La Armada de Colombia y la Policía Nacional ejecutaron una serie de operaciones de control fluvial en el departamento del Guainía, donde lograron neutralizar nueve Unidades de Producción Minera (UPM) dedicadas a la extracción ilícita de minerales. Estas acciones forman parte del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, desplegado en la región amazónica durante enero y febrero de 2026.
Según informó la Fuerza Naval de la Orinoquía, los operativos se concentraron en zonas fluviales cercanas a Inírida y Barrancominas, corredores clave para el tráfico de insumos y maquinaria asociada a la minería ilegal.
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Durante las intervenciones, las autoridades incautaron motores, bombas, mangueras, dragas, tapetes, rotores y combustible, así como otros elementos fundamentales para las actividades ilícitas.
Entre los bienes decomisados, destacan más de 12.000 galones de combustible empleados en la operación de las UPM, lo que representa un impacto significativo en la logística financiera de las redes criminales.
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El refuerzo de los patrullajes y la inspección de embarcaciones permitió detectar el transporte irregular de maquinaria y estructuras destinadas a la explotación ilegal de yacimientos mineros.
La minería ilegal con dragas genera graves afectaciones ambientales y sociales en la Amazonía. Las operaciones ilícitas contaminan los ríos con sedimentos y sustancias tóxicas, alteran los cauces naturales y destruyen ecosistemas acuáticos. Estos daños comprometen tanto la biodiversidad como la salud de las comunidades ribereñas.
De acuerdo con la Armada de Colombia, la vigilancia constante sobre los ríos evita que los ecosistemas amazónicos y de la Orinoquía sufran daños mayores, además de fortalecer la seguridad de las comunidades ribereñas.
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El comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.50, teniente coronel José Acuña, confirmó en un comunicado público: “Durante estos operativos, fueron incautados motores, dragas, bombas, mangueras y más de 12.000 galones de combustible, afectando de manera directa la logística y las finanzas de estas redes criminales”.
Todo el material incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el avance de los procesos judiciales.
Otra acción contundente en la Amazonía colombiana
En una operación similar reciente, la Armada de Colombia ejecutó la inhabilitación de nueve dragas dedicadas a la minería ilegal en los departamentos de Caquetá y Putumayo, en una acción conjunta con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
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El operativo se llevó a cabo en los municipios de Solano y Solita, el departamento de Caquetá, así como en áreas rurales de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, en Putumayo, zonas de alta sensibilidad ambiental y estratégica para la región amazónica.
De acuerdo con información oficial suministrada por la institución naval, las autoridades hallaron 261 galones de combustible tipo ACPM, motores, turboextractores y otros elementos que habitualmente se emplean en la extracción ilícita de minerales.
Los materiales habrían estado bajo control del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor), Estructura Carolina Ramírez, organización que sostiene actividades ilegales en esta zona estratégica del sur colombiano. La destrucción controlada de las dragas y materiales incautados se realizó en el lugar, siguiendo los protocolos para evitar un daño mayor a los ecosistemas.
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Estos dispositivos tenían el objetivo de sostener la explotación ilegal de yacimientos mineros, generando un flujo constante de recursos para el grupo armado residual en la región.
Las verificaciones realizadas por la Brigada de Infantería de Marina No. 3 señalan que los equipos incautados pertenecían a la Estructura Carolina Ramírez, vinculada a actividades delictivas y la financiación de economías ilegales mediante la explotación de recursos naturales.
En ambos casos, la Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y la seguridad territorial, asegurando que mantendrá operaciones sostenidas para garantizar la presencia del Estado en zonas estratégicas. Estas acciones buscan debilitar las economías ilícitas que afectan la estabilidad regional y promover la confianza de las comunidades.
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