La crisis del sistema de salud colombiano ha desplazado por primera vez a la corrupción y a la seguridad como eje central de la agenda electoral previa a las elecciones de 2026.
Según una encuesta de opinión realizada por la revista Cambio y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), problemas como el deterioro financiero del sistema, las trabas en el acceso a servicios y el desabastecimiento de medicamentos se sitúan hoy en la cima de las preocupaciones ciudadanas, por encima de temas que tradicionalmente dominaban el debate público.
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El sondeo de Cambio/CNC indica que el 36,2% de los colombianos considera que el próximo gobierno debe hacer de la salud su mayor prioridad. En segundo lugar figura la corrupción, con el 23,3%, mientras que el combate a las bandas criminales es el foco apenas para el 12,5%. Esta tendencia revela un cambio profundo en las prioridades sociales de cara a las próximas elecciones en Colombia.
La crisis financiera que asfixia a hospitales y clínicas agudiza el panorama. De acuerdo con informes de la Contraloría, aunque el giro directo de la Adres al sector salud aumentó un 27,2% entre 2024 y 2025, la deuda de hospitales públicos creció de 12,5 billones a 16,28 billones de pesos en solo nueve meses, lo que representa una subida del 30%.
Esa acumulación de deuda se acompaña de una distribución desigual de recursos: en 2025, un 67,7% de los giros fue dirigido a prestadores privados, mientras los hospitales públicos solo recibieron el 23,2%.
El déficit presupuestario y el aumento de la deuda hospitalaria minan la sostenibilidad del sistema y obstaculizan la prestación de servicios. Para el exministro de Salud, Fernando Ruiz, “La fragilidad financiera y operativa de hospitales públicos y privados es cada vez más preocupante”, explicó a Cambio.
La situación empeora por la cartera acumulada de las entidades promotoras de salud (EPS), que supera los 32 billones de pesos. Según Johnattan García Ruiz, investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard, “Cuando las EPS no pagan o pagan tarde, el efecto dominó es inmediato: se frena la prestación de servicios, se restringe el acceso y se traslada el costo de la ineficiencia financiera a los pacientes”, afirmó en diálogo con el diario nacional. Esta brecha creciente entre lo facturado y lo pagado ha debilitado la liquidez y la capacidad operativa de clínicas y hospitales en todo el país.
El acceso a medicamentos es otro foco de alarma. La Defensoría del Pueblo señala que algunos pacientes destinan hasta el 90% de sus ingresos a la compra de fármacos que deberían ser gratuitos.
Más de un millón de acciones legales se han presentado entre 2020 y 2025 por vulneraciones al derecho a la salud. El retraso o la negación en la entrega de medicamentos esenciales, especialmente en regiones como Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y San Andrés y Providencia, impacta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.
De acuerdo con Claudia Vaca, delegada para el derecho a la salud de la Defensoría, “casi la mitad de los casos reportados por barreras de acceso a medicamentos siguen sin respuesta”. Además, el Observatorio de Salud Pública de la Universidad de Los Andes advierte que estas deudas afectan la reposición de inventarios y generan múltiples fallas logísticas en la entrega de fármacos.
Frente a este colapso, la intervención estatal busca contener la crisis. Desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro, la Superintendencia Nacional de Salud ha ordenado la toma de control administrativo de al menos nueve EPS, incluidas la Nueva EPS y entidades con millones de afiliados.
Sin embargo, datos de la Contraloría, citados por la revista Cambio, muestran que estas intervenciones se han traducido en un aumento del 191% en el número de tutelas por acceso a salud entre 2022 y 2025.
Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, fue tajante al mencionar que las acciones del Gobierno se han convertido en poca o nula efectividad para mejorar el sistema y la crisis financiera de las EPS.
“Hoy en Colombia, 6 de cada 10 personas son usuarias de una EPS que está intervenida, es decir, manejada por el Gobierno nacional. Las medidas de intervención han resultado completamente ineficientes”, comentó Mayorga al diario nacional.
A pesar de los intentos del Estado, la Procuraduría General de la Nación ha advertido que la toma de control administrativo no ha significado una recuperación institucional. En la Nueva EPS, los gastos superan con creces los ingresos y aumentan las alertas sobre responsabilidades disciplinarias de directivos. La falta de un plan de choque robusto y recursos suficientes amenaza con que la intervención simplemente administre el deterioro, sin resolverlo.
El debate legislativo tampoco muestra avances. La prometida reforma a la salud, presentada por el Ministerio de Salud en marzo de 2023, pretendía rediseñar el modelo de atención, fortalecer el enfoque preventivo y convertir a las EPS en instituciones gestoras de servicios de salud.
Sin embargo, tras casi cuatro años, la reforma naufragó dos veces en el Congreso. El punto de mayor fricción radica en el papel de las EPS, la administración de recursos por la Adres y el plazo limitado para sanear las finanzas del sistema.
“La reforma asume que todas las EPS van a convertirse en gestoras, pero para hacerlo les exigen resolver sus problemas financieros en un tiempo muy reducido”, explicó García Ruiz a Cambio.
Asimismo, expertos advierten que persiste un desfase estructural entre el valor de las unidades de pago por capitación y el costo real de los servicios, alimentando el riesgo de que el déficit solo se transfiera de un actor a otro si no se corrige de fondo.
La incapacidad del Estado y de los actores políticos para ofrecer soluciones claras ha convertido la crisis del sistema de salud en el eje de la campaña para 2026. Según los datos de Cambio y el CNC, la preocupación por la salud entre los ciudadanos multiplica casi por tres la inquietud por el avance de la criminalidad, ubicando el debate sanitario en el centro del escenario electoral.
Luis Jorge Hernández, del Observatorio de Salud Pública, sostiene que la próxima administración deberá reconstruir la confianza y evitar los errores de reformas fallidas. Para Clemencia Mayorga, “Hay más candidatos que propuestas”, una afirmación que pone de manifiesto la falta de alternativas viables a corto plazo frente a la urgencia social.