La Corporación Militares Víctimas del Conflicto Interno anunció que renuncia a la representación jurídica de 127 personas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones para ejercer la defensa de las víctimas.
Según informó Semana, la organización de la sociedad civil fue constituida en 2017, en el marco de la implementación del acuerdo de paz, con el propósito de acompañar, representar y dignificar a miembros de la fuerza pública y a sus familias que han sido víctimas del conflicto armado interno.
En una carta dirigida a la ONU, la Corporación señaló: “Desde nuestra creación, hemos adelantado de manera ininterrumpida procesos de representación jurídica y acompañamiento psicosocial gratuito ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con estricto apego al principio de centralidad de las víctimas, el enfoque diferencial y las acciones sin daño”.
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De acuerdo con la información entregada, en el macrocaso 01 la organización alcanzó a representar a 127 víctimas acreditadas, de las cuales 90 son víctimas directas y 37 indirectas. Indicó que esta labor se realizó sin financiación, contratos, convenios ni apoyo económico de entidades estatales o de cooperación internacional, sino con recursos propios y trabajo voluntario.
La Corporación denunció que existen limitaciones institucionales que afectan su ejercicio en diferentes frentes. Entre ellas mencionó dificultades en la convocatoria y concentración de las víctimas, la entrega oportuna de información, el acceso a espacios adecuados de socialización y el acompañamiento logístico mínimo.
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Según la organización, estas circunstancias se agravan por un fenómeno que describen como persistente estigmatización hacia las víctimas de la fuerza pública, quienes, en su criterio, continúan siendo asociadas al rol de perpetradores, lo que desconoce su condición de víctimas y profundiza procesos de revictimización institucional.
Asimismo, se advirtió sobre aparentes cuellos de botella relacionados con la falta de enfoque diferencial, el reconocimiento limitado y la débil articulación institucional. Para la Corporación, estos factores vulneran el acceso efectivo a la justicia, la reparación integral y la participación real de las víctimas en los procesos ante la JEP.
En ese contexto, la organización comunicó su decisión de dar un paso al costado en la representación jurídica dentro del macrocaso 01.
En el documento indicó: “La Corporación MilVíctimas anuncia formalmente su decisión de renunciar a la representación jurídica de las 127 víctimas acreditadas en el macrocaso 01, por la imposibilidad material, jurídica y operativa de continuar ejerciendo una representación digna, eficaz y respetuosa de sus derechos”.
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La determinación implica que las personas acreditadas deberán definir nuevas vías de representación ante la Jurisdicción Especial para la Paz, mientras persisten los cuestionamientos planteados por la organización sobre las condiciones institucionales para el ejercicio de la defensa y el acompañamiento de las víctimas en el sistema de justicia transicional.