
El fuerte debate en las redes sociales alrededor de la postura del Gobierno colombiano frente a la situación en Venezuela, y las acusaciones mutuas de traición a la patria de los que piden una intervención en el país, tienen en el ojo del huracán a la representante a la Cámara y candidata al Senado Lina María Garrido, que sería blanco de denuncias por parte de miembros del Ejecutivo, como el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que quiere llevarla a la Corte Suprema.
El titular de la cartera hizo pública la intención de interponer una acción ante el alto tribunal para que se vincule a Garrido y otros parlamentarios ante la Corte por una presunta conducta dispuesta en el artículo 455 del Código Penal Colombiano: luego de que la congresista expresó en sus redes lo que sería su beneplácito ante una eventual intervención del país norteamericano, mencionando incluso al mandatario Donald Trump y el anhelo de esta operación.
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“Como ciudadano colombiano anuncio que interpondré en las próximas horas denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra personas el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, la representante Lina María Garrido y otros que vienen promoviendo conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia”, detalló Antonio Sanguino en la red social X, frente a esta clase de comentarios que el ministro considera intervencionistas.

En sus motivos para este proceder, Sanguino indicó la gravedad del caso, destacando la responsabilidad de los funcionarios públicos. “Es aún más grave cuando estos mensajes provienen de sujetos políticos, obligados a defender la Constitución y el orden jurídico. La libertad de expresión no ampara la traición a la patria. Defender a Colombia y su territorio es un deber ciudadano”, afirmó el ministro de Trabajo frente a esta situación en particular.
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Lina María Garrido respondió a Antonio Sanguino y al petrismo
Frente a esta publicación, la representante, en sus redes sociales, rechazó en términos tajantes la movida judicial y acusó al Gobierno de buscar proteger a Nicolás Maduro mientras la señala de traidora. “Manda huevo un guerrillero indultado venir a decirme cómo interpretar la ley y venir a hablar de traición a la patria. ¡Pueden llorar!”, expresó la congresista, que aprovechó las plataformas digitales para responder a esta controversia que se gestó en su contra.
A su vez, en otro de sus mensajes, la congresista endureció su discurso contra los funcionarios del oficialismo, al desafiar cualquier denuncia en su contra y poner en cuestión el historial jurídico de sus oponentes. “Cuando quieran, nos sentamos a revisar quién ha cometido más delitos penales y contra la Patria: si Gustavo Petro y este gobierno desastroso, o yo. Lo de Maduro los tiene desesperados, porque saben que el siguiente es Gustavo Petro”, remarcó.
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Y es que con sus post Garrido no solo cuestionó la legitimidad del presidente, sino que arremetió también contra el ministro Sanguino, alentándolo a proceder con la denuncia. “No vaya a llorar, ministro. Hágale con toda. Si quiere, use el mismo megáfono con el que Gustavo Petro fue a Estados Unidos a hacer el ridículo y a cometer sedición. Demuestre que Ud. es un varón de verdad, ponga la denuncia. Aquí lo espero, parada en la raya”, señaló la parlamentaria.
Y en sus publicaciones reiteró sus acusaciones contra el primer mandatario, al que endilgó presuntas conductas traidoras. “Y no se equivoque: el traidor a la patria es Petro, su presidente ilegítimo. Está probado que violó los topes de campaña, muy posiblemente con dineros de Venezuela, como lo dijo el propio Armando Benedetti. La Constitución que usted invoca es clara, artículo 109: eso da pérdida de investidura”, argumentó la representante en su perfil.
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Las acusaciones escalaron aún más cuando la representante acusó a la administración nacional de poner en riesgo la soberanía. “Petro compartió información de inteligencia con narcoterroristas, le entregaron Colombia al narcotráfico y montaron el gobierno más corrupto de la historia”, precisó la mujer, que considera que el testimonio de Maduro podría complicar aún más la situación para los señalados; en especial, Petro, del que se presume de supuestos nexos.
Es válido destacar que, según el artículo 455 del Código Penal colombiano, los que ejecuten acciones dirigidas a menoscabar la integridad territorial del país o a someterlo en todo o en parte al dominio extranjero, pueden enfrentar condenas de prisión de 320 a 540 meses (26,6 a 45 años), si se comprueba que protagonizó actos que perjudiquen la seguridad nacional y la integridad de la patria, frente a lo que sería para los sectores oficialistas la amenaza de Trump.
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