El caso de la presunta compra de título universitario por parte de Juliana Guerrero sigue provocando repercusiones en el ámbito político colombiano, tras la divulgación de nuevos elementos que refuerzan las sospechas sobre la legalidad de su acreditación.
En medio de la polémica, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, presentó facturas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que prueban los pagos que Guerrero efectuó a la Fundación San José con el fin de concretar la adquisición irregular del título, aunque la determinación final corresponde a las autoridades judiciales.
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Con las pruebas en mano, la congresista hizo un pedido directo al presidente de la República, Gustavo Petro, exigiendo “retirar inmediatamente a Juliana Guerrero del Consejo Superior Universitario”, dijo en entrevista con Semana.
Pedraza también solicitó que no se le designe en cargos de dirección gubernamental, así como la colaboración del Ejecutivo con los procesos judiciales vinculados con el caso. De acuerdo con la congresista, la permanencia de Guerrero en la alta directiva de la Universidad Popular del Cesar genera inquietudes sobre los criterios de integridad institucional y transparencia en el Gobierno nacional.
En relación con la posible responsabilidad penal, la legisladora insistió en que, de demostrarse la compra del título, Guerrero estaría implicada en la “presentación de documentación falsa”, lo que constituiría un delito. Subrayó el carácter múltiple de las infracciones: “Estamos hablando de varios delitos en uno solo y en Colombia no puede seguir haciendo carrera esa idea de la impunidad; nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.
Pedraza mencionó el impacto social de estos hechos, aportando que muchas personas le han manifestado su malestar por la desigualdad que perciben.
“Mientras que hay personas que se endeudan y luchan para sacar adelante su título profesional, otros, por el camino fácil, consiguen estos objetivos y terminan ocupando altos cargos”, asveró al medio citado.
La congresista expuso el “doble rasero” que, a su juicio, caracteriza la reacción oficial ante el caso. Recordó que en pasados gobiernos, situaciones similares despertaron protestas de integrantes que hoy, según ella, prefieren el silencio. “Aquí lo que estamos defendiendo también es la coherencia de que si nos dolía que pasara antes, entonces hoy es igualmente grave y deberíamos estar alzando la voz con la misma contundencia”, manifestó durante la entrevista.
A la par, abordó una interrogante que todavía persiste en el caso de Juliana. ¿Por qué Guerrero sigue formando parte del Gobierno y la Fundación San José no ha enfrentado sanciones? Al respecto, planteó dos hipótesis. Una sugiere que la funcionaria mantiene “una relación muy directa” con el presidente y algunos altos miembros del Ejecutivo, lo cual habría favorecido su rápido ascenso.
La otra posibilidad apunta a la propiedad de la Fundación: “La Fundación San José es propiedad de Francisco Pareja, un político que en su momento era muy cercano a Armando Benedetti (…) Yo estoy segura de que esto le ha servido a Pareja para tener una protección frente a cualquier tipo de intervención”, declaró Pedraza.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido respuesta respecto a la solicitud formal de intervención que Pedraza elevó para que se profundicen las investigaciones por las presuntas irregularidades en la Fundación San José.
Mientras se define el futuro de Juliana Guerrero, Cambio reveló que dentro del Ministerio del Interior, René Hernández, militante del Partido Verde, reemplazará a la mujer de 23 años en la cartera liderada por Armando Benedetti.
El funcionario mantiene lazos con el petrismo, fue contador de la campaña de Petro en 2018 y tuvo un rol importante en la aspiración de 2022 como coordinador de operaciones en el Cesar. Así mismo, Hernández participó en la campaña a la gobernación de Alexandra Pineda, excontratista de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y candidata a la Cámara por el Pacto Histórico.