La crisis generada por las intensas lluvias en el Caribe colombiano ha dejado a más de 52 mil familias afectadas, una situación que ha provocado fuertes críticas a la gestión estatal.
Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, responsabilizó al Gobierno nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por la respuesta tardía ante la emergencia climática.
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El desastre, que ha golpeado a departamentos costeros desde finales de enero de 2026, ha generado al menos 15 víctimas mortales y mantiene a cinco personas en calidad de desaparecidas.
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De acuerdo con la exmandataria local, los organismos estatales recibieron alertas tempranas desde el 30 de enero, pero no desplegaron acciones preventivas ni ordenaron evacuaciones en las zonas de mayor vulnerabilidad.
“La atención de la emergencia por inundaciones y lluvias en el Caribe ha sido un absoluto desastre por parte del Gobierno”, afirmó López en su cuenta oficial de X.
La exalcaldesa agregó que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió con anticipación sobre la magnitud de las lluvias y la inminente inundación, pero sus recomendaciones no se tradujeron en medidas concretas de prevención.
El Comité Nacional de Riesgo se reunió formalmente hasta el 6 de febrero, cuando el impacto del frente frío ya se sentía en varias localidades del Caribe.
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Para López, esta tardanza evidencia una falla estructural en la gestión de emergencias, pues “no alertaron nada, ni ordenaron evacuación, ni prepararon absolutamente nada”.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha estado bajo el escrutinio público después de que se conocieran investigaciones contra más de 12 congresistas y varios funcionarios estatales.
De acuerdo con López, “más de 12 congresistas están investigados por haberse robado recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con la complacencia de funcionarios de este Gobierno”, una acusación que agrava la percepción de corrupción en el manejo de fondos destinados a la prevención y atención de emergencias.
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El balance de la emergencia, según datos de la Cruz Roja Colombiana y citados por López, indica que más de 70 mil personas han perdido todo y requieren asistencia inmediata. La organización habilitó canales de donación en línea para quienes deseen contribuir con las labores de ayuda.
La exalcaldesa también subrayó que, pese a la existencia de información suficiente para prever el desastre, las autoridades competentes optaron por la inacción.
“Porque a pesar de tener la información, no hicieron nada”, sostuvo en su intervención pública. Esta omisión, añadió, debe ser objeto de sanciones disciplinarias y penales una vez superada la fase de emergencia.
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres enfrenta cuestionamientos por la supuesta pérdida de recursos y la falta de alertas oportunas.
Según López, “los recursos se pierden, la gente lo pierde todo y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no advierte nada para cumplir su labor de proteger a la gente”. El señalamiento también incluye la exigencia de que los funcionarios asuman su responsabilidad y respondan ante las autoridades competentes.
El Gobierno nacional, por su parte, anunció una revisión de los protocolos de atención y prometió mejoras en la articulación con las entidades territoriales. No obstante, voces críticas insisten en que la ineficacia y la corrupción han profundizado la crisis, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
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Mientras tanto, la Cruz Roja reiteró la urgencia de apoyar a quienes han perdido sus hogares y medios de vida a causa de las inundaciones.
López concluyó su pronunciamiento con un llamado a la solidaridad y a la acción ciudadana: “Ya llegará el momento de que quienes tuvieron este acto de corrupción e ineptitud respondan ante las autoridades, porque el número de delitos que les cabe por no haber advertido nada ni organizar una evacuación es mayúsculo”.
La prioridad, en palabras de la exalcaldesa, es canalizar la ayuda hacia las familias afectadas, mientras la justicia y los órganos de control avanzan en las investigaciones correspondientes.
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