
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo reporte sobre el eventual aumento sostenido en los niveles del río Sinú debido a las lluvias recientes que han incrementado el caudal aguas abajo del embalse de Urrá, en el departamento de Córdoba.
Según los análisis del Ideam, la situación podría mantenerse durante el primer fin de semana de febrero.
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De acuerdo con el informe oficial, las lluvias recientes han elevado el nivel del embalse de Urrá y generado crecidas progresivas en varios puntos del río.
No obstante, el Ideam prevé que, aunque las lluvias esperadas para los próximos días serían menos intensas que las anteriores. Aún así, podrían sostener el nivel alto del río Sinú y ocasionar nuevos incrementos del caudal.

Los cambios en el nivel del río no se presentan de manera simultánea a lo largo de su recorrido. El Ideam precisó que, tras un aumento en la parte alta del Sinú, la creciente se percibe en Montería aproximadamente 11 horas después, en Lorica unas 14 horas más tarde y en la desembocadura alrededor de 22 horas después. El inicio exacto del incremento depende de la intensidad y localización de las precipitaciones.
Ante este panorama, el Ideam recomendó a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y prestar atención a los antecedentes de inundaciones en sus zonas de residencia.
Además, instó a seguir las instrucciones de las autoridades locales y los Consejos de Gestión del Riesgo para prevenir emergencias asociadas a la creciente del río Sinú.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución hidrológica en la cuenca del Sinú y recalcaron la importancia de la prevención y la coordinación comunitaria para reducir el impacto de posibles inundaciones.
El departamento de Córdoba: el más golpeado por la ola invernal
Durante el 6 de febrero, el presidente Gustavo Petro encabezó el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dejó ver la gravedad de la situación en Córdoba y Sucre.
“Hay 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas”. El mandatario señaló que la región enfrenta35.000 hectáreas inundadas y 300.000 hectáreas afectadas por un fenómeno climático sin precedentes.
Sin embargo, Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional que revoque la suspensión del decreto de emergencia económica, alegando la necesidad de enfrentar los daños causados por el reciente frente frío en Colombia y anticipando la llegada de un segundo evento similar.
Según escribió en sus redes sociales, estas condiciones extremas obliga al Estado a implementar medidas urgentes de atención, distribución de kits de emergencia, construcción de alojamientos provisionales y movilización de equipos técnicos, coordinados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Petro aludió de forma directa a la decisión del tribunal constitucional de impedir la aplicación de la emergencia económica. Insistió en que el desastre era previsible y ya había sido advertido por el Gobierno.

El presidente advirtió sobre el peligro que significa el eventual desbordamiento de la Central Hidroeléctrica Urrá, localizada en Montería.
Petro sostuvo que la llegada a la región Caribe de una corriente fría ártica representa un fenómeno sin antecedentes en los registros históricos nacionales, generando lluvias “sin recuerdo estadístico” y saturando los embalses.
Denunció que la operación de las hidroeléctricas ha permanecido restringida debido a la prioridad que se les otorgó a las plantas termoeléctricas de gas. Señaló que esta decisión elevó los costos de la energía y saturó los embalses, fenómeno agravado, en su opinión, por “la codicia con que se ha manejado los embalses de agua”.

Respecto a la gestión estatal, el presidente anunció que el Ejército Nacional llevará a cabo la demolición de diques que obstaculizan el flujo de agua y la recuperación de zonas ilegalmente apropiadas en ciénagas y caños, buscando así mitigar las consecuencias de las inundaciones.
Además, exigió a la Superintendencia de Servicios Públicos revisar el funcionamiento de los embalses y sancionar cualquier manipulación especulativa de las tarifas eléctricas.
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