Presidente de la USO reveló qué pasará con la permanencia de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol

El anuncio de la posible imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por aparentes delitos electorales plantea un escenario de incertidumbre para el futuro de la principal empresa petrolera de Colombia, tanto en su estabilidad institucional como en sus perspectivas financieras.

En este contexto, el sindicato mayoritario, la Unión Sindical Obrera (USO), reiteró que la responsabilidad de decidir sobre la continuidad de Roa corresponde de forma exclusiva a la junta directiva, órgano que representa la máxima autoridad de gobierno corporativo en la compañía.

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Ante este panorama, Martín Ravelo, presidente de la USO, alertó sobre el posible impacto negativo que estos procesos judiciales pueden tener en la cotización de Ecopetrol, que se encuentra listada tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la de Nueva York.

Ravelo expresó su confianza en que la junta directiva actúe con pleno rigor e imparcialidad y recordó que el sindicato mantiene su principio de respetar la presunción de inocencia antes de adoptar cualquier postura definitiva sobre la situación de Roa.

El líder sindical destacó en diálogo con 6 AM W: “Frente al futuro del presidente Ricardo Roa en la compañía, es una decisión que debe tomar la Junta Directiva de la empresa, que es el máximo órgano directivo de nuestra compañía”.

Esta afirmación sintetiza la postura de no interferencia de la organización laboral en asuntos cuya resolución depende del procedimiento interno y judicial correspondiente.

Ravelo insistió en el carácter constitucional de los derechos del presidente de Ecopetrol: “Ricardo Roa, ciudadano colombiano, tiene unos derechos constitucionales, la presunción de inocencia, el debido proceso, y el presidente de Ecopetrol tiene la obligación, como lo definen los estatutos del gobierno corporativo de la empresa, de resolver el tema con la junta directiva de Ecopetrol”, señaló el dirigente al medio.

La USO ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por todo acontecimiento que pueda poner en riesgo la estabilidad o el valor de Ecopetrol, subrayando su compromiso con la seguridad energética del país, la defensa del patrimonio público y el impulso de una transición energética justa. Ravelo afirmó: “Todo lo que coloque en amenaza esa situación de manera material, pues obviamente recibirá el rechazo y la movilización del sindicato”.

En relación con episodios previos de controversia, como la venta de activos en el Permian o la creciente importación de gas, Ravelo recordó que la USO solo ha asumido posiciones definitivas ante hechos consolidados e irrefutables, reservando la prudencia ante coyunturas personales o procedimientos en curso.

A la fecha, la organización sindical informó que no ha recibido comunicación oficial alguna sobre la imputación contra Roa, más allá de las informaciones difundidas por la Fiscalía a través de los medios.

Sobre el procedimiento penal, el líder sindical enfatizó que las notificaciones y procesos deben cumplirse únicamente por los canales legales pertinentes: “No son los medios de comunicación en materia penal los llamados a recibir las notificaciones. Eso debe agotarse de manera individual como igualmente la responsabilidad”.

El sindicato ratificó que, hasta el momento, no tomará posición respecto a la permanencia de Roa mientras que la junta directiva no emita una resolución formal y no se hayan agotado las garantías de debido proceso para el presidente de la empresa.

Fiscalía imputa cargos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

La Fiscalía General de la Nación formalizó dos solicitudes de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, por posibles irregularidades en el financiamiento electoral y adjudicación de contratos estatales.

En el contexto de la compra de un apartamento de alto valor en Bogotá, la transacción se realizó a través de Princeton International Holding e involucró a sectores vinculados al negocio hidrocarburífero, lo que motivó a la Fiscalía a abrir una investigación por un posible caso de tráfico de influencias relacionado con la adquisición del inmueble.

Paralelamente, una empresa sin antecedentes en la industria estuvo cerca de obtener un contrato de alto monto con una filial de Ecopetrol, lo que reforzó las sospechas sobre la intervención indebida en procesos contractuales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la campaña de Petro, bajo la gestión de Roa, habría recibido fondos superiores a los límites permitidos y omitido reportes obligatorios sobre movimientos financieros, incluyendo aportes sindicales.

Por estos hechos, el CNE impuso una multa de más de seis mil millones de pesos a Roa y sancionó adicionalmente a los partidos involucrados. La Fiscalía sustentó sus propias acciones en las conclusiones de este organismo para proceder con la imputación formal.

Ricardo Roa rechazó las acusaciones y sostuvo que la compra inmobiliaria se realizó con fondos propios, desconociendo los vínculos empresariales existentes en la operación. La defensa señaló, mediante un comunicado, que no ha recibido ninguna notificación formal sobre las audiencias. Al finalizar el día, la junta directiva de Ecopetrol no había brindado postura oficial y Roa continuaba en funciones al frente de la compañía.