La frontera entre Colombia y Venezuela atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años tras el cierre del principal puesto de control migratorio terrestre en Paraguachón, en el departamento de La Guajira.
La medida fue adoptada en medio de la crisis política y militar desatada en territorio venezolano luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez, por parte del gobierno de Estados Unidos, un hecho que ha generado repercusiones regionales inmediatas.
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Migración Colombia confirmó la suspensión total del tránsito por el Puesto de Control Migratorio (PCM) de Paraguachón, uno de los pasos más importantes para el intercambio comercial, familiar y humanitario entre ambos países.
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El cierre, según las autoridades, responde a razones de seguridad y prevención ante posibles alteraciones del orden público y movimientos migratorios extraordinarios derivados de la coyuntura venezolana.
Paraguachón, ubicado en el municipio de Maicao, es una vía clave para miles de personas que diariamente cruzan la frontera, especialmente comunidades indígenas wayuu que mantienen vínculos históricos y culturales a ambos lados del límite binacional.
El cierre ha generado preocupación entre comerciantes, transportadores y habitantes de la zona, quienes dependen del flujo fronterizo para su sustento.
Pese a esta restricción puntual en La Guajira, el Gobierno colombiano aclaró que el resto de los pasos fronterizos con Venezuela permanece habilitado y operando con normalidad, aunque bajo estricta vigilancia de las autoridades civiles y militares.
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En Norte de Santander, el principal corredor fronterizo del país, continúan abiertos los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot, que conectan a Cúcuta con San Antonio del Táchira y Ureña.
Estos cruces concentran la mayor parte del tránsito binacional y siguen siendo utilizados para el paso de ciudadanos colombianos, venezolanos y extranjeros, así como para el transporte de mercancías. No obstante, las autoridades han reforzado los controles migratorios y de seguridad, y no descartan medidas adicionales si la situación en Venezuela se agrava.
También permanecen habilitados otros pasos formales como el de Arauca–El Amparo, que conecta el departamento de Arauca con el estado Apure; el cruce fluvial de Puerto Carreño, en Vichada, hacia Puerto Páez; y el paso de Inírida, en Guainía, aunque estos operan con menor flujo y bajo protocolos especiales debido a su ubicación geográfica y condiciones logísticas.
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El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, aseguró que el departamento se encuentra en estado de alerta permanente y que, hasta el momento, no se han registrado movimientos irregulares ni alteraciones significativas del orden público en la zona fronteriza.
“Nuestra prioridad es la protección de la población civil. Estamos atentos a las directrices del Gobierno nacional y en comunicación constante con las autoridades de seguridad”, afirmó.
Desde la Presidencia de la República, el mandatario Gustavo Petro convocó un consejo de seguridad nacional para evaluar el impacto de la crisis venezolana en Colombia. El jefe de Estado ordenó el refuerzo de la presencia militar y policial en los departamentos fronterizos, con especial énfasis en La Guajira y Norte de Santander, y reiteró que Colombia mantendrá una postura de respeto a la soberanía y al derecho internacional.
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A este panorama se suma la incertidumbre generada por los anuncios oficiales desde Estados Unidos y las reacciones del alto mando venezolano, que han incrementado la percepción de riesgo en toda la franja limítrofe.
Según reportes difundidos por el propio gobierno de Caracas, en las horas previas al cierre del paso en Paraguachón se habrían registrado bombardeos sobre instalaciones estratégicas como Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota, además de movimientos aéreos inusuales en Maracay y La Guaira.
Estas versiones fueron acompañadas por videos divulgados en redes sociales, en los que se observan helicópteros militares sobrevolando zonas urbanas.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, calificó la operación como “el ultraje más grande que ha sufrido el país”, mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que se desconocía inicialmente el paradero de Nicolás Maduro y solicitó una prueba de vida tras su captura.
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En contraste, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, intentó enviar un mensaje de tranquilidad al afirmar que “el país está en completa calma” y llamó a la población a no caer en el desespero.