La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la gerente general de la Central de Transportes Estación Cúcuta, Belkys Alejandra Forero Gélvez, y la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, por presunta indebida participación en política.
Según informó la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, el proceso busca establecer si ambas funcionarias organizaron y participaron en una reunión de naturaleza política el 23 de septiembre de 2025, realizada en las instalaciones de la Terminal de Transporte de la ciudad.
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“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, y a la gerente general de la Central de Transportes “Estación Cúcuta”, Belkys Alejandra Forero Gélvez, por una presunta indebida participación en política", dice el comunicado del Ministerio Público.
De acuerdo con la información divulgada por la Procuraduría General de la Nación, la apertura de la investigación tiene como objetivo verificar la ocurrencia de los hechos denunciados y determinar si estos constituyen una falta disciplinaria conforme al régimen legal vigente.
El ente de control indicó que la indagación evaluará si las implicadas actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad, en el marco de sus funciones públicas.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander recalcó que la investigación se encuentra en su etapa inicial y está dirigida a recaudar pruebas que permitan esclarecer el alcance de la presunta conducta de las funcionarias. El proceso disciplinario se enfoca en precisar si hubo una transgresión a la normativa que prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas.
Según la información oficial, la Central de Transportes Estación Cúcuta fue el lugar en el que habría tenido lugar la reunión de carácter político.
La subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, junto a la gerente general de la terminal, figuran como las principales investigadas en el proceso abierto por la autoridad disciplinaria.
La Procuraduría General de la Nación anticipó que, tras la recolección de pruebas y testimonios, se definirá si existen méritos para avanzar a etapas posteriores del proceso disciplinario o si procede el archivo de la investigación.
Hasta el momento, no se han divulgado resultados preliminares ni se han adoptado decisiones de fondo respecto a la responsabilidad de las funcionarias implicadas.
La Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contratación pública en el municipio de Matanza, Santander
La Procuraduría General de la Nación ha calificado la posible falta del exalcalde Cesar Armando Lozada Durán como grave y la del exasesor de Planeación Efraín Andrés Ríos Calderón como gravísima, en el desarrollo de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades contractuales en Matanza, Santander.
Según la investigación, Ríos Calderón, que actuó como supervisor del negocio jurídico, habría certificado la recepción a satisfacción de una obra destinada a la optimización de redes de captación del sistema de acueducto, aunque las labores no estarían en funcionamiento.
“La Procuraduría Provincial de Bucaramanga busca esclarecer la conducta de los investigados respecto a la celebración de un bilateral con el objeto de adelantar una obra por calamidad para la optimización de redes de captación del sistema de acueducto para la cabecera urbana; porque presuntamente el mandatario no remitió a la autoridad de control fiscal competente el decreto por medio del cual se declaró el estado de calamidad pública, el contrato y los antecedentes que lo motivaron”, se observa en el comunicado de la Procuraduría.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga busca determinar si el exalcalde omitió remitir a la autoridad de control fiscal el decreto de calamidad pública, así como el contrato y los documentos relacionados que dieron origen a la obra.
El ente disciplinario formuló el pliego de cargos a ambos exfuncionarios por la ejecución de un bilateral suscrito para la vigencia 2022, cuyo objetivo era atender una calamidad pública en la cabecera urbana de Matanza.
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