
Luego de que la Corte Constitucional suspendiera el decreto que imponía un nuevo cobro a las empresas generadoras de energía eléctrica, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), sostuvo que fue una “decisión coherente”.
La medida de la Corte detiene la aplicación del decreto 0044 de 2026 que establecía un aporte parafiscal del 2,5% para el sector energético. Esta medida era una de las claves de todo el paquete de normas que se habían adoptado para enfrentar la crisis económica en la generación de energía en el país.
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“La decisión de la Corte Constitucional de suspender los efectos del decreto 044 era algo que preveíamos que sucedería esta semana. El jueves pasado la Corte suspendió el Decreto 1390, que es el decreto principal sobre el cual se establecieron los tributos tanto de la Dian como este de las generadoras. En ese momento, el Decreto 044 no estaba listado. Una vez fue incluido el viernes, la Corte lo analizó y tomó la misma decisión que con el decreto de la Dian: suspender sus efectos”, dijo Castañeda, a través de un video.
En ese sentido destacó que la decisión judicial implica que, por el momento, las compañías del sector no están obligadas a cancelar ese nuevo aporte. Incluso, detalló que las generadoras no lograron realizar ningún pago.
“Hasta el momento, la Superintendencia de Servicios Públicos no había realizado la liquidación correspondiente. El decreto 044 establecía que la Superintendencia debía liquidar el impuesto y cobrarlo a las empresas, pero esto no había ocurrido. Por lo tanto, las empresas generadoras no habían efectuado ningún pago, ya que la fecha límite para el primer pago estipulada en el decreto era el 2 de febrero de 2026”, explicó.
Andeg pidió a la Corte Constitucional que analice las razones de Petro para decretar la emergencia económica
Ante esta suspensión, Castañeda solicitó a la Corte Constitucional que ahora indague las razones de fondo que llevaron al Gobierno Petro a decretar la emergencia económica. Comentó que la situación financiera del sector energético ya se estaba tratando, de manera que el no era necesario el paquete de gravámenes.
“Consideramos que no existe fundamento para haber decretado una emergencia económica. No hay hechos sobrevinientes ni elementos nuevos en la economía, el sector eléctrico o el ordenamiento jurídico que justifiquen la adopción de medidas distintas a las que puede aplicar el Gobierno en su gestión diaria”, añadió el ejecutivo.

Y es que uno de los objetivos del decreto frenado era recaudar fondos para la empresa eléctrica Air-e, intervenida por el Gobierno Petro, que mantiene deudas por cerca de 1,7 billones de pesos con actores del sector eléctrico.
De esa suma, aproximadamente 1,2 billones corresponden a generadoras térmicas, muchas de ellas ubicadas en la región Caribe. Tal situación, en la vida diaria, ha significado un dolor de cabeza para los habitantes de la región Caribe, que han debido experimentar falencias en la provisión energética y tarifas muy altas, de manera que han debido ser subsidiados.
Pero de cara a esta situación, Castañeda alegó que los problemas del sector eléctrico, la situación de los subsidios y el caso de Air-e ”no son nuevos".
Explicó que han sido los subsidios los que “han generado problemas de pago en los últimos dos años y la intervención en Air-e ocurrió hace más de un año y medio”.
En esa misma línea, dijo que “la Superintendencia y el Gobierno nacional son responsables de la prestación del servicio en la región Caribe y en todo el país”.

Mientras la empresa que provee de energía eléctrica al Caribe colombiano esté intervenida, los recursos deberían venir del Estado, según el titular de la Andeg.
“Esperamos que el Gobierno avance en la búsqueda de alternativas dentro del presupuesto general para fortalecer el fondo empresarial de la Superintendencia, trasladar los recursos a Air-e y permitir que la empresa pueda sostenerse, seguir operando y cumplir con sus obligaciones a futuro”, concluyó Alejandro Castañeda.
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