La insostenibilidad de la permanencia de alias Calarcá como negociador de paz en el proyecto de paz total impulsado por el presidente Gustavo Petro ha provocado una ola de críticas en Colombia.
Diversos sectores cuestionan que su papel como jefe de las disidencias de las Farc es incompatible con las actividades delictivas recientes atribuidas a sus estructuras, fortalecidas bajo la cobertura del proceso de diálogo, según detalló Semana.
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La permanencia de alias Calarcá en las negociaciones de paz es tan cuestionada actualmente porque su estructura mantiene activos delitos como la extorsión, el secuestro y el control violento de territorios, lo que debilita la credibilidad del proceso y acrecienta la inseguridad en regiones clave.
Su liderazgo, lejos de significar una reducción de la violencia, ha estado acompañado del fortalecimiento de sus grupos armados.
La figura de alias Calarcá resulta especialmente controvertida. Mientras participa activamente en el proceso de paz promovido por el Gobierno nacional, se le señala como uno de los principales responsables de operaciones ilegales en los departamentos de Caquetá y Guaviare.
De acuerdo con el medio citado, Calarcá se mueve por zonas como San Vicente y Los Pozos, en Caquetá, y Puerto Cachicamo, en Guaviare. Estos territorios cuentan con características selváticas y riachuelos que facilitan la movilidad de los grupos armados y dificultan la reacción de la Fuerza Pública.
El fortalecimiento de su organización se vincula directamente a las condiciones del entorno y al resguardo que le ofrece el proceso de paz total. Comunidades locales alertan sobre cualquier movimiento de las autoridades, lo que obstaculiza la intervención estatal y permite que Calarcá mantenga el control sobre el territorio.
Acciones delictivas y hechos violentos de alias Calarcá
A pesar de su rol como negociador, no han cesado los delitos perpetrados por las estructuras bajo su mando.
Los informes de las autoridades, como el Ejército Nacional, señalan que las acciones del grupo abarcan extorsión, secuestro, homicidios y la ocupación violenta de regiones enteras. Estas actividades impactan especialmente en áreas rurales, donde la presencia estatal es débil.
Uno de los episodios más graves relacionados con su accionar fue el ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, en el que un campo minado ocasionó la muerte de 13 policías.
Casos como este han aumentado la presión para que alias Calarcá sea retirado de la mesa de diálogo, dado que su estructura no ha suspendido ninguna de sus acciones armadas.
Críticas políticas y desafíos para la Fuerza Pública
El Gobierno nacional enfrenta un aumento de cuestionamientos por mantener a Calarcá como negociador. Varias voces políticas, según registró Semana, sostienen que la política de paz total del presidente Gustavo Petro ha facilitado el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales, incluyendo la comandada por Calarcá.
Esta posición se ha reforzado a medida que los actos de violencia persisten y la población continúa sufriendo las consecuencias.
La Fuerza Pública se enfrenta a serias limitaciones para actuar en las zonas dominadas por Calarcá, debido tanto a las características geográficas adversas como al sistema de alertas creado por habitantes locales.
Además, las disidencias de las Farc que encabeza alias Calarcá se distanciaron del Estado Mayor Central dirigido por alias Iván Mordisco, hecho que generó enfrentamientos internos y fragmentó aún más el panorama de seguridad en la región.
Para observadores y comunidades afectadas, la presencia de Calarcá como actor del proceso de paz permanece en entredicho, pues su estructura sostiene prácticas violentas y logra expandir el control sobre distintas regiones. La suma de extorsiones, secuestros, homicidios y la ocupación violenta de territorios refuerza el rechazo a su protagonismo en las actuales negociaciones.