La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgobernador de Chocó Patrocinio Sánchez Montes de Oca por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en la contratación para la producción, distribución y comercialización de licores en ese departamento entre 2008 y 2010.
De acuerdo con información oficial, el ente investigador informó que el exmandatario habría direccionado los procesos contractuales para beneficiar a una industria licorera del interior del país.
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Las investigaciones señalan que Sánchez Montes de Oca dispuso tramitar y celebrar dos contratos relacionados con estas actividades, incumpliendo las normas de contratación pública y desatendiendo ordenanzas departamentales.
“Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el entonces gobernador, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, presuntamente dispuso tramitar y celebrar dos contratos relacionados con las mencionadas actividades en contravía de las normas vigentes de contratación pública y desconociendo ordenanzas departamentales”, detalló la Fisclaía a través de un comunicado.
Uno de los puntos más graves identificados por las autoridades es la inclusión de cláusulas contractuales que eximieron a la empresa beneficiada de pagar el 12% del impuesto al consumo, un tributo obligatorio según la regulación vigente en ese periodo.
Esta exención, junto a otras irregularidades señaladas, habría permitido que la empresa obtuviera más de 14.154 millones de pesos en recursos públicos. “Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador Sánchez Montes de Oca los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado“, detalló la Fiscalía.
Ante estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Sánchez Montes de Oca los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. El exgobernador, por su parte, no aceptó los cargos que se le atribuyen.
Las pesquisas continúan, mientras el caso pone bajo la lupa la transparencia en los procesos contractuales del departamento y la protección de los fondos públicos.
Exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, acusado por contrato irregular y peculado por más de $20.900 millones
Las consecuencias para Arauca tras la firma del contrato de obra No. 544 han tomado un giro judicial: la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador José Facundo Castillo Cisneros por presuntas irregularidades en la ejecución de una vía doble calzada.
El proceso, según la acusación, habría causado un detrimento patrimonial superior a 2.818 millones de pesos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.
El contrato, suscrito el 26 de diciembre de 2014 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Desarrollo Vial Arauca, fue inicialmente pactado por más de 16.387 millones de pesos, pero recibió una adición en agosto de 2015 por otros 4.572 millones, elevando el monto total a más de 20.900 millones de pesos.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que la administración de Castillo Cisneros habría omitido requisitos legales esenciales desde la etapa de planeación. Entre las fallas señaladas figura el inicio del proceso de licitación sin contar con estudios previos de conveniencia y necesidad, además de la falta de análisis técnicos y económicos indispensables.
La acusación profundizó en la ausencia de estudios sobre la red eléctrica subterránea, así como en la omisión de la gestión predial, un elemento clave para adquirir los terrenos necesarios para la obra.
Sobre este punto, la Fiscalía precisó: “No estableció los términos y condiciones para la gestión y adquisición de los predios necesarios para la construcción de un proyecto de infraestructura definido como de utilidad pública e interés social”.
Las deficiencias detectadas en la preparación del contrato también incluyen la falta de actividades esenciales, como la conexión al alcantarillado pluvial y sanitario. Estas omisiones, de acuerdo con el ente acusador, vulneraron los principios de transparencia, planeación, economía y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
La Fiscalía advirtió que las irregularidades habrían limitado la libre concurrencia de oferentes, afectando el desarrollo social y económico del municipio de Arauca. El caso permanece en manos de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar la responsabilidad penal del exgobernador ante los señalamientos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
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