Comunidades indígenas explicaron por qué reabrieron el parque Tayrona a pesar de las amenazas de grupos armados: “No necesitamos que nos protejan”

Las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta reabrieron el acceso al Parque Tayrona y exigieron una coadministración del sitio turístico en conjunto con la entidad ambiental Parques Naturales, defendiendo su autonomía y la gestión directa de su territorio ancestral.

Esta demanda surge tras años de lo que consideran desconocimiento de su autoridad, reclamando la restitución de espacios subutilizados y la implementación de una estrategia para controlar el turismo nocivo, todo mientras sostienen una protesta pacífica y un llamado al Gobierno nacional para resolver los problemas históricos en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El respaldo de las autoridades indígenas. Atanasio Moscote, gobernador de uno de los cabildos indígenas involucrados en la reapertura, afirmó en diálogo con Blu Radio que no existe ninguna necesidad de protección externa, y subrayó que la presencia indígena es garantía de seguridad en la zona: “No necesitamos que nos protejan”.

Argumentó que cualquier intervención de las autoridades estatales que no reconozca la autonomía de los pueblos originarios afecta la historia viva y la esencia del territorio del Tayrona. De acuerdo con Moscote, la reapertura se inició tras una manifestación pacífica plenamente notificada y conocida de antemano por las entidades ambientales.

El líder indígena descartó además cualquier riesgo de secuestros o incidentes graves en el Parque: “Eso no va a pasar, en el territorio tenemos que ejercer nuestra autoridad como indígenas. El Parque Tayrona es seguro, ahí está la Policía, no hemos tenido en el parque ninguna situación de esa naturaleza”.

Reclamos históricos y demandas estructurales. Las autoridades tradicionales Kogui, concentradas en la entrada del Parque Tayrona, declararon “asamblea permanente” y exigieron la presencia del presidente Gustavo Petro y de altos funcionarios del Gobierno nacional.

A través de un comunicado, solicitaron la intervención inmediata de la Consejería Presidencial para las Regiones, del Ministerio de Turismo, la Ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, y el Ministerio Público. Reclamaron que “resarcir los daños ocasionados” es fundamental para suspender su protesta y permitir la normalidad en Tayrona.

Uno de los puntos centrales es la restitución de espacios actualmente subutilizados, como el Museo Chairama y el área de camping de Cañaveral. Afirman que estos lugares “en este momento se encuentran subutilizados y en cambio serían utilizados por nosotros como medio de subsistencia por las familias de las comunidades Kogui del Magdalena”, según declaraciones reveladas por La FM.

Moscote propuso la creación de un modelo de coadministración en el Parque, compartiendo responsabilidades y decisiones entre Parques Nacionales Naturales y los pueblos originarios. “Se quiere la co-administración de Parques Tayrona, Parques es autoridad ambiental, pero es nuestro territorio ancestral, en eso tenemos que compartir la administración de los parques”, explicó Moscote en conversación con Blu Radio.

Las comunidades indígenas sostienen que desde su registro oficial ante el Ministerio del Interior en 2020, su sistema de gobierno propio ha sido desconocido, limitando su participación en la administración e impacto ambiental de la región.

“Las administraciones de varios parques bajo su jurisdicción han limitado su participación y han pasado por encima de su sistema de gobierno propio”, dijeron en La FM, señalando una vulneración de derechos fundamentales.

Moscote aclaró que la contribución solicitada a los visitantes tiene el carácter de donación voluntaria. “No es cobrar, es una donación que se pide voluntaria a los turistas. Esa donación, de $50.000, va para cubrir los gastos que se están generando en el Parque y después toca mirar lo que quede para distribuir en beneficio de las comunidades, que nunca hemos recibido nada de las taquillas”.

El objetivo es financiar gastos operativos y destinar excedentes a mejorar la infraestructura básica en zonas críticas para la comunidad.

Mientras tanto, las comunidades permanecen en asamblea permanente en el sector Zaino, sufriendo precariedad en condiciones de salubridad y alimentación y advirtieron que, de no ser escuchados, podrían movilizarse hacia Santa Marta en busca de una solución de fondo.

Exigen mesas de alto nivel donde el Gobierno verifique y cumpla los acuerdos previos, garantizando los derechos al trabajo, a la vida y a la vivienda de los indígenas, campesinos y demás habitantes de la Sierra Nevada.

“Nos mantendremos aquí de manera pacífica (...) lo que queremos es que nos atiendan y sepan que estamos dispuestos al diálogo porque somos personas que necesitamos nuestros derechos. Queremos verificar nuestros acuerdos y participar en mesas de concertación con el Gobierno”, afirmó el cabildo gobernador Kogui ante Blu Radio.

Atanasio Moscote expuso el cansancio de las comunidades por la falta de reconocimiento hacia su institucionalidad: “La falta de reconocimiento a su institucionalidad (...) ha tenido impactos directos en su territorio y en su economía comunitaria, especialmente por la pérdida de espacios que estaban siendo adecuados para la subsistencia de las familias indígenas”.

Director de Parques Nacionales Naturales, Luis Olmedo Martínez Zamora ordenó el cierre temporal del Tayrona

El cierre del parque Tayrona, según Luis Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia busca salvaguardar la integridad de los guardaparques y garantizar la protección de este espacio natural.

El funcionario subrayó que el cierre representa una medida ante situaciones que requieren la normalización mediante el diálogo con las autoridades locales, la Gobernación, la Alcaldía, así como el respaldo de la Defensoría, la Procuraduría y el Ministerio del Interior, con quienes han establecido canales para restablecer el curso normal de actividades en el parque.

Martínez Zamora resaltó que la prioridad es el “cuidado de la naturaleza y el respeto absoluto por la dignidad, la vida y la integridad de los guardaparques”, señalando que estos servidores públicos “entregan su talento, su convicción en la defensa de la vida”.

Añadió que resulta “reprochable cualquier tipo de amenaza para ellos”, insistiendo en que la intención de las autoridades no es mantener el cierre, dado el impacto que esto ocasiona, pero la protección del parque y su personal debe prevalecer.