
Ecopetrol S.A. consolidó dos operaciones clave para fortalecer su posición financiera y encarar los próximos desafíos: cerró un acuerdo con el Gobierno nacional para saldar cuentas pendientes y obtuvo la autorización de un nuevo crédito internacional que permitirá reorganizar pasivos. Ambas decisiones, anunciadas en comunicaciones al mercado, buscan —de manera simultánea— recuperar recursos atrasados y mejorar las condiciones de financiación de la compañía.
Según informó la empresa estatal, la deuda total reconocida por el Gobierno relacionada con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) asciende a $1,6 billones. De este monto, Ecopetrol es responsable de $1,2 billones, y Refinería de Cartagena de otros $0,4 billones.
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El pago se ejecutará en dos etapas: una suma menor en efectivo que ya se giró el 1 de abril de 2026 y el saldo pendiente a cancelarse mediante títulos de deuda pública (TES) en diciembre de ese mismo año. El pacto incorpora un interés compensatorio por el tiempo transcurrido entre la firma del acuerdo y la cancelación total, que responde a la espera de los recursos.
El pacto con el Gobierno nacional permite reducir los saldos atrasados del Fepc

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es el mecanismo que el Estado colombiano utiliza para mitigar la volatilidad de los precios al consumidor. El nuevo acuerdo, firmado también por la Refinería de Cartagena, cubre las obligaciones correspondientes al primer trimestre de 2025 y da visibilidad sobre el flujo de ingresos futuros para Ecopetrol.
La petrolera, una de las cuatro principales de Latinoamérica, subrayó que el entendimiento refleja el reconocimiento pleno de la deuda por parte del Ejecutivo y representa un avance significativo en la reducción de los saldos pendientes acumulados del Fepc. Un detalle relevante es la modalidad de pago escalonada, que busca optimizar la gestión de tesorería de la empresa y evitar impactos adversos en el mercado de deuda pública.
Ecopetrol accede a un nuevo crédito externo de USD 1.250 millones para reorganizar obligaciones
El Ministerio de Hacienda, que lidera Germán Ávila Plazas, aprobó que Ecopetrol contrate un crédito externo hasta por USD 1.250.000.000. La financiación será proporcionada por un grupo de bancos internacionales: BBVA, Bank of America, JP Morgan y Bank of China. El préstamo tiene un plazo de cinco años, pagadero en cuatro cuotas uniformes, y la tasa de interés variará según condiciones de mercado.
La operación permitirá sustituir un préstamo anterior de USD 1.200.000.000 y refinanciar parcialmente otra deuda por USD 50.000.000. Según ejecutivos de la compañía, este tipo de refinanciamientos son fundamentales para optimizar el perfil de vencimientos y asegurar condiciones competitivas incluso ante un contexto internacional adverso.
Junta de Ecopetrol se reunirá con el presidente Petro antes de anunciar respaldo a Ricardo Roa

La junta directiva de Ecopetrol habría acordado convocar una reunión presencial con el presidente de la República, Gustavo Petro, antes de tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de Ricardo Roa al frente de la petrolera estatal.
El encuentro, previsto tentativamente para el 6 de abril de 2026, en la Casa de Nariño, sería determinante para definir si el directivo permanecería en el cargo, presentaría su renuncia o solicitaría una licencia en medio de las investigaciones penales que enfrenta.
La decisión se habría producido tras una extensa sesión de la junta celebrada el 30 de marzo, que se habría prolongado por cerca de siete horas sin lograr consenso. Cinco integrantes respaldan la continuidad de Roa, mientras que cuatro se inclinan por su salida, según el artículo que publicó El Tiempo.
En este escenario, la reunión con el presidente Petro aparece como un intento de destrabar el empate y orientar la decisión final. Sin embargo, el encuentro no contará con la participación de todos los miembros. Luis Felipe Henao, representante de los fondos de pensiones, y Ricardo Rodríguez Yee, delegado de los departamentos productores de petróleo, decidieron no asistir.
Ambos ya habían dejado constancia en actas sobre su preocupación por los riesgos reputacionales y financieros de mantener a un presidente bajo investigación penal. A esta postura se suman César Loza y Juan Gonzalo Castaño, que también advirtieron sobre el impacto potencial para la compañía.
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