La deuda del Gobierno con empresas de energía y gas volvió a crecer y ya alcanza varios billones de pesos, una situación que encendió nuevas alertas en el sector de servicios públicos. El Consejo Gremial advirtió que el atraso en los pagos compromete la estabilidad financiera de las compañías encargadas de prestar estos servicios.
La advertencia fue hecha por Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, quien aseguró que el incumplimiento en los compromisos económicos por parte del Estado genera presiones sobre el sistema. Según explicó, esta situación podría poner en riesgo la continuidad del servicio para millones de usuarios en el país, citado por Semana.
“La energía y el gas de millones de colombianos están en riesgo. La falta de pago de compromisos por parte del Estado genera un hueco financiero que amenaza la continuidad del servicio”, afirmó Gutiérrez, citado por ese medio de comunicación.
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De acuerdo con las cuentas presentadas por el Consejo Gremial, a enero de 2026 la deuda del Gobierno con las empresas del sector energético llega a $2,6 billones por energía y $1,04 billones por gas.
Además, el monto pendiente continúa creciendo cada mes. Según las estimaciones del gremio, la cifra aumenta cerca de $410.000 millones mensuales.
A esta situación se suma otra obligación pendiente relacionada con la llamada opción tarifaria, un mecanismo aplicado durante la pandemia para diferir el pago de parte de las tarifas de energía.
Ese concepto todavía no ha sido cubierto completamente y representa una deuda adicional cercana a $2,2 billones.
También se mantiene pendiente el pago por servicios prestados a entidades públicas, que según el gremio asciende a $1,4 billones.
El problema se origina, en gran medida, por el atraso en el pago de los subsidios destinados a los usuarios de menores ingresos.
Estos subsidios permiten que los hogares de estratos 1, 2 y 3 reciban descuentos en sus facturas de energía y gas.
Sin embargo, las empresas aplican esos descuentos con la expectativa de que el Estado reembolse posteriormente el valor correspondiente.
Según explicó Gutiérrez, ese dinero no está llegando con la rapidez esperada, lo que genera presiones financieras en las compañías encargadas de prestar el servicio.
El gremio advierte que esta situación podría provocar lo que denominan un “apagón financiero”, es decir, una falta de liquidez que impida a las empresas operar con normalidad.
En ese escenario, las compañías tendrían dificultades para cubrir sus costos y mantener la prestación del servicio.
De acuerdo con la presidenta del Consejo Gremial, si el Estado no cubre las obligaciones pendientes, el sistema podría quedarse sin recursos suficientes para continuar operando.
Además, el atraso en los pagos podría generar un impacto directo en los usuarios.
Según lo expuesto por el gremio, si las empresas dejaran de asumir temporalmente el costo de los subsidios, las tarifas podrían llegar a aplicarse sin descuentos.
En ese caso, las facturas de energía y gas para los usuarios podrían aumentar incluso hasta un 140 %.El problema no es nuevo y se ha presentado en distintos momentos en los últimos años.
En situaciones anteriores, el Gobierno ha destinado recursos para cubrir los pagos pendientes con las empresas prestadoras del servicio.
No obstante, los gremios aseguran que los atrasos han vuelto a acumularse y que aún no existe una solución definitiva que garantice el cumplimiento oportuno de estas obligaciones.