La Registraduría Nacional del Estado Civil será el ente encargado de definir si la iniciativa del comité promotor que impulsa la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia es viable o no. Todo esto, en medio de los cuestionamientos al presidente de la República, Gustavo Petro, que había prometido en sus últimas campañas que no convocaría a este mecanismo para reformar la Constitución Política, vigente desde 1991.
En la presente semana, la entidad bajo la dirección de Hernán Penagos deberá emitir un concepto clave sobre el proceso, de acuerdo con la información replicada con El Espectador. Se trata de un caso que ha despertado un intenso debate, ya que la iniciativa cuenta con el respaldo del jefe de Estado e, incluso, ha sido acompañada de cerca por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que estuvo presente el día en que se radicó la intención de ir por las rúbricas.
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En efecto, el 26 de diciembre de 2025 el grupo ciudadano formalizó la solicitud ante el organismo, con la participación de organizaciones sociales y sindicales. En ese acto, Sanguino asistió como delegado del Gobierno, frente al trámite que exige que, una vez verificados los requisitos legales, se expidan los formularios oficiales que permitirán dar inicio a la recolección de firmas, en un periodo que habla de 15 días hábiles para que se emita un concepto sobre el particular.
El Gobierno aspira a que el proceso logre 10 millones de firmas, aunque la normativa vigente establece un mínimo de 2,5 millones para que la iniciativa pueda avanzar. “Esperamos que este comité promotor cumpla con el reto de recoger, mínimo, tres millones de firmas, pero hemos querido que sean 10 millones de colombianos y colombianas que le den la fuerza suficiente para que el próximo Congreso de la República examine esta iniciativa popular legislativa”, dijo Sanguino.
El funcionario enfatizó que el objetivo es dotar de legitimidad al proceso y que la iniciativa cuente con un respaldo amplio de la ciudadanía, pese a que desde diferentes sectores remarcaron, de hecho, que Petro había firmado sobre mármol, como ocurrió en la campaña electoral de 2018, que no propondría la realización de una asamblea constituyente; pues en ese entonces -y ahora- era visto como una manera de prolongar su estancia en la Casa de Nariño.
Las controversias detrás de la convocatoria a una asamblea constituyente en Colombia
La presencia de funcionarios del Ejecutivo en la ceremonia de radicación causó críticas desde varios sectores. Aunque el Ejecutivo insiste en que no puede intervenir directamente en la recolección de firmas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el proceso solo avanzará tras la entrega de los formularios y que el periodo para recolectar apoyos será de tres meses; es decir, según el titular de la cartera, no coincidirá con el periodo electoral.
En ese orden de ideas, el ministro Benedetti indicó que la presentación ante el Congreso quedaría para después del 20 de julio, cuando se haya instalado el nuevo legislativo y se hayan adelantado las elecciones presidenciales. Como era de esperarse, el tema ha avivado las tensiones políticas, como la postura del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que se opuso de manera férrea a que se cambie la Carta Magna, que según él sería lo que buscaría Petro con esta intención.
“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”, señaló Uribe, al que se han sumado, si se quiere, otras voces de rechazo, como la del defensora del Pueblo, Iris Marín, que con un extenso mensaje en sus redes sociales hizo un claro llamado a respaldar la institucionalidad creada tras la promulgación de la Constitución.