Choque entre María Fernanda Cabal y la directora de la Imprenta Nacional por nuevo modelo de pasaportes: “¿Dónde quedó la soberanía de Colombia?

La senadora María Fernanda Cabal y la directora de la Imprenta Nacional, Viviana León Herrera, protagonizaro un choque por el nuevo modelo de pasaportes que comenzó a regir en Colombia el 1 de abril de 2026.

La disputa se centra en la participación de la Casa de la Moneda de Portugal y cuestiona la legalidad y el impacto sobre la soberanía nacional del convenio internacional que respalda la expedición de los documentos de viaje.

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En una serie de publicaciones en su cuenta de X, Cabal cuestionó la participación de la entidad extranjera: “La Casa de la Moneda de Portugal es una entidad privada, no pública como pretendieron hacerle creer al país. Aquí el gobierno Petro pretendió hacer uso indebido del convenio Interadministrativo. Muy buen trabajo de la Procuraduría”, escribió la senadora.

Ante estas declaraciones, la directora de la Imprenta Nacional respondió señalando la naturaleza pública de la entidad: “¡Falso de toda falsedad, Senadora @MariaFdaCabal! La Casa da Moeda de Portugal no es privada: es una sociedad de capital 100% público, integrada al sector empresarial del Estado portugués (DL 235/2015 y DL 133/2013)”, compartiendo además un enlace al sitio oficial de la Casa de la Moneda de Portugal.

Según la información oficial, la entidad tiene carácter de sociedad de responsabilidad limitada de capital exclusivamente público y sigue un marco jurídico que incluye varios decretos, con lineamientos estratégicos definidos por el Gobierno portugués y la Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A.

Cabal volvió a responder con una serie de preguntas dirigidas a León Herrera: “Señora @LeonViviana La Casa de la Moneda de Portugal ¿es una persona jurídica extranjera de derecho público? ¿La Casa de la Moneda de Portugal se rige por derecho privado para sus negocios? ¿No es verdad que Casa de la Moneda de Portugal no puede ser catalogada como una entidad pública extranjera, pues en su país de origen opera como una empresa privada? ¿Dónde quedó la soberanía de Colombia?”.

León Herrera replicó aclarando que la premisa de Cabal era incorrecta: “Senadora @MariaFdaCabal, la premisa es incorrecta. La Imprensa Nacional Casa da Moeda es una persona jurídica de derecho público. Que opere bajo reglas de derecho privado no la desnaturaliza; es el mismo modelo de las empresas industriales y comerciales del Estado en Colombia. Su carácter público, su función y su estructura son equivalentes a la Imprenta Nacional de Colombia. Es, en términos técnicos, su homóloga”.

Y agregó: “Por tanto, la cooperación es plenamente válida y estratégica la transferencia de conocimiento entre entidades públicas especializadas. No hay irregularidad; es el mecanismo más sólido para fortalecer lo público”.

La implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombiaha estado acompañada de cuestionamientos legales y administrativos, incluyendo denuncias sobre pagos millonarios y contratos irregulares. Como coadyuvante de la acción popular presentada contra el convenio suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, la Procuraduría General de la Nación solicitó suspender de manera urgente los efectos del contrato.

En el documento, Marcio Melgosa, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, afirmó que respalda “íntegramente las pretensiones formuladas por el accionante Nicolás Dupont Bernal en su reforma de demanda, y aporta elementos adicionales derivados de la investigación preventiva adelantada, que refuerzan la acreditación de los tres requisitos jurisprudenciales de procedencia de la acción popular: la existencia de conductas que vulneran o amenazan derechos colectivos, la identificación de los responsables y el vínculo jurídico de responsabilidad”.

Melgosa advirtió sobre la urgencia de la suspensión debido a que “los envíos de maquinaria están en curso, la ejecución avanza en tiempo real y cada día que transcurre consolida hechos que reducen el margen de maniobra del juez popular para restaurar el orden jurídico”.

Asimismo, pidió la acumulación o coordinación procesal con otras acciones contra el convenio y la implementación de un esquema contractual nuevo que cumpla con principios de planeación, transparencia y selección objetiva, garantizando la participación equitativa de los operadores del mercado y la continuidad en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes.