En medio del fuerte debate que dejó la decisión del Banco de la República de subir la tasa de interés de política monetaria, el Gobierno anunció un giro en la política de precios de los combustibles. Durante la misma rueda de prensa en la que se explicó el aumento de tasas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el precio de la gasolina tendrá una reducción de $500 a partir de febrero.
El anuncio lo hizo minutos después de conocerse la determinación del banco central, en un escenario marcado por el cruce de posiciones entre la Junta Directiva del Emisor y el Ejecutivo. Según explicó Ávila, en los próximos días se expedirá el decreto que hará efectiva la rebaja y que esta será la primera de varias reducciones que están en evaluación.
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“La gasolina en febrero bajará $500 pesos”, afirmó el ministro, al señalar que la medida hace parte de una estrategia más amplia del Gobierno para aliviar el bolsillo de los consumidores y moderar las presiones inflacionarias. En ese sentido, fue enfático en que “no va a ser la única reducción”, dejando abierta la puerta a nuevos ajustes en los meses siguientes.
De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, el precio de los combustibles se convirtió en un factor clave dentro de la dinámica de la inflación, especialmente por su impacto en los costos de transporte y en la cadena de producción de bienes y servicios. Por eso, explicó, el Ejecutivo considera que intervenir este componente puede ayudar a contener el alza de precios en un contexto de tasas de interés elevadas.
Los números de la reducción
La discusión sobre una posible reducción en el precio de la gasolina no se entiende sin mirar los números del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y, sobre todo, cómo cambió su fotografía en los últimos tres años. Lo que hoy abre la puerta a una rebaja era impensable en 2022, cuando el fondo se había convertido en uno de los mayores riesgos fiscales del país.
El Fepc nació en 2007 para amortiguar la volatilidad internacional del petróleo. El problema llegó en 2020, cuando el gobierno de Iván Duque congeló los precios en plena pandemia. Mientras los consumidores pagaban un galón artificialmente barato, Ecopetrol seguía recibiendo el precio real. Esa diferencia la asumió el Estado. El resultado fue un déficit billonario que terminó desplazando recursos de inversión pública. Entre enero de 2022 y junio de 2025, la Nación pagó $72,8 billones a Ecopetrol por subsidios acumulados, una cifra que explica por qué el ajuste posterior era inevitable.
En 2022, el Estado estaba subsidiando cerca de $6.000 por cada galón de gasolina. Por eso el Gobierno Petro optó por un aumento gradual que llevó el precio de $9.100 en septiembre de ese año a $15.200 en enero de 2024. Hoy el promedio nacional ronda los $16.000, con incrementos mensuales pequeños, como el de $90 en enero. Ese ajuste, aunque impopular, permitió cerrar buena parte del hueco fiscal del Fepc.
El diésel, en cambio, siguió otro camino. El intento de un alza fuerte en 2024 terminó en paro camionero y obligó al Gobierno a retroceder. Desde entonces, la estrategia fue desmontar subsidios de forma selectiva, primero a grandes consumidores y luego a vehículos particulares, oficiales y diplomáticos. Aun así, la brecha persiste.
Los datos muestran un giro estructural. Según Anif, el déficit del Fepc cayó de $36,7 billones en 2022 a $10,7 billones en 2024 y habría cerrado 2025 en $3,9 billones. El punto clave es que hoy la gasolina en Colombia está por encima del precio internacional.
Con este nuevo equilibrio, Anif proyecta que el Fepc podría cerrar 2026 con un superávit de $2,6 billones. Si la gasolina baja $300 o $500 desde febrero, ese colchón se reduciría, pero no desaparecería de inmediato. El riesgo está en el dólar, un cambio brusco en la tasa de cambio podría borrar ese margen y reabrir el problema fiscal.