En el centro del debate sobre el futuro del Sistema de Salud en Colombia emerge una advertencia ineludible: el incremento del 9,03 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 es insuficiente y amenaza la viabilidad misma del acceso a los servicios sanitarios.
El movimiento Pacientes Colombia, que reúne a 202 organizaciones de pacientes, ha elevado su voz con contundencia ante la decisión del Gobierno Nacional, advirtiendo que el ajuste aprobado profundiza el desfinanciamiento y pone en peligro la vida de millones.
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“El aumento del 9,03 % de la UPC es un atentado contra la vida y empuja al Sistema de Salud al colapso”, sostuvo Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, al medio especializado Pacientes Colombia.
Respaldados por evidencia y una solicitud reiterada al Ministerio de Salud y Protección Social, las organizaciones reclamaban un incremento mínimo del 15 % tanto para el régimen contributivo como subsidiado, calculando que sólo así podría responderse a los rezagos acumulados y a las órdenes de la Corte Constitucional.
Sin embargo, el Gobierno estableció un alza de la UPC de 9,03 % para el régimen contributivo y 16,4 % para el subsidiado, niveles considerablemente por debajo del aumento del salario mínimo (23 %), lo que significa que las nuevas primas no solventarán el costo creciente de personal, suministros y medicamentos.
La organización remarcó en negrita: “Una UPC insuficiente es un incumplimiento directo del derecho fundamental a la salud y la causa del desfinanciamiento que hoy tiene al sector al borde de la quiebra. Este desajuste no es una cifra, se traduce en pacientes que no reciben sus tratamientos, en servicios que cierran y en vidas que quedan en riesgo”, como puntualizó Denis Silva al medio Pacientes Colombia.
La preocupación se traduce en datos: solo en el primer semestre de 2025, cerraron 6.084 servicios de salud —afirma el movimiento—, mientras las quejas y reclamos de los usuarios se incrementaron.
El vocero enfatizó que “la salud no puede seguir dependiendo de decisiones tardías e irresponsables ni de un modelo crónicamente desfinanciado. Sin una UPC bien calculada y sin el pago oportuno de los Presupuestos Máximos, el Sistema está siendo empujado al colapso, condenando a millones de colombianos a quedarse sin atención y a ver deteriorada de manera irreversible su calidad de vida”.
Al deterioro financiero se suma el aumento en el gasto de bolsillo de los usuarios: según cifras de Anif citadas por Pacientes Colombia, pasó de 14,2 % en 2021 a 16,8 % en 2024 y ya supera los $14,5 billones, acercándose al umbral del 20 % señalado por la Organización Mundial de la Salud como catastrófico.
Las demoras en el acceso a medicamentos y la reducción en el tiempo efectivo de tratamiento agravan el panorama.
El reporte de la Fundación Retorno Vital, recogido por Pacientes Colombia, indica que los usuarios deben esperar hasta 250 días para recibir sus medicamentos y que durante 2024 solo obtuvieron atención durante 4,7 meses del año.
A esta situación se agrega la disminución de servicios y las crecientes brechas territoriales en infraestructura sanitaria, que profundizan la inequidad y vulneran el derecho a la salud de millones de ciudadanos.
La sostenibilidad del sistema de salud en Colombia enfrenta riesgos crecientes ante decisiones de financiamiento que no cubren las necesidades reales del sector. La brecha entre los incrementos aprobados y los costos en aumento afecta directamente la atención, el acceso a tratamientos y la equidad, comprometiendo la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos, que en muchos casos requiere de una atención o procedimiento de urgencia.
Vocería de Pacientes Colombia
El reciente incremento del 9,03 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) generó inquietudes sobre el acceso efectivo al sistema de salud, especialmente para quienes dependen a diario de su funcionamiento.
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, en conversación con W Radio alertó: “Se va a incrementar la crisis humanitaria que hay dentro del sistema de salud. Más filas negando servicios a los pacientes, más muertos dentro del sistema de salud y más colapso dentro del sistema de salud”.
Durante la discusión sobre el reajuste, Silva destacó que la medida para el régimen subsidiado —un alza del 16,49 %— deriva de una orden judicial. “Nosotros celebramos esto porque eso fue una orden de la Corte Constitucional, pero también recordemos que buena parte de las EPS intervenidas son del régimen subsidiado”.
Sin embargo, advirtió que, según lo anunciado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, “De ese 16% va a destinar buena parte de esa UPC para los equipos extramurales. No va para la atención a la población”.
Al analizar la administración de recursos dentro del sistema, Silva describió graves contradicciones: “El Gobierno administra ocho EPS que concentran el 51 % de la población. Llevan más de dos años administrando las EPS. Entonces el problema, son las EPS, porque la misma directora del Dapre denunció que se estaban pagando coimas al interior, ejemplo de la Nueva EPS y otras EPS”.
A pesar de los señalamientos sobre corrupción, enfatizó: “Si EPS que se robe un peso de la salud debería estar, estar presa. Pero tendríamos que preguntarle al Gobierno. El Gobierno se está robando los recursos así mismo del sistema de salud porque administran el cincuenta y uno por ciento”.