El pago de los subsidios a los combustibles vuelve a poner sobre la mesa la forma en que el Gobierno está manejando sus compromisos fiscales. Esta vez, el turno es para una deuda acumulada con Ecopetrol y la Refinería de Cartagena que, aunque será saldada, no implicará una salida inmediata de caja en su totalidad.
La estrategia elegida por el Ejecutivo apunta a distribuir el impacto financiero en el tiempo. En lugar de cubrir la obligación principalmente con recursos líquidos, se optó por un esquema que recurre en gran medida a la emisión de deuda pública, una decisión que deja ver las limitaciones actuales de liquidez y las prioridades fiscales del Gobierno.
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En ese contexto, el acuerdo alcanzado establece una hoja de ruta clara para cubrir el monto pendiente, correspondiente a los subsidios aplicados a los precios de los combustibles durante el primer trimestre de 2025. La cifra total asciende a cerca de $1,6 billones, según la liquidación oficial realizada por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.
La distribución de ese monto refleja el peso que tiene Ecopetrol dentro del sistema. Del total, aproximadamente $1,2 billones corresponden a la petrolera estatal, mientras que cerca de $0,4 billones están asociados a la Refinería de Cartagena. Ambos valores provienen de los recursos que dejaron de percibir como consecuencia de la política de estabilización de precios de los combustibles.
El mecanismo de pago definido introduce dos momentos clave. El primero ya tuvo lugar el 1 de abril de 2026, con un giro en efectivo cercano a los $2.891 millones. Sin embargo, esta suma representa apenas una fracción del total adeudado. La parte más significativa del compromiso quedó programada para diciembre. De acuerdo con el documento, el 15 de ese mes se cancelarán más de $1,55 billones mediante títulos de deuda pública emitidos por la Nación. En otras palabras, el grueso de la obligación se trasladará a instrumentos financieros que se reconocerán en el tiempo.
El propio acuerdo lo resume al señalar que el Gobierno “se compromete a cancelar la totalidad de la cuenta del Fepc correspondiente al primer trimestre de 2025”. No obstante, la forma elegida para cumplir con ese compromiso combina liquidez limitada en el corto plazo con un uso intensivo de deuda.
Esto implica que, en la práctica, el Estado no está extinguiendo completamente la obligación en términos de caja, sino transformándola en un pasivo financiero que deberá ser atendido más adelante. Es una decisión que permite aliviar la presión inmediata sobre las finanzas públicas, aunque traslada el costo hacia el futuro.
A este panorama se suma un elemento adicional que incrementa el valor final del compromiso. El acuerdo contempla un reconocimiento por el tiempo transcurrido hasta el pago definitivo. En ese sentido, establece que “la Nación reconoce a Ecopetrol S.A. y a la Refinería de Cartagena S.A.S. el costo asociado al plazo transcurrido entre la firma del acuerdo y el pago establecido para el mes de diciembre de 2026”.
Desde el punto de vista institucional, el documento deja constancia explícita de la obligación del Estado. En sus términos, el acuerdo “refleja el reconocimiento pleno de la obligación por parte del Gobierno Nacional y evidencia el esfuerzo conjunto entre el Grupo Ecopetrol y la Nación”.
Este paso resulta relevante en medio de los cuestionamientos que ha generado el manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), una herramienta clave para contener el impacto de los precios internacionales sobre los consumidores, pero que ha acumulado un déficit significativo.
En paralelo, Ecopetrol reiteró su disposición a seguir trabajando con el Gobierno en la gestión de estos compromisos. La compañía aseguró que continuará articulando acciones con los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, “en la aplicación de esquemas de pago y de reducción de los saldos del Fepc”.
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