La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes inició una investigación disciplinaria contra Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La medida surgió en el contexto de un enfrentamiento judicial entre la togada y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien había presentado una acción de tutela alegando demoras por parte de la corporación en el avance del expediente contra Lombana.
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El caso forma parte de una serie de disputas legales entre Benedetti y la magistrada, que ya han coincidido en diversas instancias judiciales.
En esta oportunidad, la controversia incluye una recusación interpuesta por el jefe de la cartera política contra Lombana, en un intento de apartarla de procesos en los que él figura como parte interesada.
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La apertura de la investigación marca un hecho inédito, ya que es la primera vez que la Comisión de Investigación y Acusación indaga a un magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
Esta instancia, además de tener facultades para investigar a miembros de la alta corte, también puede adelantar actuaciones disciplinarias contra el presidente de la República.
El trasfondo de la investigación incluye un reciente fallo de tutela favorable a Benedetti en medio de otro proceso, esta vez contra el representante Juan Carlos Wills, donde se reconoció la existencia de demoras injustificadas en el trámite del caso.
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Dicho pronunciamiento reforzó los argumentos del ministro sobre la lentitud con que se han abordado asuntos judiciales en los que él participa.
La Comisión de Investigación y Acusación deberá ahora determinar si existen méritos suficientes para sancionar a la magistrada Lombana, en medio de un ambiente de tensión institucional entre el poder político y la rama judicial.
El desarrollo del proceso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad disciplinaria de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Benedetti logró respaldo parcial del Tribunal en disputa con Wills por demoras en investigación
El 20 de enero de 2026, el Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo de tutela relevante dentro del proceso que enfrenta al ministro del Interior, Armando Benedetti, con el congresista Juan Carlos Wills, representante investigador en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
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La decisión judicial responde a la acción de tutela interpuesta por Benedetti, quien solicitó la protección de sus derechos fundamentales durante el desarrollo de la investigación que adelanta la mencionada corporación legislativa en su contra.
El ministro había cuestionado ante la justicia las demoras de la Comisión de Acusación en el expediente que involucra también a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.
En el fallo, el Tribunal Superior de Bogotá accedió parcialmente a sus pretensiones, revocando una sentencia anterior del Juzgado Catorce de Familia de Bogotá. La nueva decisión ordena al representante Wills continuar el proceso de investigación contra Lombana y garantizar impulso procesal conforme a la legislación vigente.
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“El Tribunal resolvió tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por Armando Benedetti”, señala el fallo.
El texto añadió que Juan Carlos Wills debe, en un plazo de cinco días desde la notificación, impartir impulso procesal a las diligencias relacionadas, siguiendo el marco normativo aplicable.
Este fallo constituye un nuevo capítulo en la controversia entre Benedetti y Wills. El ministro había logrado previamente que la justicia ordenara a la Comisión de Acusaciones decidir sobre la investigación a la magistrada Lombana, expediente que permanece en esa instancia.
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Ahora, además, el Tribunal ha solicitado que se vincule a la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, al proceso.
La disputa refleja la tensión institucional entre el Ejecutivo y la rama legislativa, especialmente en lo relativo a la investigación de altos funcionarios judiciales.
El pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá constituye un precedente sobre la obligación de las entidades legislativas de garantizar celeridad y respeto al debido proceso en sus investigaciones.
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