Gobernación del Caquetá en la mira de la Procuraduría por serias irregularidades en millonaria obra vial

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por posibles irregularidades en la contratación de una obra vial en Caquetá, cuyo valor supera los 44.000 millones de pesos.

Informó el Ministerio Público que el proceso disciplinario involucra a servidores por determinar de la Gobernación del Caquetá y a particulares por determinar del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, actualmente Gestora de Proyectos para el Desarrollo (Gesprode).

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De acuerdo con información de la Regional de Instrucción de Caquetá, se habrían detectado graves irregularidades en la inversión de recursos públicos y falta de seguimiento y control en la ejecución de los dineros asignados y cancelados al contratista.

El contrato tenía como objetivo el mejoramiento y pavimentación de la vía Morelia Valparaíso – Solita, en su segunda fase. Ese tramo sigue aún sin pavimentación.

La Procuraduría también investiga posibles problemas en la etapa de planeación, relacionados con deficiencias en los estudios y diseños del proyecto.

El ente de control solicitó a la Gobernación de Caquetá y a Gesprode información documental sobre los aspectos administrativos, así como los antecedentes precontractuales, contractuales y postcontractuales de los contratos de obra e interventoría celebrados para la ejecución de la obra.

La obra se anunció en 2022

Ese año, el entonces gobernador del Caquetá Arnulfo Gasca Trujillo confirmó el avance de un proyecto para la pavimentación de 15 kilómetros de la vía entre Valparaíso y Solita, tras gestiones ante autoridades nacionales y el respaldo de las comunidades locales, que reclamaban una solución definitiva al deterioro de la única ruta terrestre hacia el interior del país.

El inicio de estas obras que cuatro años después no se ha culminado, daría fin a los largos periodos de incertidumbre vividos por residentes y transportadores, que denunciaron persistentemente los perjuicios derivados de la mala transitabilidad de la zona, agravados en temporadas de lluvias.

Según cifras entregadas por la Gobernación del Caquetá en su momento, en la primera fase ya se habían pavimentado 21 kilómetros en el tramo Morelia-Valparaíso, aunque 19 de ellos fueron ejecutados durante la administración de Gasca.

Sin embargo, ese segmento fue suspendido y sometido a liquidación debido a inestabilidad en el sector de La Vega y dificultades técnicas, circunstancias que obligaron a invertir cerca de $300 millones de pesos en nuevos estudios y diseños para modificar el proyecto.

Gasca Trujillo, al socializar el nuevo proceso, señaló que la pavimentación entre Valparaíso y Solita emplearía asfalto caliente, lo que prometía una duración de 15 a 20 años y permitirá a la población transportar “la leche, el queso, el ganado, el plátano, la yuca, el arroz, todo lo que produce el municipio de Solita, sin ningún inconveniente”.

El alcalde de Solita, Luis Antonio Morales, destacó que disponer de una carretera digna impactará a múltiples comunidades, incluidas aquellas que se movilizan hacia Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Solano, La Tagua y las veredas aledañas, según informó la Revista Congreso.

Procuraduría investiga presuntas irregularidades en construcción de Centros Vida en Florencia: Gobernación estaría incriminada

La Procuraduría también anunció el 6 de febrero de 2026 la apertura de una investigación para esclarecer posibles irregularidades en la ejecución del contrato para la construcción de Centros Vida en Florencia, Caquetá, por más de $3.500 millones.

El órgano de control revisa la gestión de servidores y particulares relacionados con la Gobernación del Caquetá, que tuvieron a su cargo la supervisión de los contratos de consultoría y de interventoría en la obra.

Según la Procuraduría, la indagación se enfoca en determinar si existieron anomalías en la autorización y certificación de un pago que superó el 50% del valor de la obra, realizado apenas nueve días después de la firma del acta de inicio del contrato.

Además, la entidad examina posibles pagos por modificaciones no ejecutadas, así como autorizaciones relacionadas con el Protocolo de Bioseguridad y el Plan de Manejo Ambiental incluidos en el proyecto.

El comunicado emitido desde Bogotá el 6 de febrero de 2026 señala que la investigación pretende establecer si la ejecución de las obras inició sin la respectiva licencia de construcción y si las especificaciones técnicas pactadas en el contrato se cumplieron en su totalidad.