La Fiscalía General de la Nación confirmó que las 26 personas halladas sin vida en una zona rural de El Retorno, en el departamento de Guaviare, murieron por disparos a corta distancia, lo que descarta preliminarmente la versión de un enfrentamiento armado entre disidencias de las Farc.
De acuerdo con el informe divulgado el 21 de enero, los primeros exámenes realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional establecieron que las víctimas, 21 hombres y cinco mujeres, presentan heridas de bala a corta distancia, varias de ellas en la cabeza.
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La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales con sede en Villavicencio, apunta a que las muertes no corresponden a un combate entre grupos ilegales, sino a ejecuciones.
Inicialmente, las autoridades atribuyeron lo ocurrido el 16 de enero a enfrentamientos entre estructuras disidentes del Estado Mayor Central (EMC), específicamente entre los bloques de “Iván Mordisco” y “Calarcá”.
Los primeros resultados de Medicina Legal y la identificación de las víctimas
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que entre las víctimas se encuentran al menos cuatro menores de edad: tres mujeres y un hombre. Además, 24 de los 26 cuerpos ya fueron identificados.
Los cadáveres fueron trasladados desde la zona rural de El Retorno hasta la sede regional de Medicina Legal en la capital del Meta, tras la activación de un protocolo especial de seguridad y la conformación de nueve equipos forenses interdisciplinarios.
La Fiscalía detalló que las víctimas habrían recibido lo que se conoce como “tiros de gracia”, un patrón de heridas que, según los expertos suele asociarse a ejecuciones y no a combates entre facciones armadas.
“Las inspecciones técnicas a cadáver y otras actividades realizadas por personal del CTI de la Fiscalía y de la Sijín de la Policía Nacional sobre los cuerpos de 21 hombres y 5 mujeres, preliminarmente dan cuenta de que las víctimas recibieron disparos a corta distancia, varias de ellas en la cabeza, lo que descartaría la existencia de un enfrentamiento armado”, indicó la entidad.
Continúan los estudios forenses y el proceso de entrega de cuerpos
El proceso investigativo no se detiene. La Fiscalía General de la Nación confirmó que se adelantan estudios de balística y toxicología para establecer si las víctimas fueron sometidas al uso de sustancias tóxicas antes de su muerte. Estos análisis permitirán esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la masacre y determinar posibles responsabilidades adicionales.
El Instituto Nacional de Medicina Legal activó procedimientos especiales para la identificación y entrega digna de los cuerpos a los familiares, conforme a los protocolos aplicables en escenarios asociados al conflicto armado.
Los equipos forenses, compuestos por personal de las seccionales Meta, Cundinamarca y la Dirección Regional Bogotá, cuentan con el apoyo de especialistas en radiología, odontología forense y lofoscopia.
Contexto humanitario y riesgo para las comunidades locales
La recuperación de los cuerpos se realizó bajo una misión humanitaria coordinada por la Defensoría del Pueblo, con acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr).
Las organizaciones alertaron sobre el riesgo de nuevos episodios de violencia, desplazamientos y afectaciones para las comunidades campesinas de El Retorno, especialmente en sectores como la vereda La Paz.
La Defensoría reiteró la obligación de los actores armados de respetar el derecho internacional humanitario y de aplicar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución para evitar daños a la población civil.
El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional, declaró en entrevista con Blu Radio que los cuerpos pertenecen, en su mayoría, a la facción del Estado Mayor Central. Aunque no se han reportado nuevos combates en la zona, las autoridades mantienen presencia y monitoreo ante la posibilidad de más hechos violentos.