La petición del padre de Miguel Uribe Turbay a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que continúe investigando el asesinato de su hijo, que sufrió un atentado el 7 de junio de 2025, se difundió a través de su cuenta en la red social X, destacando la urgencia de un seguimiento en este caso.
El político expresó: “Como padre de Miguel Uribe Turbay y en nombre de mi familia, solicito a la @CIDH que continúe vigilando el proceso por el asesinato de mi hijo”, dando voz al reclamo de quienes se sienten desplazados por la violencia en el país.
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El llamado recordó la dimensión real del crimen y rechazó cualquier intento de manipulación: “Miguel no fue una narrativa, ni un discurso, ni una estrategia política”, sentenció el padre, poniendo énfasis en la persona más allá de los debates públicos. Alejándose de la discusión política, calificó de inadmisible cualquier intento de utilizar el hecho con fines ajenos al esclarecimiento.
En su mensaje, el reclamo de justicia se articuló desde la denuncia contra la desinformación y la instrumentalización: “Es perverso engañar al país con información falsa”, sostuvo, y puntualizó que “insinuar su instrumentalización o convertir su muerte en una disputa política revictimiza a nuestra familia y hiere a la sociedad entera”.
El autor hizo hincapié en que el hecho constituye un delito grave: “Su asesinato fue un crimen de lesa humanidad, resultado de la violencia política y de la polarización extrema”. La solicitud concluyó con un mandato firme dirigido a las autoridades y la sociedad: “Exigimos protección, orden y justicia para las víctimas y para Colombia”.
La Cidh negó medidas cautelares solicitadas por el abogado de la familia de Miguel Uribe
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) resolvió cerrar el expediente sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
De acuerdo con la Unidad Nacional de Protección (UNP), la comisión determinó que la petición no cumplía los requisitos exigidos por el artículo 25 de su reglamento. Esta decisión, según el documento de la Cidh enviado a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, no exime al Estado de Colombia de sus obligaciones de protección hacia quienes estén en situación de riesgo.
Aunque la decisión de la Cidh impide avanzar en la solicitud específica de nuevas medidas de protección internacionales, la UNP aseguró que continuará brindando el servicio de seguridad a la familia de Miguel Uribe Turbay.
Además, destacó que el cierre del expediente no constituye un obstáculo para que la entidad mantenga sus funciones de resguardo. La UNP afirmó que entregó a la Cidh todos los elementos sobre el desarrollo de sus tareas en este caso.
En julio de 2025, el abogado Víctor Mosquera había informado sobre una reunión con la Cidh para exponer argumentos a favor de la solicitud de cautelares y destacó que también presentó una petición para proteger al partido Centro Democrático, al que pertenecía Uribe Turbay.
Dicha petición buscaba salvaguardar los derechos de la colectividad opositora ante las próximas elecciones de 2026. Mosquera detalló: “A su vez, también estamos presentando unas medidas cautelares en favor de todos los integrantes de la oposición del partido Centro Democrático, con el objetivo no solamente de salvaguardar su vida e integridad personal, sino de cara a las elecciones del próximo año (2026)”.
El abogado entregó a la Cidh documentación que, según afirmó, respaldaba denuncias sobre presuntos discursos de odio y estigmatización promovidos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro contra Miguel Uribe, así como posibles fallas en la protección y actos de desinformación por parte de la UNP.
Mosquera también advirtió sobre eventuales injerencias de la administración de Petro en la investigación por el homicidio del senador, subrayando que la competencia exclusiva correspondía a la Fiscalía General de la Nación. Según sus declaraciones, el Gobierno habría desarrollado indagaciones paralelas e informado al público sobre presuntos responsables.
En ese sentido, indicó: “Establecemos que se han venido dando nombres de organizaciones criminales tratando de cerrar esa investigación o direccionarla, y esto no puede ser permitido (…). Presentamos un informe que demuestra que se ha venido obstaculizando por parte del Gobierno nacional las investigaciones que tienen total independencia y nuestro respaldo respecto de la Fiscalía General de la Nación, quien viene desarrollando un trabajo muy acucioso”.
Finalmente, Mosquera comunicó a la Cidh que la familia de Miguel Uribe Turbay solicitaba que a los investigados por el crimen se les imputaran cargos por terrorismo.
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