El reciente anuncio del Ministerio de Salud sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 generó una inmediata reacción de rechazo por parte de Pacientes Colombia, movimiento que reúne a 202 organizaciones.
En diálogo con W Radio, Denis Silva, vocero de este colectivo, denunció que la medida representa “un atentado contra la vida”.
El Gobierno estableció un aumento del 9,03% para el régimen contributivo y del 16,49% para el subsidiado, cuando el salario mínimo subió un 23,7%. Silva planteó que este ajuste, lejos de mejorar la situación, agravará el deterioro de la atención sanitaria.
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“No, no va a cambiar mucho. Por el contrario, se va a incrementar la crisis humanitaria que hay dentro del sistema de salud. Más filas negando servicios a los pacientes, más muertos dentro del sistema de salud y más colapso dentro del sistema de salud”, sostuvo el portavoz.
El vocero reconoció que el aumento en el régimen subsidiado responde a una orden de la Corte Constitucional, pero advirtió sobre el destino real de esos recursos: “Buena parte de las EPS intervenidas son del régimen subsidiado. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, de ese 16% va a destinar buena parte de esa UPC para los equipos extramurales. No va para la atención a la población”, afirmó Silva a W Radio.
Consultado sobre la disputa entre el Gobierno y las EPS, y la responsabilidad en la crisis del sistema, Silva cuestionó la narrativa oficial: “El problema no es si las EPS manejan o no los recursos. Hoy el Gobierno administra ocho EPS que concentran el 51% de la población. Llevan más de dos años administrando las EPS. Si una EPS se roba un peso de la salud debería estar presa. Tendríamos que preguntarle al Gobierno. El Gobierno se está robando los recursos así mismo del sistema de salud porque administran el 51%”, dijo el representante al medio de comunicación.
Silva detalló las tres preocupaciones centrales de Pacientes Colombia: “Uno es que la insuficiencia de los recursos lleva al detrimento en la prestación de los servicios de un derecho fundamental. La segunda situación es que cuando usted tiene un sistema desfinanciado, va a generar más pobreza en la población, más aumento de cargas de la enfermedad y más muerte. Lo tercero es que un sistema desfinanciado viola el derecho fundamental a la salud y viola la ley”, puntualizó en su diálogo con W Radio.
Respecto a la participación de los pacientes en la deliberación sobre el cálculo de la UPC, Silva denunció el incumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional:
“La Corte Constitucional, en el auto 007 de enero de 2025 y en el auto 504, le ordenó al Ministerio de Salud hacer tres cosas. Uno, revisar la metodología de cálculo de la UPC, cosa que el Gobierno incumplió. Dos, revisar si en el 2021 al 2024 se gastó más dinero, los ajustes a los excedentes de la UPC de esos años. El Gobierno violó esto. Y tres, le ordenó revisar y recalcular la UPC del 2025, el año que hoy termina. El Gobierno violó esto”.
De las 14 mesas técnicas realizadas durante el proceso, Silva afirmó que solo hasta el día previo al anuncio se presentaron las conclusiones, contraviniendo las reglas fijadas: “La participación en el artículo doce de la ley estatutaria dice que es desde la formulación de la propuesta hasta la evaluación e implementación de la misma. Y el Gobierno viola todo. Pareciera que este Gobierno, la salud es la Cenicienta, no le importa ni la salud, ni la vida, ni la sostenibilidad del sistema”, criticó Silva al medio.
Al interrogarlo sobre las fallas estructurales del sistema, Silva enumeró: “Uno, las inequidades. No es lo mismo vivir con cáncer o cualquier enfermedad, si el usuario vive en alguna de las cinco principales ciudades del país a vivir con enfermedad de alto costo en los territorios. El segundo es la corrupción que hay dentro del sistema de salud, los desperdicios que se generan dentro del sistema de salud y la mala administración.
Y el tercer gran problema es la ausencia de un rector dentro del sistema de salud. Hoy no tenemos un rector dentro del sistema de salud. Tenemos un ministro que está en política desde el primer día y va a estar en política hasta el último día de este Gobierno, pero no hace política pública en salud”.
Ante la posibilidad de que la decisión impulse un aumento de tutelas o acciones legales en 2026, Silva previó un escenario adverso:
“Nosotros creemos que sí, por dos razones. Uno, porque cuando usted tiene un incremento salarial del 23% tiene que dar cumplimiento al pago de las horas extras y todo lo que implica la reforma laboral, pues va a generar mayor gasto. De cada 100 pesos que reciben las IPS, que son las que atienden a los pacientes, un 60, un 70% va para pago de nómina. Y usted tiene menos recursos porque tiene un 9% en el régimen contributivo y un 16% en el régimen subsidiado”, señaló.
El portavoz expuso también su preocupación por el uso de recursos destinados a los equipos extramurales: “Hoy nos estamos gastando cerca de 2,7 billones de pesos en los equipos extramurales y nadie sabe qué hacen, dónde están, cómo los contratan, cuánto vale y dónde están los resultados en salud“, denunció Silva a W Radio
Aumento del UPC
El texto aborda la preocupación de organizaciones de pacientes en Colombia ante el ajuste del 9,03 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) decidido por el Gobierno Nacional para 2026, cifra considerada insuficiente frente al costo actual de los servicios de salud.
El movimiento Pacientes Colombia, conformado por 202 organizaciones, señala que este nivel de incremento profundiza el desfinanciamiento del sistema, poniendo en riesgo el acceso y la atención de millones de personas. La solicitud de estas organizaciones era un aumento mínimo del 15 % para ambos regímenes, argumentando que el alza aprobada no cubre gastos crecientes ni responde a mandatos judiciales.
Se advierte que una UPC insuficiente afecta la sostenibilidad financiera y la prestación oportuna de servicios, reflejándose en el cierre de más de 6.000 servicios de salud solo en el primer semestre de 2025 y en el incremento de quejas de los usuarios. Además, el gasto de bolsillo de la población aumentó de 14,2 % en 2021 a 16,8 % en 2024, acercándose a un límite considerado crítico por la OMS. Se destaca la demora en el acceso a medicamentos y la reducción del tiempo de atención efectiva, así como la profundización de desigualdades territoriales. El texto concluye que la brecha entre la financiación aprobada y los costos reales compromete la garantía del derecho a la salud en Colombia.