El antiguo secretariado de las Farc reconoció públicamente el reclutamiento forzado de al menos 18.677 niños entre 1971 y 2016.
La declaración, entregada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mediante una carta y un video, representa la primera vez que los excomandantes de la guerrilla piden perdón de manera explícita por estos crímenes.
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En entrevista con El Espectador, la magistrada Lily Rueda recalcó: “Nada devolverá la infancia arrebatada, ni borrará las secuelas de violencias que marcaron una vida entera y que la vincularon de manera obligada a las cicatrices de la guerra que son imborrables”.
La magistrada Rueda, relatora del macrocaso 07 en la JEP, explicó que el reconocimiento de los hechos por parte de los exjefes de las Farc constituye un paso inédito en el proceso judicial y de justicia restaurativa.
El caso investiga la política sistemática de reclutamiento y utilización de menores por parte de ese grupo armado. Las víctimas documentadas por la JEP superan las 18.600, muchas de ellas sometidas a violencia sexual, reproductiva y de género, incluyendo abortos forzados y malos tratos.
“Hemos documentado 18.677 casos desde 1971 a 2016, sólo a manos de las antiguas Farc”, detalló la magistrada.
En la comunicación pública, el antiguo secretariado de las Farc asumió tanto responsabilidad individual como colectiva por estos crímenes de guerra, incluyendo patrones de malos tratos, torturas, homicidios y juicios sin garantías.
La JEP, según relató Rueda, evalúa actualmente las observaciones de víctimas, Ministerio Público y comparecientes para determinar el alcance jurídico del reconocimiento, en una fase denominada de “observaciones”.
“La Sala pronto decidirá el marco del reconocimiento y si las expresiones de los comparecientes cumplen los requisitos para continuar en la vía restaurativa”, adelantó Rueda a El Espectador.
El proceso de perdón no implica amnistía ni eliminación de responsabilidad penal, subrayó la magistrada. “Dada la gravedad de estos hechos, estas conductas no pueden recibir amnistías o perdones judiciales”, puntualizó.
En el modelo restaurativo de la JEP, el perdón sólo puede traducirse en beneficios si va acompañado de acciones verificables y un compromiso real de no repetición. Los excomandantes afirmaron su disposición a trabajar en medidas concretas para evitar que el reclutamiento de menores se repita, mientras la JEP vigilará el cumplimiento de estos compromisos.
El reconocimiento abre la posibilidad de encuentros directos entre víctimas y excomandantes, instancia inédita en este tipo de crímenes. Según la magistrada Rueda, más de 11.000 víctimas individuales y colectivas participan en el proceso y tendrán la opción de decidir si aceptan el perdón o inician un proceso de reconciliación. Algunas han manifestado su disposición a dialogar, otras expresaron que no están dispuestas a perdonar, pero consideran fundamental que los comparecientes escuchen sus razones.
El caso 07 de la JEP estableció patrones macrocriminales de reclutamiento, violencias sexuales y reproductivas, que afectaron especialmente a niñas y adolescentes. La magistrada remarcó que el daño causado es “profundo, multidimensional, intergeneracional”. Las manifestaciones de perdón no buscan silenciar estos daños, sino abrir un proceso de reconocimiento y reparación. “Nada de lo que hagamos como jurisdicción especial devolverá la infancia arrebatada”, insistió.
El reclutamiento de menores en Colombia habría crecido un 300% en los últimos cinco años, según Unicef. La magistrada Rueda llamó a garantizar que las víctimas que sobrevivieron estos crímenes no sean nuevamente vulneradas por el reclutamiento de sus hijos en el presente. La JEP resaltó que estos hechos constituyen crímenes de guerra y no son amnistiables, ni siquiera en el marco de acuerdos de paz.
En julio de 2025, los exjefes de las Farc ya habían reconocido parcialmente su responsabilidad, aunque negaron la existencia de patrones criminales en violencias de género y reproductivas. Ahora, según la magistrada, admiten que ocurrieron violencias sexuales y reproductivas en las filas, y que no ejercieron los controles necesarios para impedirlas, afectando especialmente a niñas y mujeres.
El avance del proceso dialógico determinará si los comparecientes podrán continuar en la vía restaurativa o enfrentarán investigaciones y sanciones más severas. La decisión final dependerá de si la JEP considera que las manifestaciones cumplen los mínimos de reconocimiento requeridos.
La magistrada Lily Rueda enfatizó, al cierre de su conversación con El Espectador: “Nada devolverá la infancia: la oportunidad que se abre ahora es sobre el presente y el futuro, para que ni sus propios hijos ni ningún otro niño o niña se enfrente a los dolores que ellas sufrieron”.
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