionada con dicho procedimiento policial, en el cual presuntamente se habrían presentado situaciones que generan preocupación en la comunidad”, señaló el comunicado.
El alcalde convocó de manera inmediata a un Consejo Extraordinario de Seguridad para esclarecer el incidente. En la reunión participaron la Personera Municipal, el Inspector de Policía, la Secretaría de Gobierno y el comandante de la Estación de Policía.
Entre las medidas tomadas, la Alcaldía solicitó a la Personería verificar si hubo vulneración de derechos, pidió a la estación un informe detallado del procedimiento y remitió la información a la Policía Nacional para que realice la investigación conforme a la ley. Hasta el momento, las autoridades no han aclarado el motivo por el cual los ciudadanos se encontraban detenidos.
El caso ha reavivado una discusión en redes sociales sobre el alcance de la autoridad policial y el derecho ciudadano a registrar estos procedimientos. Entre los comentarios destacados a la publicación de Castellanos, varios usuarios expresaron su preocupación sobre la falta de reformas al estatuto de seguridad y el Código Nacional de Policía.
“Urge modificar el estatuto de seguridad de Duque. El mal llamado código de policía. La función de la Policía es defender al ciudadano y no registrando hechos como este a diario y en todo el país”, se lee en uno de los mensajes.
Otros comentarios recalcan que los procedimientos policiales son públicos y pueden ser grabados, y que oponerse a ello vulnera el principio de publicidad: “Son funcionarios públicos, pueden ser grabados en cualquier escenario, incluso dentro de una entidad estatal, el estado está en mora de que todos lleven cámaras corporales, para que sus actuaciones sean más transparentes, empezando por la Dirección de Tránsito y Transporte!”
En Colombia, la legislación respalda el derecho de la ciudadanía a grabar procedimientos policiales. El artículo 21 de la Ley 1801 de 2016 permite a cualquier persona registrar en video las actuaciones de servidores públicos, siempre que no obstaculicen el procedimiento, invadan zonas de seguridad o pongan en peligro a los agentes. Este derecho busca garantizar la transparencia y la protección de los derechos fundamentales.
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