La situación de seguridad en Bogotá enfrenta un deterioro evidente, según denunció la concejala Diana Diago, que advirtió que la Administración distrital no cumplirá la meta de reducción de homicidios establecida en el Plan de Desarrollo.
De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 la ciudad registró 1.173 homicidios, lo que mantiene la tasa en 14 homicidios por cada 100 mil habitantes, un nivel similar al reportado por Sinaloa en 2022, antes de la intensificación de la violencia criminal en ese estado mexicano. Esta cifra representa una alerta temprana sobre el riesgo creciente para los ciudadanos capitalinos.
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La cabildante recordó que, en 2023, justo antes del inicio de la actual administración, Bogotá presentaba una tasa de 13,6 homicidios por cada 100 mil habitantes, y que el Plan de Desarrollo fijó como meta reducirla a 11 en 2025, con el objetivo de cerrar el periodo de gobierno en 2027 con una tasa de 8 homicidios.
“Eso no ocurrió. Por el contrario, entre 2023 y 2025 la tasa subió de 13,6 a 14 homicidios por cada 100.000 habitantes. La meta no se está cumpliendo y el objetivo final hoy está más lejos que nunca de cumplirse”, afirmó Diago.
La concejal advirtió que la administración ha intentado resaltar reducciones marginales en cifras absolutas, pero enfatizó que la evaluación de la política pública debe hacerse sobre el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. “El indicador que mide el riesgo real para la ciudadanía es la tasa por cada 100 mil habitantes, y esa cifra está empeorando”, subrayó.
El panorama se agrava con el incremento de delitos como el hurto a personas. En 2025, Bogotá reportó 123.393 casos de hurto, lo que equivale a una tasa de 1.554 hurtos por cada 100 mil habitantes, la más alta entre las principales ciudades del país, incluso por encima de Medellín, Cali y Cartagena.
“Esto no es un detalle técnico: es el indicador que muestra dónde es más probable que un ciudadano o un turista sea víctima de un robo. Hoy, lamentablemente, esa ciudad es Bogotá”, sostuvo Diago.
Datos comparativos revelan que Pasto encabeza la lista con una tasa de 1.559,1 hurtos por cada 100.000 habitantes, seguida muy de cerca por Bogotá con 1.554, Medellín (953,2), Villavicencio (931,2), Bucaramanga (861,1), Ibagué (812,4), Cali (787,9), Barranquilla (760,4) y Cartagena (609,2). Estas cifras posicionan a la capital como el epicentro del riesgo de hurto en Colombia, un factor que impacta la percepción de seguridad, la calidad de vida y la confianza en el espacio público.
Diago insistió en que la seguridad no puede analizarse a partir de cifras aisladas, sino desde el cumplimiento de objetivos claros y medibles. “Bogotá no necesita discursos tranquilizadores, necesita resultados. Hoy las cifras muestran que el homicidio no baja, el hurto sigue disparado y las metas del Plan de Desarrollo no se están cumpliendo. Esa es la realidad que el alcalde debería contarle a los ciudadanos”, concluyó, resaltando que la ciudadanía percibe un creciente temor al caminar por las calles de la ciudad.
El descontento no es exclusivo de la bancada opositora. Ante el deterioro sostenido de la seguridad y los resultados presentados en el más reciente debate de control político en el Concejo, el concejal Julián Espinosa anunció que promoverá una moción de censura contra el secretario de Seguridad, Cesar Restrepo, al considerar que la administración ha sido incapaz de contener la violencia y los delitos de alto impacto.
Durante el debate se revelaron cifras alarmantes: entre 2024 y 2025 se registraron 68 casos de terrorismo, un aumento del 223 % frente a los 21 casos reportados en 2022 y 2023. Los hechos violentos que afectaron a la Fuerza Pública aumentaron un 36%, pasando de 19 a 26 casos, con 13 uniformados asesinados y 13 heridos.
En el mismo lapso, los homicidios subieron un 14%, de 2.101 casos en 2022–2023 a 2.387 en 2024–2025. El uso de armas de fuego en homicidios también mostró un preocupante crecimiento, reflejando la consolidación de estructuras criminales armadas en la ciudad.
A esto se suma el impacto sobre el orden público y la movilidad urbana. Pese a que el número total de manifestaciones disminuyó, los bloqueos de vías aumentaron un 92%, afectando gravemente la operación de TransMilenio. Entre 2020 y junio de 2025, el sistema reportó 219 días afectados, con más de 51 millones de validaciones perdidas y cerca de 105 mil millones de pesos en ingresos no percibidos, perjudicando a más de 10,5 millones de usuarios.
Espinosa anunció que iniciará la recolección de firmas en el Concejo para impulsar la moción de censura y dará a conocer públicamente quiénes apoyan y quiénes se oponen a la medida. “La ciudad necesita resultados, no explicaciones. Cuando hay una incapacidad evidente para garantizar la seguridad de los bogotanos, el Concejo tiene la obligación de actuar”, afirmó.