La Fiscalía General de la Nación confirmó la operación de la banda criminal PPP en Bogotá, relacionándola con el financiamiento del ELN, la falsificación de carnés universitarios y la ejecución de actos violentos, incluidos ataques a universidades públicas y al sistema Transmilenio.
Según informó Blu Radio, la investigación judicial detalla que este grupo ha protagonizado bloqueos y atentados con artefactos explosivos, aumentando la inseguridad en áreas cercanas a los campus universitarios.
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Las pesquisas se iniciaron tras descubrir maniobras irregulares en universidades públicas de la ciudad. Autoridades identificaron la infiltración de la banda PPP en manifestaciones que terminaron en violencia y sabotaje, según fuentes de la Fiscalía.
El análisis permitió establecer un patrón de coordinación para evadir a las autoridades.
La Fiscalía indicó que al menos once personas conforman el núcleo estable de la organización, todas con funciones específicas. Según la investigación, la estructura aprovecha el gran flujo de personas en instituciones como la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, empleando carnés universitarios falsos para circular sin restricciones.
Durante las operaciones, los integrantes utilizan guantes de carnaza para manipular materiales peligrosos y regresan a los recintos educativos inmediatamente después de los hechos, buscando burlar los controles de seguridad.
Además, la organización adopta denominaciones diferentes para eludir el rastreo de las autoridades. En distintas etapas han utilizado los nombres FEC (Frente Estudiantil Clandestino), ‘Los Nadie’, ‘Los Arruera’ y el actual ‘PPP’.
El nexo con el ELN constituye un elemento central en la investigación. La Fiscalía expuso que parte de los recursos empleados para la logística y fabricación de artefactos explosivos provienen de Medellín.
Además, miembros del grupo habrían asistido a campamentos guerrilleros donde obtuvieron aval y apoyo financiero de estructuras del ELN. Durante la audiencia, la fiscal del caso describió: “Que es presentarse a un campamento de guerrilla y hablar con un comandante para firmar un contrato. Una vez se firme y se tiene el aval para hacer cualquier cosa de impacto con el fin de generar caos y miedo en la comunidad”.
Las actividades ilícitas de PPP incluyen la fabricación artesanal de explosivos y la infiltración de sedes universitarias.
Allí, los integrantes preparan bombas incendiarias y “papas bomba” con insumos supuestamente enviados desde Medellín. La Fiscalía documentó ataques a buses de TransMilenio —entre ellos, el secuestro e incendio de un vehículo cercano a uno de los centros educativos— y agresiones a patrullas de la Dirección Antinarcóticos en la calle 26.
El impacto de estos hechos ha sido significativo en la comunidad estudiantil y en la ciudadanía, generando alarma en las instituciones educativas y los alrededores. La seguridad tanto en los campus como en el entorno se ha visto gravemente comprometida.
Para la Fiscalía, la dinámica revelada en la investigación representa un cambio respecto al esquema tradicional de protesta universitaria, evidenciando la presencia de violencia organizada que opera en espacios educativos urbanos con métodos cada vez más complejos y peligrosos.
El cerco de la policía al grupo PPP: máscaras, explosivos, universidades infiltradas y la captura del fugitivo Salvatore en una operación de alto riesgo
La Policía Nacional detuvo a once integrantes del movimiento radical PPP en Bogotá mediante un operativo judicial, con base en una investigación que se extendió por más de un año. Los capturados son señalados de coordinar y ejecutar actos vandálicos en diferentes sectores de la capital entre 2024 y 2025.
El supuesto cabecilla, conocido como alias Salvatore, figura entre los arrestados y habría dirigido la planificación de los ataques, determinando además la asignación de explosivos.
Según la Policía, su huida a Manta (Ecuador) el 17 de septiembre del 2025, se produjo tras conocerse que era buscado por las autoridades. Entre las acciones imputadas se cuentan al menos 10 hechos vandálicos, como la quema de vehículos oficiales y afectaciones a la infraestructura de la estación Ciudad Universitaria de Transmilenio.
La Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo (PPP) fue desarticulada luego del análisis de más de 4.000 horas de video, la intervención de 50 líneas telefónicas y la revisión de información obtenida de redes sociales y entrevistas a testigos.
Las autoridades determinaron que los miembros usaban carnets falsos para ingresar a instituciones como la Universidad Tecnológica Distrital del Sur y la Universidad Nacional, donde se cambiaban de ropa y fabricaban artefactos como bombas molotov y “papas bomba” para emplear en ataques dirigidos contra la fuerza pública, estaciones y buses del Sitp.
Para dificultar su identificación, recurrían al uso de máscaras, guantes y la cobertura de zapatos con bolsas plásticas, coordinando sus movimientos principalmente por medio de WhatsApp, Instagram y Facebook.
Alias Tolima, Copete y No Educado desempeñaban funciones logísticas para transportar combustible y explosivos. “Tolima” habría adquirido explosivos en Medellín, enviándolos a Bogotá mediante encomiendas para evadir controles policiales. A “No Educado” se lo vincula con la quema de un bus frente a la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar en 2024, además de haber viajado a Chile en 2019 para instruir a grupos locales en técnicas evasivas durante disturbios. La policía incautó aproximadamente un kilogramo de material explosivo durante un allanamiento realizado en 2024.
En total se realizaron 13 ordeñamientos judiciales en localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Suba, incautándose prendas utilizadas en los atentados, un arma de letalidad reducida, material explosivo, 13 teléfonos móviles y 4 computadoras. El 11 de septiembre de 2025, “Garu” perdió tres dedos al explotar una “papa bomba” que manipulaba en la Universidad Nacional. Otros integrantes, identificados como alias Chimoi, Topo, Chinche San, El Pri, 83 y Slow, cumplían roles de fabricación de explosivos y participación directa en los hechos violentos.