Como parte de la campaña institucional Paz Electoral, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, expidió una nueva directiva dirigida a fortalecer la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia política contra las mujeres en Colombia.
La medida fue adoptada como parte de las acciones del Ministerio Público para reforzar la protección de la participación política de las mujeres en escenarios electorales y en el ejercicio de cargos públicos, mediante lineamientos obligatorios para servidores públicos y entidades responsables de atender este tipo de conductas.
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La Procuraduría señaló que la erradicación de la violencia política contra las mujeres no solo constituye una obligación legal, sino que también representa un elemento necesario para garantizar su vida e integridad, y para preservar la legitimidad del proceso electoral y la confianza ciudadana en las instituciones.
Directiva ordena enfoque de género e interseccional en todos los casos
De acuerdo con el documento expedido por el Procurador General, la directiva establece la aplicación obligatoria de un enfoque de género e interseccional en todas las actuaciones relacionadas con violencia política contra las mujeres (VPCM). Este enfoque reconoce que este tipo de violencia tiene carácter estructural y que se expresa de distintas formas según las condiciones de cada víctima.
En ese sentido, la Procuraduría indicó que la violencia política contra las mujeres puede agravarse por factores como la pertenencia étnica, la edad, el liderazgo social o político, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la ruralidad o la situación socioeconómica.
El documento señala que el propósito de esta disposición es garantizar que las autoridades adopten medidas diferenciadas en función de los riesgos y vulnerabilidades identificados, con el fin de fortalecer la respuesta institucional y evitar que este tipo de violencia limite el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
Canales de denuncia y trámite preferente para casos de violencia política
Entre las medidas definidas en la directiva se encuentra la habilitación de canales nacionales de denuncia en todas las modalidades, con el objetivo de facilitar el reporte de hechos asociados a violencia política contra las mujeres y garantizar atención oportuna.
Asimismo, la Procuraduría dispuso que los casos deberán recibir trámite preferente, lo que implica priorización en el curso de los procesos disciplinarios y administrativos que se deriven de las denuncias. Esta disposición se orienta a evitar demoras que puedan aumentar el riesgo para las víctimas o afectar su participación política.
La directiva también establece la prestación de asesoría psicojurídica integral, medida que busca brindar acompañamiento especializado a las mujeres que reporten situaciones de violencia política, integrando tanto orientación jurídica como atención psicosocial.
De igual forma, el documento contempla la articulación interinstitucional como mecanismo para coordinar acciones entre entidades del Estado, con el propósito de fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a estos hechos.
En el mismo marco, la Procuraduría incluyó la vigilancia del cumplimiento de los protocolos establecidos en corporaciones públicas, con el fin de verificar que se apliquen procedimientos adecuados para prevenir, atender y sancionar manifestaciones de violencia política en escenarios legislativos y administrativos.
Procuraduría anunció diligencia especial en investigaciones
La directiva expedida por el Procurador General también establece lineamientos sobre el desarrollo de investigaciones disciplinarias, en particular cuando se trate de servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado.
En este punto, el Ministerio Público recalcó que las investigaciones disciplinarias se adelantarán con especial diligencia cuando se incurra en conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres, buscando que las actuaciones institucionales no se limiten a la recepción de denuncias, sino que incluyan medidas efectivas de seguimiento y sanción.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró que la erradicación de este tipo de violencia se relaciona con la protección de la vida e integridad de las mujeres, y con la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y en los procesos democráticos, en particular durante periodos de campaña y elecciones.
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