Abogado de la familia de Liam Gael Rodríguez denunció contradicciones en informes forenses y falta de información judicial

La familia de Liam Gael Rodríguez, bebé de 11 meses que falleció en un jardín infantil de La Calera, continúa sin respuestas claras sobre la muerte del menor, a casi cinco meses de los hechos.

Juan Manuel Castellanos, abogado de la madre, denunció al medio El Tiempo la existencia de contradicciones entre los informes forenses y la falta de acceso a información judicial clave, lo que, según él, dificulta esclarecer si la muerte fue accidental o el resultado de un posible episodio de violencia.

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“El primer informe de necropsia catalogó la muerte como violenta, homicidio, y señalaba sofocación por obstrucción de la vía aérea superior. Sin embargo, un segundo dictamen concluyó que la causa de muerte era natural, asociada a una alergia o a un virus que afectó el corazón del menor. Esa contradicción tan grande no se logra entender”, aseguró Castellanos.

El caso comenzó el 29 de septiembre de 2025, cuando Mildred Narváez dejó a su hijo en el centro de estimulación temprana Art Kids antes de dirigirse a trabajar.

Tres horas después, recibió una llamada informando sobre el traslado urgente del menor al hospital Divino Salvador de Sopó. Allí, los médicos determinaron que Liam Gael había sufrido una broncoaspiración, definida como la entrada accidental de líquidos o sólidos en la vía respiratoria. Pese a la atención médica, el menor falleció ese mismo día.

Desde entonces, Castellanos ha denunciado la falta de transparencia por parte de la Fiscalía, afirmando que durante meses la familia no pudo revisar los informes de necropsia ni acceder a información relevante del proceso.

“Las víctimas han sido estigmatizadas y desatendidas por la Policía Judicial”, dijo, y pidió que se tomen nuevas declaraciones a las docentes, quienes solo habrían sido escuchadas una vez tras los hechos.

Los informes forenses coinciden; no obstante, en la existencia de lesiones y rastros de fluidos en las partes íntimas del menor, lo que motivó la investigación por presunto abuso sexual.

El abogado advirtió que hasta la fecha no se ha realizado prueba de ADN al padre para verificar correspondencia con las muestras halladas y subrayó la necesidad de que se investigue con igual rigor un posible homicidio, dado que el primer dictamen señalaba marcas en el cuello y detrás de las orejas que podrían indicar asfixia y maniobras de auxilio.

A este panorama se suma la reciente decisión judicial que dejó en libertad a Michael Stiven Rodríguez Ayala, padre del menor, imputado de manera preliminar por los delitos de acto sexual y acceso carnal violento contra menor de 14 años.

La determinación fue adoptada el pasado 29 de enero de 2026 por el Juzgado 49 de control de garantías de Bogotá, que consideró insuficientes los elementos probatorios presentados por la Fiscalía para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

La información fue confirmada por la firma JMC Abogados, representante legal de Mildred Narváez, madre del bebé, que aclaró que la libertad concedida al imputado no implica absolución ni cierre del proceso. Rodríguez Ayala continúa vinculado formalmente a la investigación, que permanece en etapa de indagación.

Durante la audiencia, tanto el Ministerio Público como la defensa de la víctima coincidieron en que, “en este momento procesal”, no existe una inferencia razonable de autoría o participación que permita justificar la restricción de la libertad del procesado. La jueza, según el comunicado de JMC Abogados, evidenció una “debilidad investigativa” por parte del ente acusador.

La defensa de la madre cuestionó que, pese a la gravedad del caso, la Fiscalía no haya definido con claridad la línea investigativa principal, ni haya garantizado el acceso oportuno de la víctima a información técnica determinante.

Castellanos señaló que esta situación ha generado vacíos sustanciales y ha limitado la participación efectiva de Narváez en decisiones clave del proceso judicial.

De acuerdo con la firma de abogados, la Fiscalía está obligada a avanzar de manera simultánea en dos frentes: esclarecer la causa de la muerte del menor, ante las contradicciones entre los dictámenes forenses, y profundizar la investigación por el presunto delito sexual, a partir de los hallazgos periciales reportados.

Para ello, solicitaron la convocatoria urgente de una reunión entre los fiscales a cargo del caso, con el fin de definir una ruta clara de actuación.