Fabiola Perea, la mujer que el país conoció como una de las supuestas implicadas en el robo de un maletín con unos 4.000 dólares en la casa de la entonces jefa de gabinete Laura Sarabia, contó después de tres años cuáles han sido las consecuencias de haber sido interceptada de forma ilegal por la Policía Nacional de Colombia.
Y es que la exempleada doméstica de la hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido fue acusada falsamente de integrar un grupo criminal y espiada durante meses, por lo que presentó una demanda contra el Estado para exigir reparación, aunque sigue sin un reconocimiento oficial del daño ni apoyo efectivo.
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El caso comenzó en enero de 2023, cuando la pérdida de la maleta de Sarabia desató un escándalo nacional. Fabiola Perea había llegado al servicio doméstico de Sarabia recomendada y acudía solo los viernes, con un pago de $120.000 diarios. Luego del incidente, la Policía Nacional de Colombia impulsó una investigación alegando motivos de seguridad nacional y elaboró informes de inteligencia falsos que permitieron interceptaciones ilegales a Perea y a Marelbys Meza, otra exempleada.
Los agentes responsables identificaron a Perea como “La Cocinera”, un alias utilizado para vincularla falsamente al Clan del Golfo. La Policía rastreó sus comunicaciones, investigó a sus cinco hijos y presentó pruebas fabricadas ante un juez.
Por esas irregularidades, el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredy Morales fueron finalmente condenados a más de 11 años de prisión por estos hechos.
“Este es un claro caso de abuso de poder donde se usó la Policía para interceptar ilegalmente a una persona que simplemente hacía su labor”, señaló en su momento Mauricio Marín, abogado de Perea, en diálogo con El Espectador.
Las consecuencias para Perea fueron graves. Perdió todos sus empleos en labores domésticas después de ser señalada de manera pública y se vio obligada a abandonar Bogotá por razones de seguridad, dejando atrás a sus seres queridos.
Perea relató a El Espectador que la estigmatización la sumió en depresión y afectó su salud física y mental. Para sobrevivir, tuvo que empezar de nuevo en otra ciudad mientras enfrentaba el desarraigo y la discriminación.
“Yo soy hipertensa y desde que me pasó esto la tensión se me subió del mismo estrés, del mismo miedo. No podía salir de mi casa si no había una amiga que me acompañara. Todavía siento que alguien me persigue. No pude volver a mi ranchito. Me tocó dejar mi casa, mis cosas, mis coroticos, todo por allá tirado y venirme por acá donde estoy para sentirme más tranquila”, señaló la mujer al diario nacional.
La respuesta institucional profundizó la revictimización. La Policía Nacional de Colombia negó la existencia de una falla en el servicio y argumentó que la demanda no incluía pruebas suficientes. También se deslindó de las condenas penales impuestas a sus agentes por fabricar documentos y pruebas falsas.
Por su parte, la Presidencia de la República consideró que la sustracción del dinero de Sarabia era un asunto privado y se excusó de cualquier responsabilidad administrativa, según información de El Espectador. Los abogados de Perea sostienen que la resistencia institucional refleja una persistente negativa a reconocer el daño y a brindar reparación, lo que impide lograr justicia.
El proceso judicial avanza en el ámbito administrativo de Bogotá, donde Boris Lombana y Mauricio Marín representan a Perea. Para Lombana, el caso es un ejemplo de “revictimización” que prolonga el sufrimiento de la familia y mantiene la negación de los hechos.
La demanda exige que el Estado colombiano reconozca oficialmente el daño y ofrezca una reparación integral, algo que ni la Policía ni la Presidencia han aceptado hasta la fecha.
Mientras tanto, Fabiola Perea expresó públicamente su inconformidad por la falta de respuestas. En diálogo con El Espectador, lamentó la indiferencia de Laura Sarabia y afirmó no haber recibido explicación directa ni apoyo después de la acusación.
“No le hicieron daño a cualquiera. Le hicieron daño a una mujer trabajadora, guerrera. A mí el Estado no me ha dado un peso para sobrevivir. Me indigna, me da rabia y me gustaría tenerlos en la cara a esos señores del Estado que intentan lavarse las manos. Yo necesito saber quién tuvo la culpa de que la vida se la jodieran a uno”, señaló Perea.
Por su parte, la abogada de Sarabia, Lina Sandoval, aseguró que la funcionaria no tuvo ninguna injerencia en el operativo y que se aconsejó evitar cualquier contacto directo con Perea por indicación legal.
Sandoval explicó a El Espectador que cualquier acercamiento entre la exempleada y la actual embajadora debe realizarse por vía institucional y por medio de representantes legales.
Asimismo, aseguró que no se siente representada por ningún funcionario del Gobierno, especialmente, por el presidente Gustavo Petro, después de que su silencio primara en el caso en su contra.
“No me siento representada por nadie. Ni por ella ni por ningún gobernante. Me represento yo misma”, señaló Perea al diario nacional.