Todo inició cuando se dio a conocer que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, perdió el recurso judicial con el cual buscaba que el actual mandatario, Federico Gutiérrez, se retractara por las expresiones en las que acusó a funcionarios de la administración anterior de haberse apropiado de recursos públicos en la capital antioqueña.
La justicia determinó que el actual alcalde no tendrá que retractarse por afirmar que “los que se robaron a Medellín”, respaldando la libertad de expresión en el contexto de debates de interés público.
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La disputa surgió tras una serie de declaraciones hechas por Gutiérrez en el marco de su gestión como alcalde, donde ha reiterado en diferentes escenarios las acusaciones sobre actos de corrupción en la administración de Quintero.
“Y me reafirmo. Todo tiene soporte judicial. Van 55 imputados por la Fiscalía, incluyendo al jefe de la banda. Si esto no es una estructura criminal, entonces qué lo es? Se robaron a Medellín. Que Colombia entera lo sepa”, afirmó el mandatario local.
La decisión judicial representó un revés para Quintero, quien había insistido en que los señalamientos del actual alcalde constituían una vulneración a su derecho al buen nombre y a la honra de los funcionarios de su administración.
El fallo, argumentó que las expresiones de Gutiérrez se encuentran protegidas por la libertad de expresión, al tratarse de asuntos de interés general para la ciudadanía de Medellín y de Colombia.
La controversia no se limitó a los protagonistas directos. Juan David Duque, exsecretario de la administración Quintero, respondió a las acusaciones de Gutiérrez señalando: “A mí me investigó Margarita Cabello, que no era de nuestros afectos, de arriba a abajo, y no encontró nada. Me han investigado todos los entes de control”, manifestó.
Duque agregó: “Si entonces un motivo para no participar es una investigación, hablemos de la investigación que le abrió la Fiscalía General de la Nación a Federico Gutiérrez, Manuel Villa y Andrés Tobón, concejal de la ciudad, por presuntamente hacer parte de un entramado y un escándalo que involucra criptomonedas, lavado de activos y redes de prostitución infantil”.
Duque también mencionó que, en la administración pasada, hubo señalamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios de seguridad con redes delictivas en Medellín.
“Si eso fuera así, Federico Gutiérrez no hubiera podido participar en la campaña de la Alcaldía, porque su secretario de Seguridad se fue preso por colaborar con las oficinas de narcotráfico de Medellín. Y eso no pasó nada, de eso no se habla?. En mi opinión, Fico debería haber ido preso cuando se probó que su gobierno colaboró con oficinas de narcotráfico en Medellín”, cuestionó Duque.
La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos a 55 personas dentro de investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en empresas públicas de Medellín.
Gutiérrez ha sostenido que existe sustento judicial para sus afirmaciones, señalando que los procesos en curso incluyen a figuras clave de la administración previa, lo que, a su juicio, justifica el uso de expresiones como “estructura criminal”.
Aplazaron audiencia por presuntas irregularidades en contratos de Metroparques, Inder y Área Metropolitana
La audiencia programada para el lunes 23 de febrero de 2026 en el proceso por irregularidades en contratos interadministrativos entre Metroparques, Inder Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue aplazada debido a la ausencia del juez asignado.
El Juez 23 Penal del Circuito de Medellín no asistió al inicio de la diligencia y, según indicó su asistente, la inasistencia obedeció a su designación como clavero para las próximas elecciones legislativas, por lo que debió participar en un simulacro electoral.
Ante la situación, las partes acordaron, tras revisar el calendario judicial, que la acusación de la Fiscalía se llevará a cabo el 3 de junio a la 1:30 p. m. La defensa y los demás intervinientes expondrán sus argumentos el 10 de junio a las 8:30 a. m.
En este proceso son investigados Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana; Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Inder; Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, ambos exgerentes de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de Compras, y Carlos Augusto Jaramillo Villareal, exsecretario general.
Los exfuncionarios deben responder por su presunta implicación en contratos destinados a beneficiar a terceros, lo que habría generado desventajas para otros oferentes.
La Procuraduría señaló que en este caso “supuestamente se configuró una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de Metroparques”, en relación con la suscripción de acuerdos bilaterales.
El contrato bajo investigación, identificado como 6700013390 de 2020 y valorado en $21.826 millones, tenía como objetivo la gestión y ejecución de recursos para actividades recreativas y deportivas orientadas por la oficina asesora de planeación y proyectos priorizados del programa de presupuesto participativo del Inder.