La tarde del lunes 2 de febrero, Barranquilla se estremeció por el ataque con explosivos a la cárcel Distrital El Bosque, que dejó dos guardias heridos.
El efecto de la detonación no solo sacudió la infraestructura penitenciaria, también la cotidianidad de los residentes del barrio El Bosque, que, según relataron a Semana, corrieron despavoridos tras escuchar el estallido.
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“Yo estaba aquí en mi casa. La explosión fue tan grande que estremeció todo. O sea, uno sintió como que se movió todo. Eso fue impresionante, imagínate tú. Algo grave tuvo que pasar ahí. Eso explotó durísimo”, narró Nancy Marrugo, vecina del sector y testigo del atentado.
Según Marrugo, la confusión y el miedo se apoderaron de la zona tras el ataque. “Yo no sé cómo salió tanta gente, pero todo el mundo vino corriendo. La policía llegó enseguida; todos vinieron rápido. Cerraron la calle de acá y también cerraron del otro lado para que la gente no pasara”, indicó la mujer, que, desde su vivienda, apenas distinguía lo que ocurría debido al fuerte despliegue policial.
“Desde acá no se veía bien, porque había demasiado policía. Ellos pusieron las patrullas cerrando todo inmediatamente”, afirmó Marrugo en conversación con ese medio.
Contexto de violencia y tensión en los alrededores
El miedo en el barrio El Bosque no es reciente. Marrugo recordó que el fin de semana previo al ataque, se escucharon disparos cerca de la cárcel. “Nos habían dicho que este fin de semana, durante la visita, personas dispararon dentro de la cárcel o contra la cárcel”, agregó. La tensión, según vecinos, se intensificó por la presencia de bandas criminales que disputan el control de los centros de reclusión en la ciudad.
Fuentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla señalaron al mismo medio que los responsables del atentado serían integrantes de Los Costeños, organización criminal bajo el mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor.
“Lo que nos dicen fuentes no formales es que hasta el establecimiento carcelario, hace unos días llegaron varios integrantes de la banda de Los Pepes que lidera Digno Palomino, pero ahí no los quieren los integrantes de Los Costeños, lo que ha generado esta disputa entre ellos a tal punto que mira en lo que va”, precisó uno de los voceros a Semana.
Históricamente, la cárcel La Modelo ha recibido a miembros de Los Pepes, mientras que en El Bosque, tanto la penitenciaría (a cargo del Inpec) como la cárcel distrital (administrada por la Alcaldía de Barranquilla), trasladaron a Los Costeños, según reportes de la prensa local.
Reacción oficial y exigencias de la Defensoría del Pueblo
El atentado encendió las alarmas en las autoridades y entre organismos de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo rechazó el ataque contra el cuerpo de vigilancia y custodia del centro de reclusión e instó al Estado a tomar medidas urgentes.
El organismo advirtió que este hecho “no es un evento aislado”, sino que evidencia “la extrema vulnerabilidad en la que desarrollan su labor el cuerpo de custodia y vigilancia del sistema penitenciario y carcelario”, en medio de una cadena persistente de violencias que ha afectado de manera sistemática a funcionarios del Inpec y a sus familias.
La Defensoría recordó que en las últimas semanas se presentaron otros ataques graves contra funcionarios del sistema carcelario, como el atentado ocurrido el 13 de enero en Neiva, donde fue asesinado el hijo del director de un centro carcelario, un niño de 11 años, y la posterior muerte del subdirector del mismo establecimiento. También mencionó el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y múltiples atentados en ciudades como Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena.
Fallas estructurales y demandas de protección
La Defensoría atribuyó la persistencia de estos hechos a “fallas estructurales en las estrategias de prevención, seguridad y protección del personal penitenciario y carcelario”, y alertó que los funcionarios continúan expuestos permanentemente a amenazas y retaliaciones, sin respuestas suficientes que garanticen su vida e integridad.
El organismo pidió a las autoridades nacionales y territoriales adoptar acciones inmediatas de protección para los funcionarios y sus familias, revisar las condiciones laborales del personal de custodia y reforzar la seguridad en los centros de reclusión.
Al final, la Defensoría también solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar investigaciones diligentes y efectivas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. “No es posible hablar de un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos sin garantizar la seguridad de quienes lo integran”, concluyó el organismo.