Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adelantaron un megaoperativo simultáneo en decenas de cárceles del país, incautando 1.300 celulares, 480 armas blancas, 27 kilos de drogas y 620 litros de licor a nivel nacional.
Uno de los hallazgos más llamativos se registró en la cárcel La Picota de Bogotá. En el pabellón uno, las autoridades encontraron más de 9 kilos de estupefacientes (9.350 gramos) escondidos debajo del piso del baño. Entre la droga había tusi, perico y marihuana, sustancias que iban a ser consumidas y comercializadas al interior del penal.
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Según explicaron las autoridades, este tipo de elementos habitualmente son ingresados por visitantes femeninas que los introducen en su cuerpo para entregarlos dentro de las celdas. La incautación en el pabellón uno evidencia que estas prácticas continúan pese a los controles de seguridad implementados en los últimos años.
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien participó en su primer operativo al interior de las prisiones, también fue testigo de la incautación de armas cortopunzantes, algunas de casi medio metro y fabricadas de manera artesanal dentro de La Picota.
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Idárraga aseguró que estas operaciones estarán acompañadas por el mantenimiento de los inhibidores de señal, que deberían funcionar en las inmediaciones de las cárceles para bloquear las comunicaciones ilegales.
El ministro explicó que desde 2012 no se había realizado mantenimiento a la infraestructura telefónica necesaria para que funcionen los bloqueadores y que actualmente ya se está trabajando en su adecuación.
En el caso del pabellón uno, se interpondrá denuncia ante la Fiscalía para investigar la procedencia de la droga y determinar los responsables de su ingreso al penal.
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El megaoperativo hace parte de una ofensiva nacional liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho para frenar de manera drástica la operación de redes criminales desde el interior de las cárceles colombianas, proteger a los funcionarios penitenciarios y reducir el impacto de delitos ordenados desde prisión hacia la ciudadanía.
Según información de la cartera, este esfuerzo se acompaña de una inversión superior a 16.000 millones de pesos, destinados a fortalecer la seguridad con armas, chalecos antibalas, equipos antimotines y elementos de protección personal.
El plan contempla también una vigilancia estricta sobre el personal penitenciario, frente a las 1.135 amenazas documentadas entre 2023 y 2026, lo que derivó en el refuerzo de esquemas de protección y medidas de autoprotección más robustas.
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Entre 2023 y 2025, se llevaron a cabo más de 1.150 procesos disciplinarios y 404 investigaciones vinculadas a hechos de corrupción dentro del sistema, que resultaron en 607 sanciones, de las cuales 79 estuvieron relacionadas con actos de corrupción.
La estrategia, conocida como Operación Dominó, ha permitido coordinar más de 2.600 operativos en todo el país, con la incautación de 15.600 celulares, 56.900 accesorios y el bloqueo de 10.600 equipos según lo dispuesto en el Decreto 851 de 2024.
En paralelo, se reportaron 35.000 números telefónicos a los operadores móviles y más de 21.500 operativos adicionales en 2025 resultaron en la incautación de 34.800 celulares y 33.200 tarjetas SIM.
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El despliegue de seguridad incluye la instalación de sistemas de bloqueo de señal en 16 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron) y un plan escalonado de inversión para ampliar la cobertura de inhibidores en cárceles de alta seguridad.
Además, solo en 2025 se realizaron 25.625 revistas de seguridad, 120.771 verificaciones de antecedentes y 559 consejos de seguridad interinstitucionales, en coordinación con la Fuerza Pública y otras entidades estatales, buscando desarticular las redes que operan desde prisión y mantienen vínculos con organizaciones criminales externas.
El Ministerio de Justicia concluyó que estas acciones buscan que las cárceles dejen de ser centros de operación del crimen organizado, garantizando la seguridad ciudadana, la legalidad y la justicia efectiva dentro y fuera de los centros de reclusión.
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La incautación del pabellón uno en La Picota evidencia que, pese a los controles, aún persisten riesgos significativos que requieren vigilancia constante y operativos de alto impacto como el liderado por el Inpec.
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