La creciente tensión en la cadena productiva del arroz y el riesgo de nuevas protestas motivaron la activación de un espacio de mediación institucional en el Congreso. La sesión se desarrolló el miércoles 18 de febrero de 2026 en la Comisión Tercera del Senado de la República, con participación de representantes del Gobierno, gremios y productores, quienes expusieron la situación económica, climática y comercial que enfrenta el cultivo en distintas regiones del país.
El encuentro fue coordinado por el senador Carlos Julio González Villa, del partido Cambio Radical, junto con la senadora Sonia Bernal. Según se explicó, la Comisión Accidental Arrocera surgió para hacer seguimiento a los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación de 2024 y 2025, verificar el cumplimiento de compromisos del Ejecutivo y servir como canal de interlocución directa con las regiones productoras.
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De acuerdo con la exposición realizada durante la jornada, la situación del sector es calificada como estructuralmente crítica. Se mencionó que los inventarios están 92% por encima del año anterior, los precios han caído 28,5% desde junio de 2024 y cerca de 100.000 hectáreas podrían dejar de cultivarse, según cifras de Fedearroz.
También se advirtió incertidumbre por la ausencia de un precio que cubra costos de producción, el endeudamiento de los agricultores y condiciones de compra restrictivas.
Críticas al gasto público y a los subsidios
Durante la sesión, el presidente de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez, cuestionó la política de apoyos al sector y el manejo del gasto estatal bajo el gobierno de Gustavo Petro. El dirigente señaló que los recursos actuales no responden a las necesidades de los productores ni al aumento de los costos de producción en medio de la emergencia climática.
En su intervención afirmó: “Es que el problema es así de sencillo. Yo les pido, les digo, por favor, atendamos esto de verdad”, al solicitar mayores decisiones presupuestales orientadas a la seguridad y soberanía alimentaria. Posteriormente añadió: “Si el presidente Petro tanto quiere la seguridad y la soberanía alimentaria, que gaste veinticinco mil millones más en apoyos y subsidios a los productores. ¿Qué son veinticinco mil millones más? Nada”, comparando esa cifra con el gasto total del Gobierno nacional.
Gutiérrez insistió en la necesidad de ampliar el respaldo económico: “Hay que respaldar con muchos más recursos a los productores de arroz, a todos, a los pequeños, a los medianos y a los que llaman grandes”. También señaló que la emergencia invernal ha reducido los rendimientos, pasando de casi 120 bultos por cosecha a entre 70 y 80, lo que incrementa la presión financiera sobre los agricultores.
Balance institucional y advertencias de los productores
En el desarrollo de la comisión, funcionarios del Ejecutivo y voceros del sector expusieron posiciones sobre comercio, financiamiento y sostenibilidad productiva. Luis Fernando Angulo, director de comercio del Ministerio de Comercio, señaló: “Es una decisión del Gobierno escucharlos y buscar soluciones que vayan en pro y mejora de la cadena productiva del arroz”. También recordó limitaciones normativas al indicar que “estamos sujetos ante la OMC, la Comunidad Andina, los tratados de libre comercio y el acuerdo de Cartagena”, en referencia a compromisos con la OMC y la Comunidad Andina.
Desde las regiones, los testimonios reflejaron dificultades económicas. Iván Herrera, representante de pequeños productores del Tolima, manifestó: “Queremos que el Ministerio de Agricultura y el Congreso tomen fichas en el asunto, en estos momentos se está afectando el sector agrícola colombiano y los pequeños campesinos”. Por su parte, el productor Miguel Bonilla expresó: “Estamos con los bolsillos vacíos y no podemos decir que vamos a sembrar la siguiente cosecha”, señalando problemas con créditos, molinos e insumos.
Otros voceros también describieron condiciones de mercado. Martín Vargas, productor del Huila, afirmó: “Estamos trabajando a precio de ruina”, mientras José Valdés, de Asoprado en Tolima, indicó que “la industria sigue pagando a 45 días” y que los costos de insumos y créditos continúan elevados.
Respuestas del Gobierno y medidas en discusión
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió sobre el impacto estructural de la crisis en toda la cadena. En sus conclusiones afirmó: “Si no hay productores, si no hay industria, si no ponemos reglas claras en la comercialización, la cadena va a desaparecer, se trata de un acuerdo de país donde todos debemos poner”.
La funcionaria detalló recursos destinados al sector: “El Gobierno está haciendo un esfuerzo importante de $23.500 millones de apoyo directo, $1.173 millones para un proyecto de redescuento en Finagro, $10 mil millones para incentivo de capitalización rural”, en referencia a programas ejecutados a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario.
Durante el análisis también se mencionaron medidas comerciales como el arancel del 30% al arroz importado desde Ecuador y acciones de control al contrabando, con participación de entidades como la Dian y la Policía Nacional. Sin embargo, se indicó que varios sectores consideran insuficientes estas decisiones si no se complementan con subsidios que cubran la diferencia entre el precio de compra industrial y los costos de producción, un precio piso obligatorio y soluciones a las deudas con el Banco Agrario.