Después de que la justicia administrativa de Bogotá ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, retractarse de afirmaciones publicadas en su cuenta de X contra el exministro Luis Felipe Henao, el funcionario cumplió la orden a través de esa misma red social.
El jefe de la cartera del Interior del Gobierno Petro afirmó que la decisión del Juzgado 40 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá será objeto de impugnación.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Sin embargo, señaló que se rectifica de decirle “bandido, cómplice y lavaperros”, “aumento patrimonial ilegal”, “insinuación de trabajar para el Ñoño Elías y el Ñeñe Hernández”, “recibir comisiones en Puerta Vallarta, México por parte de Carlos Jacks”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, precisó que hace esta publicación en la red social X, cumpliendo lo ordenado “en el numeral segundo de la parte resolutiva”.
“En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido dentro del trámite de tutela por el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, decisión que será objeto de impugnación dentro de los términos legales, me permito rectificar “la información publicada en la red social X el once (11) de diciembre de 2025 en contra de Luis Felipe Henao Cardona, respecto de los juicios en los que me refiero a él como: “Bandido, cómplice, lavaperros”, “aumento patrimonial ilegal”, “insinuación de trabajar para el Ñoño Elías y el Ñeñe Hernández”, “recibir comisiones en Puerta Vallarta, México por parte de Carlos Jacks”. Hago esta publicación en la misma red social en cumplimiento de lo ordenado en el numeral segundo de la parte resolutiva", indicó Benedetti en su publicación.
Detalles de lo ocurrido
En medio de una disputa judicial impulsada por el exministro Luis Felipe Henao, el objetivo principal fue esclarecer si existían procesos penales en su contra que respaldaran los señalamientos hechos por Armando Benedetti.
La Corte Suprema de Justicia respondió oficialmente el 11 de febrero, indicando que no hay registros de investigaciones penales en curso contra Luis Felipe Henao. Por el contrario, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema informó que sí existen 21 procesos abiertos, pero todos corresponden a Benedetti y no al exministro de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Este dato resultó clave para la resolución adoptada por la justicia. La jueza a cargo del caso concluyó que Benedetti, en ejercicio de funciones públicas, superó los límites permitidos de la libertad de expresión al lanzar acusaciones sin fundamento y sin pruebas, afectando la reputación de Henao.
El conflicto entre ambos exfuncionarios se agravó a partir de declaraciones públicas realizadas por Benedetti en diciembre de 2025. En ese momento, Benedetti, quien era ministro del Interior, publicó mensajes en los que afirmaba haber conocido a Henao en un apartamento de 200 metros cuadrados y sugería que, tras dejar el Ministerio de Vivienda, había adquirido propiedades fuera del país. Además, relacionó a Henao con el caso Odebrecht y con supuestos viajes a México, donde habría recibido comisiones de Carlos Jacks en Puerto Vallarta.
En sus publicaciones, Benedetti utilizó palabras que señalaban directamente a Henao, sugiriendo un cambio significativo en su patrimonio y asociándolo con prácticas cuestionables. Estas expresiones, cargadas de acusaciones personales, motivaron que Henao solicitara una retractación pública y la confirmación de que no existían antecedentes judiciales en su contra.
La decisión judicial ordenó a Benedetti rectificar sus afirmaciones a través de la misma red social empleada originalmente, garantizando así un alcance equivalente al de las publicaciones iniciales. Según el fallo, muchas de las declaraciones de Benedetti carecieron de pruebas y razonabilidad, lo que llevó a considerarlas calumniosas y falsas. La jueza subrayó que el ejercicio de la función pública exige responsabilidad y que la libertad de expresión no puede utilizarse como escudo para afectar la honra ajena.
Por su parte, Benedetti defendió sus dichos argumentando que formaban parte del debate político entre figuras públicas e insistió en que no existió daño reputacional grave, proponiendo recurrir a otras vías legales en vez de la acción de tutela.